Comisión $LIBRA: Milei acusado de favorecer intereses privados

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados presentó su informe final el 18 de noviembre de 2025, luego de casi tres meses de trabajo. El expediente de la comisión consta de diez cuerpos, con actas, documentos remitidos por exchanges, dictámenes periciales y testimonios de especialistas.

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Según su titular, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), el informe no solo describe irregularidades, sino que envía todas las actuaciones a la justicia y propone que se evalúe un posible juicio político contra el presidente Javier Milei.

Acusaciones de mal desempeño y uso de investidura

La comisión concluye que existieron elementos suficientes para afirmar que podría haberse violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, al haberse promovido la criptomoneda desde la figura presidencial para un negocio privado.

En su dictamen, los legisladores sostienen que Milei avanzó con un proyecto digital sin consultar instancias técnicas del Estado, y que su actuación fue incompatible con sus deberes públicos.

Hallazgos financieros y blockchain

Un informe técnico elaborado por el especialista en blockchain Fernando Molina, al que accedió la Comisión, revela datos clave:

• Operaron más de 140.000 billeteras virtuales con el token $LIBRA.
• 114.410 wallets (alrededor del 80 %) registraron pérdidas, según los cálculos de Molina.
• Solo 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores a USD 1 millón.

Estos datos refuerzan, para la comisión, la hipótesis de una distribución desigual de beneficios y una posible concentración de ganancias en un grupo muy reducido vinculado al proyecto.

Vínculos previos y posibles acuerdos

La comisión también apunta a relaciones anteriores entre Milei y empresarios del mundo cripto: según los legisladores, existieron actividades similares antes del escándalo de $LIBRA, con figuras como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En los documentos analizados, la comisión detectó transferencias criptográficas que coincidirían en montos y fechas con un “acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Milei”.

Por ejemplo, parte de esos fondos habría sido distribuida entre diversas billeteras en plataformas como Binance, Bybit, OKX y Bitget.

Denuncias penales y falta de cooperación institucional

El informe propone denunciar penalmente a varios funcionarios: entre ellos, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; a la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; al presidente de la CNV, Roberto Silva; y al titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc, por posible “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Además, la comisión lamenta que no recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal. Según el informe, sus pedidos de auxilio judicial para avanzar con la investigación no tuvieron respuesta favorable.

Impedimentos durante la investigación

Los legisladores denunciaron obstáculos sistemáticos: no pudieron interpelar a funcionarios clave porque no concurrieron a declarar.

De hecho, resolvieron presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, tras la negativa de los tribunales para permitir el uso de la fuerza pública para convocar a ciertos citados.

Impacto a los inversores

Desde el punto de vista social y económico, la comisión advierte que la operación con $LIBRA podría haber generado una estafa masiva: la mayoría de los usuarios perdieron dinero, mientras un puñado muy reducido obtuvo beneficios millonarios.

Según datos del intercambio Ripio, al menos 1.329 argentinos compraron la cripto tras el tuit de Milei y sufrieron pérdidas, según la respuesta formal enviada a los diputados. Este desequilibrio –dice el informe– no es casualidad, sino parte de un patrón que podría estar vinculado a un uso intencional de la figura presidencial para legitimar el token.

Próximo paso y relevancia política

Con su informe final, la comisión no solo eleva su reclamo al Congreso: exige que se evalúe si hubo mal desempeño presidencial, lo que abriría la puerta a un juicio político.

Al mismo tiempo, la denuncia penal contra varios funcionarios podría derivar en acciones judiciales. Y la falta de cooperación del Poder Judicial y el Ministerio Público –según la comisión– agrava el conflicto institucional.

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Para muchos legisladores opositores, el escándalo $LIBRA puede marcar un antes y un después para cuestionar no solo la ética de Milei, sino su manera de ejercer el poder, usando su cargo para potenciar negocios privados.