Reforma laboral: los datos oficiales que desarman el mito de la “industria del juicio”

En medio del avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, un argumento se volvió central para justificar los cambios: la supuesta “industria del juicio laboral”. La idea se instaló en el discurso oficial como uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Sin embargo, un repaso por las estadísticas oficiales muestra un escenario completamente distinto.

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Los datos de los organismos judiciales, laborales y estadísticos revelan que la litigiosidad es baja, estable y no proporcional al tamaño de la fuerza laboral. La evidencia disponible contradice de manera directa la premisa de que las empresas están asfixiadas por demandas masivas.

Qué muestran realmente los números

La tasa de informalidad laboral trepó al 43,2%, lo que representa a nueve millones de trabajadores sin protección legal ni cobertura previsional. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el nivel llega al 63%, una brecha de 21 puntos respecto del promedio.

En ese universo de informalidad, las demandas judiciales representan una proporción mínima. En 2024 se iniciaron 125.842 juicios laborales, un 7% más que en 2023. Para 2025 se proyectan unos 132.000 casos, lo que equivale a apenas 1,4% de los trabajadores en condiciones de iniciar un reclamo formal. Las cifras están muy lejos de cualquier fenómeno masivo.

Sentencias, expedientes y tendencias

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal aportó otra pieza clave del rompecabezas: entre 2014 y 2023, la Justicia Nacional del Trabajo dictó solo 257.000 sentencias definitivas, un promedio de 25.700 por año.

Si se compara con la población ocupada formalizada del AMBA, las sentencias representan apenas 0,5% de la fuerza laboral. Los números tampoco muestran variaciones abruptas: en marzo de 2024 se dictaron 3.542 sentencias, apenas por encima de las 3.381 del año previo.

Los expedientes listos para sentencia suman 17.083 casos, equivalentes a 0,12% de la masa laboral del país. La tendencia es estable y distante de cualquier escenario de colapso.

De dónde vienen realmente los juicios

Una porción significativa de la litigiosidad proviene de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y esa vía judicial se dirige, en su enorme mayoría, contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entidades creadas para cubrir precisamente los costos de esos siniestros.

En 2023 se iniciaron 117.770 juicios por accidentes de trabajo, alrededor del 1% de los trabajadores asegurados. Un número que coincide con los promedios históricos desde los años ’90.

La demanda directa a empleadores aparece solo en casos puntuales: falta de registración, incumplimientos graves o ausencia de cobertura.

Conflictos que se resuelven sin llegar a juicio

La mayor parte de los conflictos laborales se resuelve fuera de los tribunales mediante:

• negociaciones individuales
• acuerdos administrativos
• conciliación obligatoria
• arreglos espontáneos

Los juicios son, por definición, reclamos donde los derechos están comprometidos y no hubo acuerdo previo.

Medidas de la reforma y un diagnóstico en disputa

Entre los puntos que impulsa el Gobierno aparecen:

• topes del 20% a honorarios legales
• límites a tasas de interés en sentencias
• creación de un fondo de cese laboral con aportes del trabajador
• mecanismos para restringir la discrecionalidad judicial

Todas estas iniciativas se basan en la premisa de que existe un volumen desbordado de demandas laborales que amenaza la sustentabilidad de las empresas. Pero los datos muestran otra cosa: la litigiosidad es baja, estable y concentrada en casos graves, sin indicios de un fenómeno estructural que habilite cambios drásticos en la legislación.

Un mito instalado en el centro del debate

Los informes judiciales, las estadísticas laborales y los relevamientos profesionales coinciden en una conclusión clara: no hay evidencia de una industria del juicio laboral. El nivel de litigiosidad actual es acotado y está lejos de cualquier idea de “explosión”.

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En un escenario donde cuatro de cada diez trabajadores están fuera de la formalidad y donde los juicios por accidentes se canalizan principalmente hacia las ART, los datos ponen en cuestión el diagnóstico oficial que sustenta la reforma laboral.