Comisión $LIBRA: Karina Milei cada vez más cerca de declarar por la fuerza

La investigación parlamentaria por la criptoestafa $LIBRA suma un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal fijó para el 27 de octubre la audiencia previa a resolver sobre el pedido de la Comisión Investigadora de Diputados para que funcionarios del Gobierno que se negaron a comparecer sean citados por la fuerza pública.

La medida surge tras la apelación de la Comisión, encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), contra la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había rechazado por “improcedente” el pedido de los legisladores para citar de manera compulsiva al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, entre otros funcionarios.

La apelación que podría complicar a Karina Milei

El juez Martínez de Giorgi habilitó la apelación, abriendo la puerta a que la Sala I de la Cámara Federal defina si la justicia puede ordenar la comparecencia forzosa de funcionarios ante la comisión del Congreso. Entre los nombres en la mira figura el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien podría ser convocada de manera compulsiva si el tribunal revierte la decisión inicial.

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La investigación legislativa busca determinar la posible responsabilidad del presidente Javier Milei en la difusión de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado en su cuenta de Twitter el 14 de febrero. Tras aquel posteo, el precio de la moneda virtual se disparó y luego se desplomó, originando denuncias por presunta estafa tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Los diputados opositores sostienen que la hermana del Presidente era la única persona presente cuando se publicó ese mensaje, motivo por el cual quieren interrogarla. Además, la comisión pretende que comparezcan funcionarios que ya habían sido convocados sin éxito, como el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la funcionaria María Laura Zicavo y el propio Melik.

El fallo anterior y la disputa de poderes

Semanas atrás, Martínez de Giorgi había determinado que la medida solicitada por los diputados excedía las atribuciones del Congreso, al sostener que el Poder Judicial “no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar decisiones de una comisión legislativa”. Por esa razón, declaró improcedente la solicitud de comparendo por la fuerza pública, aunque luego concedió la apelación.

El debate ahora pasa a la Cámara Federal, que deberá escuchar las exposiciones de la Comisión y del fiscal Eduardo Taiano, quien también había considerado “improcedente” el pedido. Tras la audiencia del 27 de octubre, los jueces quedarán en condiciones de resolver si confirman o no el fallo.

La investigación alcanza además a funcionarios como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; y la exresponsable de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra, Florencia Zicavo.

La Comisión tiene tiempo hasta el 9 de noviembre para emitir su dictamen sobre la posible responsabilidad del Presidente en el caso. En caso de comprobarse su participación, la oposición podría impulsar un proceso de juicio político, que requiere dos tercios en el recinto, pero puede avanzar con mayoría simple en la comisión.

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El trasfondo político de una causa sensible

En el Congreso sospechan que la causa judicial, a cargo del fiscal Taiano, no avanzó desde marzo, y cuestionan la falta de acceso al expediente. Según trascendió, los diputados mantuvieron reuniones con el procurador Eduardo Casal, quien les indicó que la habilitación depende del juez.

La oposición también analiza extender los plazos para dictaminar y exigir un pronto despacho judicial, ante la posibilidad de que el informe que exculpa al Presidente, elaborado por la Unidad de Tareas Investigativas, nunca haya existido formalmente.

El próximo martes a las 15, la comisión volverá a reunirse para ordenar la documentación y definir su estrategia antes de la audiencia clave. Lo que decida la Cámara Federal el 27 de octubre será determinante para saber si los funcionarios —y especialmente Karina Milei— deberán presentarse finalmente ante los legisladores.