“Sumamente sospechoso”: denuncian a Monteoliva por el operativo ante las molotov en el Congreso

Un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por el operativo desplegado el miércoles 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso durante la movilización contra la reforma laboral. La presentación apunta a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y alcanza también a los responsables del dispositivo de seguridad.

El escrito fue presentado por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero y solicita que se investigue el accionar del Ministerio de Seguridad, que coordinó un operativo con participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad.

Un grupo reducido y sin detenciones

El eje de la denuncia se centra en un grupo de siete personas que, según el texto judicial, alrededor de las 15:30 comenzó a arrojar piedras y a preparar y lanzar bombas molotov contra los vallados.

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El abogado describió que los involucrados actuaban de manera coordinada, con mochilas, capuchas y cascos, y que se refugiaban detrás de maderas mientras uno de ellos utilizaba una bandera como escudo. Además, sostuvo que el resto de los manifestantes se replegó, por lo que el grupo quedó “aislado y a la vista de todos”.

“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato”, señaló el denunciante. También afirmó que los camiones hidrantes no apuntaron directamente al lugar donde se encontraban y que los gases lacrimógenos fueron arrojados a distancia.

El planteo agrega que, cuando las fuerzas avanzaron para despejar la zona, se produjeron detenciones de otras personas, pero no de quienes protagonizaban los incidentes. Según el escrito, hasta el momento no habrían sido identificados ni detenidos en su totalidad.

Detenciones masivas y cuestionamientos

El operativo dejó cerca de un centenar de demorados y alrededor de 30 arrestos. Sin embargo, la mayoría de los detenidos fue liberada por falta de imputaciones concretas. Algunos procedimientos se realizaron incluso a más de diez cuadras del Congreso.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), su fundadora María del Carmen Verdú sostuvo que en este tipo de operativos suele aplicarse la orden de “detenciones a discreción”, lo que —según explicó— implica que la cantidad de arrestos responde a decisiones políticas.

Un antecedente citado por la organización indica que, de más de 300 detenciones realizadas en manifestaciones entre 2024 y 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, menos de seis llegaron a juicio oral.

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Infiltrados y versiones contrapuestas

En paralelo, sectores políticos y gremiales plantearon distintas hipótesis sobre el accionar del grupo que protagonizó los incidentes. Organizaciones de izquierda sostienen que se trató de infiltrados y argumentan que “nadie prepara bombas delante de todos”.

Otros dirigentes no descartan que se tratara de militantes, pero cuestionan que las fuerzas de seguridad no hayan intervenido durante varios minutos. Según esa mirada, el accionar habría servido como argumento para avanzar luego sobre el conjunto de los manifestantes.

La polémica se profundizó luego de que la ministra difundiera un video en el que señaló con nombre y apellido a cuatro personas —Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Denis Alejandro Figueredo y Patricio Hernán Castellán— a quienes acusó de haber “querido desestabilizar al país”.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra los acusados por delitos como atentado al orden constitucional, resistencia a la autoridad, lesiones y daños, con el argumento de que los disturbios buscaron “generar un escenario de terror”.

Sin embargo, en el capítulo de pruebas del expediente oficial se indicó que los elementos de convicción “se encuentran en proceso de análisis”.

Las pruebas que pidió la Justicia

La denuncia contra la ministra solicita que se libren oficios a canales de televisión para obtener el material registrado durante los incidentes. También requiere que el Ministerio informe los nombres y jerarquías de los responsables del operativo.

Entre las medidas solicitadas figura además el secuestro de las grabaciones de las cámaras utilizadas por las fuerzas federales y del centro de monitoreo unificado.