La causa por fotomultas suma un nuevo capítulo judicial en la antesala de la indagatoria a D’Onofrio

Un nuevo movimiento judicial vuelve a poner el foco en el funcionamiento del sistema de fotomultas durante la gestión de Jorge D’Onofrio al frente del Ministerio de Transporte bonaerense, a horas de que comiencen las indagatorias en el marco de la investigación por presuntas irregularidades también en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Una denuncia presentada ante el Juzgado de Garantías de La Plata, a cargo del juez Pablo Masi, por un empresario proveedor del sistema de control vial podría derivar en la revisión —e incluso la nulidad— de miles de infracciones labradas en territorio bonaerense.

El reclamo del empresario y la figura de “particular damnificado”

El empresario vial Matías Trejo, titular de la marca y tecnología Smart Vial, solicitó formalmente ser tenido en cuenta como “particular damnificado” dentro del expediente. Trejo fue quien, al inicio de la investigación, denunció el presunto uso ilegal de equipos y de su marca por parte de la empresa TN Group en distintos municipios bonaerenses.

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Según consta en la presentación judicial, TN Group habría continuado operando los sistemas de control vial y fotomultas aun después de finalizado el vínculo comercial que la habilitaba a utilizar la tecnología de Smart Vial. Esa operatoria, sostiene Trejo, se habría dado con una “supuesta connivencia” de funcionarios del Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio.

De confirmarse esta situación, las consecuencias serían significativas: miles de actas de infracción labradas durante ese período podrían quedar bajo revisión administrativa o judicial, e incluso sin efecto, con el consiguiente impacto económico y legal para los municipios donde el servicio continuó operativo.

Convenios vencidos y dispositivos bajo sospecha

De acuerdo a lo expuesto por Trejo, entre 2020 y 2021 Smart Vial S.A.S. firmó un convenio con TN Group para el uso de su tecnología aplicada al control semafórico y de tránsito. Ese acuerdo, siempre según la denuncia, finalizó a comienzos de 2022 y no fue renovado.

Sin embargo, el empresario sostiene que los dispositivos siguieron funcionando en distintos municipios como si el contrato continuara vigente. Esta situación pondría en duda tanto la legalidad de los equipos utilizados como la validez de las fotomultas labradas en ese lapso.

La denuncia no se limita a un conflicto entre privados. También apunta al rol del Ministerio de Transporte bonaerense durante la administración de D’Onofrio, particularmente en los mecanismos de habilitación, control y fiscalización del sistema de fotomultas en su conjunto.

El foco sobre el Ministerio de Transporte y el contexto judicial

En su presentación, Matías Trejo también cuestiona a áreas administrativas del Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio, en especial a las encargadas de la renovación del Registro de Proveedores. Según el escrito, no se habría realizado “una verificación exhaustiva” de la titularidad real de los equipos operativos.

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Esa falta de controles, siempre de acuerdo a la denuncia, habría permitido que los dispositivos continuaran funcionando pese a no contar con una habilitación clara. En contraposición, y según versiones no confirmadas oficialmente, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte habrían intimado recientemente a los municipios a cesar el uso de la marca Smart Vial, lo que reactivó el conflicto y le dio mayor visibilidad pública al caso.

El planteo de Trejo irrumpe en un momento clave: este lunes 15 de diciembre están previstas las indagatorias en la causa por presuntas irregularidades en la VTV, uno de los expedientes más sensibles que enfrenta el exministro Jorge D’Onofrio, imputado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En ese contexto, la nueva denuncia vuelve a tensionar un sistema ya cuestionado por su opacidad y expone, una vez más, las presuntas conexiones entre proveedores privados, funcionarios del Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio y municipios que contrataron y avalaron estos mecanismos de control y recaudación vial.