Milei benefició a Caputo y cerró la querella por el FMI
Por DNU el Gobierno Nacional dejó de impulsar la causa por el crédito del FMI tras el archivo judicial. Fuerte alivio para Luis Caputo y Mauricio Macri.
Política06 de febrero de 2026
Juan Manuel Villarreal
En una semana política clave, marcada por el tratamiento de las reformas en sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei firmó un decreto que retira al Estado nacional como querellante en la causa judicial que investigaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, que también involucra al actual ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión fue oficializada a través del Decreto N.º 87/2026, rubricado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y ordena a la Procuración del Tesoro de la Nación desistir de su intervención en la causa penal.
El decreto y el archivo previo de la causa
La medida del Poder Ejecutivo se conoció apenas tres días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo del expediente, al considerar que los hechos denunciados no configuraban delitos penales sino diferencias con decisiones de política económica.
El fallo judicial fue apelado por el fiscal Franco Picardi, pero aun así el Gobierno avanzó con la decisión administrativa de retirar al Estado de la querella, dejando formalmente fuera de la investigación a la Procuración del Tesoro.
El decreto establece de manera explícita: “Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N.º 3561/2019”.
Qué se investigaba en la causa por el crédito del FMI
La investigación apuntaba a determinar el destino de más de 41.000 millones de dólares otorgados por el FMI a la Argentina entre 2018 y 2019, durante la gestión de Cambiemos. La denuncia sostenía que parte de esos fondos habrían sido utilizados para intervenir en el mercado cambiario, en medio de fuertes corridas contra el peso, en violación de los compromisos asumidos con el organismo internacional.
Según la acusación original, los recursos debían destinarse principalmente al apoyo presupuestario, y solo de manera excepcional podían ser utilizados para la venta de divisas, algo que —según los denunciantes— no habría sido debidamente informado ni controlado.
Los argumentos del Gobierno para desistir de la querella
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión señalando que la Procuración del Tesoro actuó de manera excepcional al intervenir como querellante en una causa penal, y remarcaron que la acción penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal.
El decreto también aclara que el retiro de la querella no implica una renuncia del Estado a eventuales reclamos civiles, que podrían continuar por otras vías procesales, aunque en los hechos la medida representa un alivio significativo para figuras centrales del esquema económico de 2018, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
Cómo se inició la denuncia durante el gobierno anterior
La causa fue impulsada en marzo de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando la Procuración del Tesoro se constituyó como querellante y denunció presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales y defraudación al Estado.
En ese marco, los abogados del Estado citaron informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que habían advertido que una parte sustancial de los desembolsos del FMI entre junio y agosto de 2018 se destinó a la venta de dólares en el mercado, sin la trazabilidad ni los reportes exigidos por el acuerdo con el organismo internacional.
Contexto político y agenda presidencial
La decisión de Milei se da mientras el Gobierno busca avanzar con su paquete de reformas estructurales, incluida la reforma laboral, y en la antesala de un viaje del Presidente a Estados Unidos, previsto para el martes 10, donde mantendrá un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
El retiro del Estado de la causa por el FMI reconfigura el escenario judicial y político de uno de los capítulos más sensibles del endeudamiento argentino reciente, en un contexto de fuertes definiciones económicas y tensiones institucionales.
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