La Justicia nacional seguirá a cargo de la causa por presunta administración fraudulenta en la AFA

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la denuncia por presunta administración fraudulenta en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúe en la justicia penal nacional y no sea enviada al fuero federal de Lomas de Zamora, donde tramita una causa por posible lavado de activos vinculada a operaciones financieras del sector.

El fallo, firmado por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, revocó una decisión previa de la jueza de instrucción Paula Petazzi, quien había considerado que los hechos debían investigarse junto con el expediente federal a cargo del juez Luis Armella.

La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por el manejo de fondos generados por contratos internacionales vinculados a la Selección argentina.

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La competencia del fuero nacional

En su resolución, la Cámara sostuvo que la remisión del expediente al fuero federal resultó “precipitada y prematura” y remarcó que el presunto fraude constituye un delito común, cuya investigación corresponde a la justicia ordinaria.

El camarista señaló que la competencia no cambia por el volumen económico involucrado ni por la relevancia institucional de la entidad. Según el fallo, los hechos denunciados tienen como eje una posible afectación patrimonial y deben analizarse en el ámbito natural del delito.

También destacó que la sede legal de la AFA se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la jurisdicción del fuero nacional.

Rodríguez Varela aclaró que, si bien puede haber vínculos entre la presunta administración fraudulenta y la investigación por lavado de dinero en Lomas de Zamora, se trata de delitos distintos, que protegen bienes jurídicos diferentes y no justifican la unificación automática de las causas.

El foco en los contratos y el manejo de fondos

La presentación de Tofoni sostiene que directivos de la AFA habrían instrumentado un esquema que permitió el desvío de alrededor de 300 millones de dólares mediante contratos para la organización de partidos amistosos y acuerdos comerciales en el exterior.

Según la denuncia, los fondos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su pareja a Erica Gillette, que actuaba como agente comercial internacional de la entidad.

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El expediente señala que parte del dinero habría sido transferido posteriormente a sociedades sin actividad económica real, lo que motivó las sospechas sobre el circuito financiero.

En paralelo, la justicia federal de Lomas de Zamora mantiene abierta una investigación por presunto lavado de activos, en la que se ordenaron allanamientos y requerimientos de información bancaria sobre las empresas involucradas y su operatoria.

El fallo de la Cámara indicó que el avance de ambos procesos permitirá profundizar el conocimiento de los hechos y definir con mayor precisión el encuadre penal correspondiente, sin descartar que pueda existir prueba en común entre las investigaciones.