A seis meses del escándalo del fentanilo: cómo avanza la causa y qué falta para el juicio

Pasaron seis meses desde que estalló el escándalo del fentanilo, luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hiciera la primera denuncia penal de su historia. La investigación, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, sigue en plena etapa de instrucción y ya acumula 6.234 fojas distribuidas en 31 cuerpos, con 13 imputados y 124 presuntas víctimas fatales.

Entre los acusados figura Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, quien podría llegar al banquillo junto a otros doce empleados y colaboradores. Seis de ellos permanecen con prisión preventiva, mientras que siete están procesados sin detención.

La investigación se inició tras un correo enviado por el Hospital Italiano de La Plata, que advirtió a la ANMAT sobre un brote de neumonía en pacientes internados. Un análisis posterior reveló que las ampollas de fentanilo del laboratorio HLB contenían bacterias multirresistentes. A partir de ese hallazgo se desplegó una causa que expuso fallas graves en la producción, control y distribución del medicamento.

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La etapa judicial: apelaciones, nuevas víctimas y demoras

El juez Ernesto Kreplak tiene bajo su órbita una causa que no deja de crecer. Aunque las imputaciones principales ya fueron resueltas, los tiempos del proceso dependen ahora de las apelaciones que deben revisar los camaristas de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

La Defensoría de la Víctima cuestionó la falta de mérito dictada para dos de los imputados: Damián García, hermano del empresario principal y exdirector de HLB, y Antonio Tallarico, presidente de Laboratorio Ramallo S.A. “No estamos de acuerdo con que hayan quedado liberados de esta causa”, planteó la parte querellante en su presentación.

Mientras la Cámara revisa esas apelaciones, el juzgado recibió un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense, que confirmó que 38 de 40 muestras analizadas pertenecen a pacientes fallecidos cuya salud se agravó por las bacterias presentes en el fentanilo adulterado.

Ese dato podría derivar en nuevas imputaciones y nuevas indagatorias, ya que los acusados aún no fueron interrogados por esas muertes adicionales. Según fuentes judiciales, el objetivo es cerrar la etapa de instrucción antes de la feria judicial de invierno de 2026, aunque reconocen que los tiempos siguen siendo inciertos.

Funcionarios y hospitales bajo la lupa

Otro de los frentes de la investigación apunta a las posibles responsabilidades de funcionarios de la ANMAT, el organismo que debía fiscalizar la producción y el uso del fentanilo. Se analizan comunicaciones internas, teléfonos y registros para determinar si hubo omisiones o demoras en los controles.

“Probar que el fármaco se produjo sin cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación es sencillo; lo difícil es determinar qué deberían haber hecho los funcionarios”, explicaron fuentes del expediente. El juez busca establecer si los controles fueron suficientes o laxos, y si existió responsabilidad administrativa o penal por parte del organismo.

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También están bajo la lupa algunos centros de salud que habrían administrado ampollas contaminadas incluso después del 8 de mayo, cuando la ANMAT prohibió oficialmente su uso. La Justicia investiga si hubo retaceo de información hacia los familiares de pacientes y demoras en la entrega de historias clínicas, lo que habría entorpecido la instrucción.

A esto se suma un cuarto eje: la investigación patrimonial de los imputados, con el objetivo de determinar cómo se financiaron los laboratorios cuestionados. Si bien no se presume lavado de activos, los investigadores buscan rastrear los fondos iniciales que permitieron su funcionamiento.

Qué viene

Con apelaciones pendientes, nuevas pruebas forenses y líneas de investigación abiertas, la causa por el fentanilo contaminado sigue lejos de cerrarse. Recién cuando la Cámara confirme los procesamientos y el juez complete las nuevas indagatorias, el expediente podría elevarse a juicio oral.

Hasta entonces, las más de 120 muertes atribuidas al fentanilo adulterado siguen esperando una respuesta judicial definitiva.