Ordenan restablecer pensiones y crece la trama de coimas en ANDIS

El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sin acto administrativo previo, una medida que tendrá impacto en todo el país. La decisión llega en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y organizaciones de familias con personas con discapacidad, mientras avanza en paralelo una causa por presuntas coimas millonarias dentro del organismo.

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El fallo se originó por un amparo colectivo presentado por asociaciones, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo de Catamarca. La demanda cuestionó las auditorías médicas impulsadas desde julio por el edicto 19.437/25 y denunció que miles de personas se enteraron de la baja de su beneficio recién al no encontrar el depósito o recibir comunicaciones “defectuosas”, con lenguaje técnico y sin permitir un ejercicio adecuado del derecho de defensa.

En su resolución, el juez Guillermo Díaz Martínez remarcó que las pensiones no contributivas “forman parte de la propiedad de sus titulares” y solo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular. Subrayó que, al afectar directamente la salud y la subsistencia de personas con discapacidad, el Estado está obligado a motivar de manera suficiente cada decisión.

“El cese sin acto administrativo previo constituye un comportamiento material ilícito y lesivo de derechos fundamentales, cuya invalidación es urgente”, afirmó el magistrado.

La causa penal: coimas, audios y empresarios detenidos

Mientras el amparo avanza, otro expediente se mueve a velocidad distinta. Se trata de la investigación penal que involucra a la ANDIS, a cargo del fiscal Franco Piccardi, y que ya tiene a dos empresarios detenidos: uno se negó a declarar en Mendoza y otro tenía 700.000 dólares en efectivo escondidos en la casa de su hija.

El caso alcanza a 15 imputados, entre ellos el exdirector del organismo Diego Spagnuolo. Entre las pruebas recolectadas hay audios donde se habla de “meter gente para chorear”, y una estimación de 48.000 millones de pesos desviados a través de un entramado de coimas y retornos.

Organizaciones del sector señalan que la investigación penal avanza más rápido que las medidas administrativas que afectan a miles de familias. “Son dos carriles con velocidades opuestas”, describen.

El amparo de Campana y la pelea del Gobierno para frenarlo

El segundo foco de tensión es el amparo colectivo presentado en Campana por familias con hijos con discapacidad, luego de que el Presidente firmara un decreto que suspendió la Ley de Emergencia pese a que el Congreso había rechazado su veto.

Más de veinte organizaciones se sumaron a la presentación. El juez federal de Campana les dio la razón y rechazó todas las objeciones del Ejecutivo. Pero entonces ocurrió un giro inesperado: el Procurador del Tesoro recusó al magistrado, asegurando que había “prejuzgado” por afirmar que el decreto efectivamente suspendió la ley.

“El decreto literalmente dice eso”, respondieron desde el colectivo.

El juez contestó punto por punto, calificó de “falsas” las objeciones del Gobierno y recordó que actuó según la doctrina de la Corte Suprema para amparos colectivos. Aunque recomendó rechazar la recusación, debió apartarse del caso. Ahora la Cámara debe designar un nuevo juez, lo que detiene el expediente.

“Esto demora todo. Es exactamente lo que busca el Gobierno”, afirmaron las familias.

La pregunta que atraviesa el conflicto

Organizaciones y familias dejaron planteado un interrogante: ¿Por qué el Gobierno invierte tanta energía en frenar un amparo mientras la Justicia acumula pruebas de desvíos millonarios dentro de la ANDIS?

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Sostienen que el avance penal sigue produciendo evidencia —empresarios presos, montos millonarios, audios reveladores— mientras el amparo queda atrapado en una disputa procesal que podría extenderse semanas o meses. La Cámara deberá ahora nombrar un nuevo juez, un paso que estira los plazos en un contexto donde miles de familias dependen de las pensiones para sostener tratamientos y cuidados esenciales.