Derechos, seguridad y registros: cómo podría cambiar la realidad de 80 mil trabajadores de plataformas

En la apertura de sesiones ordinarias ante la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof anunció un ambicioso proyecto de ley destinado a regular y proteger a los trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca cubrir un vacío legal que, a nivel nacional, deja a estos trabajadores fuera del marco general de derechos laborales.

“El proyecto va en sentido contrario a la exclusión del marco general de derechos que se observa a nivel nacional”, remarcó el mandatario, subrayando que la propuesta está alineada con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y experiencias internacionales donde ya se avanzó en la formalización del empleo en plataformas.

Con este proyecto, el Ejecutivo provincial apunta a un universo de 80 mil trabajadores de apps, incluyendo repartidores, choferes de transporte de pasajeros, trabajadores freelance y personas que realizan microtareas o servicios personales coordinados digitalmente.

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Un marco integral de derechos y seguridad

El proyecto contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el objetivo de dar transparencia a la actividad y establecer reglas claras tanto para empresas como para trabajadores. Entre las medidas destacadas se incluyen:

• Registro obligatorio para plataformas y trabajadores.

• Seguros contra accidentes personales, que cubran muerte accidental, invalidez y asistencia médica de emergencia.

• Transparencia algorítmica, con acceso a información sobre cómo se asignan tareas, calculan ingresos y se gestionan viajes o pedidos.

• Aplicación de emergencia, con botón de pánico, aviso rápido de seguridad y alerta de salud ante accidentes en la vía pública.

• Paradores públicos y gratuitos, donde los trabajadores puedan descansar, asearse y resguardar herramientas y pertenencias.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, explicó que la iniciativa se inspira en recomendaciones de la OIT y que “mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos inclusión, reconocimiento y reglas claras”. Además, destacó la importancia de transparentar el registro de las plataformas, con participación del Estado para verificar algoritmos y proteger a los trabajadores.

Diferencias con la reforma nacional de Milei

La sanción de la reforma laboral del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei consolidó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, eliminando la relación de dependencia y priorizando la autonomía de los trabajadores.

Sin embargo, esta normativa fue duramente cuestionada por sindicatos de base como SiTraRePa, que califican la ley nacional como un “ataque brutal a todos los laburantes” y advierten que la reforma “nos deja sin la posibilidad de conquistar derechos”, según Belén D’Ambrosio, secretaria general de la organización.

En contraposición, el proyecto bonaerense busca dotar de derechos plenos a los trabajadores, incluyendo inspecciones en las llamadas “tiendas invisibles”, seguros obligatorios, acceso a herramientas de protección y espacios dignos para descanso e higiene.

Correa remarcó que la iniciativa cuenta con la coordinación de los ministerios de Seguridad, Salud y Transporte y que su tratamiento legislativo permitirá descomprimir los 100.000 juicios laborales activos en la provincia, al incorporar la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP).

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Entre las medidas concretas, la ley prevé que las plataformas garanticen:

• Cobertura mínima de salud y seguridad.

• Asistencia inmediata ante accidentes.

• Derechos digitales sobre los algoritmos y la portabilidad de datos.

• Acceso a paradores y sanitarios dignos.

• Capacitación obligatoria sobre seguridad vial y uso de aplicaciones.

Con este proyecto, la Provincia de Buenos Aires se posiciona como un territorio pionero en América Latina en formalizar y proteger el empleo digital, contrastando con la normativa nacional que prioriza la flexibilidad sobre la protección social.