Mariana Portilla
“A mi hijo lo mató la corrupción de San Miguel”. La frase, cargada de dolor, pertenece a Noelia Ortega y vuelve a poner en primer plano una causa que suma acusaciones de fuerte contenido político. En mayo de 2025, su hijo Joaquín, de 19 años, murió electrocutado junto a Roberto Mora, de 36 , mientras realizaban tareas para una empresa contratada por el municipio.
Con el correr de los meses, el reclamo de la familia fue virando hacia un señalamiento más amplio. Sostienen que detrás del hecho existió una cadena de responsabilidades que excede a los imputados directos y apuntan al intendente Jaime Méndez y a su jefe político, el senador Joaquín de la Torre, como parte de un entramado que, según denuncian, permitió que se trabajara en condiciones irregulares.
El caso tomó mayor visibilidad tras un informe del programa GPS, donde la madre del joven fallecido indicó que GEA Group —contratada por el municipio por millones— habría trabajado con empleados sin registrar, sin capacitación y sin elementos básicos de seguridad. Según su relato, los operarios cobraban entre $15 mil y $20 mil por día.
La familia también plantea que existiría una conexión directa entre los responsables de la firma y sectores del oficialismo local. En ese sentido, señalan a Aníbal Sidán, quien habría tenido un rol clave en la captación de trabajadores, y a Agustín Brondo, titular formal de la empresa.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la posible irregularidad en la contratación. Según el abogado querellante, Edgardo López, GEA Group podría tratarse de una estructura sin respaldo real, creada para obtener contratos públicos.
Además, advirtió que los trabajadores realizaban tareas en zonas no contempladas en la licitación. “¿A qué político le fueron a hacer un favor? No lo sabemos, pero eso les costó la vida”, deslizó.
En paralelo, trascendió que en el área donde ocurrió la tragedia residiría un concejal oficialista que habría solicitado el trabajo.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Mora se encontraba en la cesta de un elevador hidráulico manipulando pintura diluida con nafta, cuando se produjo el contacto con un cable de media tensión. La descarga fue fatal. Ortega, que estaba en tierra, murió a causa del arco eléctrico generado por la explosión.
La denuncia sostiene que ninguno de los trabajadores contaba con casco, guantes, ropa ignífuga ni protección adecuada. Tampoco habría existido control técnico sobre el vehículo utilizado.
Actualmente, el expediente está caratulado como “homicidio culposo agravado”, con Brondo y Sidán imputados. Sin embargo, la querella busca que se recaratule como “homicidio con dolo eventual”, lo que implicaría penas significativamente más altas. La causa tramita en el Juzgado de Garantías N°4 de San Martín, mientras que en paralelo se investigan posibles irregularidades en la licitación.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la desaparición del teléfono de Joaquín el día del hecho. Según la denuncia, habría sido retirado del lugar por un allegado a Sidán, lo que abre interrogantes sobre posibles pruebas comprometedoras.
A esto se suman cuestionamientos sobre la falta de documentación: seguros, habilitaciones y controles que, según la familia, nunca fueron presentados en el expediente.
Frente a estas irregularidades, la madre de la víctima también apuntó contra el intendente. Aseguró que Méndez la visitó tras la tragedia y que intentó despegarse del caso. “Me dijo que no conocía a Sidán, pero yo tenía pruebas de que sí”, sostuvo.
Además, denunció presiones para que dejara de exponer el caso públicamente. Para la familia, la responsabilidad no se agota en los imputados directos. “Acá hay responsables que permitieron que esto pase. No puede quedar así”, remarcaron.
En ese marco, familiares y allegados convocaron a una movilización frente al municipio para exigir avances en la causa y que se determinen todas las responsabilidades. “El objetivo es que no haya otro Joaquín”, repiten.
