"Intromisión judicial": fuerte denuncia del Congreso por $LIBRA
Fuerte cruce entre diputados y la Justicia por el caso $LIBRA. Ferraro apeló un fallo que impide usar la fuerza pública para citar funcionarios.
Legislativas13 de octubre de 2025
Juan Manuel Villarreal
La tensión institucional escaló otro peldaño. Este lunes, la comisión investigadora del caso $LIBRA presentó una apelación contra la resolución del Juzgado Federal N.º 8, que había rechazado el pedido para utilizar la fuerza pública en la citación de funcionarios que se niegan a declarar ante el Congreso.
La medida fue anunciada por el presidente de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro, quien advirtió que el fallo “lesiona gravemente las atribuciones del Poder Legislativo” y pone en jaque uno de sus roles centrales: el contralor político.
La comisión apuntó a “defender el rol del Congreso”
Desde el Parlamento argumentaron que la resolución del juez constituye “una intromisión en las funciones constitucionales del Congreso”, amparándose en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional. Este artículo le otorga a las cámaras legislativas la potestad de requerir información y citar funcionarios para ejercer control sobre los actos del Ejecutivo y de la administración pública.
“No se trata de una cuestión administrativa. Es una cuestión de división de poderes”, sostuvieron en un comunicado oficial. “Un juez no puede limitar una función esencial del Congreso, como lo es la de investigar con todas sus herramientas legales”.
El caso $LIBRA: criptomonedas, finanzas y sospechas
La causa $LIBRA se convirtió en uno de los temas más calientes del año legislativo. Se trata de una criptomoneda vinculada a movimientos financieros bajo investigación, cuya operatoria habría involucrado fondos públicos, inversiones de alto riesgo y presunta falta de controles.
La comisión bicameral intenta determinar si hubo irregularidades financieras y si existieron responsabilidades políticas y administrativas por parte de funcionarios de organismos estatales y entidades reguladoras.
Hasta el momento, varios citados a declarar ante el Congreso se negaron a asistir, lo que motivó el pedido —ahora rechazado— de utilizar la fuerza pública para garantizar sus comparecencias.
Los diputados acusan un “vaciamiento del control político”
“El Congreso no puede investigar con las manos atadas”, subrayaron desde la comisión. En su presentación judicial, insistieron en que impedir la posibilidad de exigir asistencia a través de la fuerza pública “vacía de contenido la facultad de contralor que el Congreso tiene por mandato constitucional”.
Desde el entorno de Ferraro advirtieron que permitir que un magistrado interfiera en la metodología de investigación legislativa sienta un precedente peligroso para el futuro institucional del país.
¿Crisis de poderes?: la pelea podría escalar
La decisión de apelar busca reabrir el debate sobre los límites entre el Poder Judicial y el Congreso, en un escenario donde cada rama del Estado defiende sus atribuciones con uñas y dientes.
En el oficialismo y la oposición anticipan que este fallo podría marcar un nuevo punto de fricción en la relación entre poderes, en momentos donde la transparencia, la institucionalidad y la división de funciones están bajo la lupa.
“Investigar no es un capricho. Es una obligación. Nadie puede escudarse en el silencio para evitar rendir cuentas”, remarcaron desde el Congreso.
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