FATE llega a otra audiencia sin margen de acuerdo y con Correa empujando la reapertura

El conflicto por el cierre de la planta de FATE en Virreyes suma un nuevo capítulo sin señales de distensión. A casi tres meses del cese de operaciones que dejó a más de 900 trabajadores en la calle, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, convocó a una nueva audiencia de conciliación este viernes, que se realizará de forma virtual.

El objetivo formal es acercar posiciones, aunque el escenario sigue trabado: la empresa ratifica su decisión de no reabrir y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) redobla la presión por la continuidad productiva.

Las instancias previas, tanto en la órbita bonaerense como en la Secretaría de Trabajo de la Nación, terminaron sin avances. De un lado, la compañía de Javier Madanes Quintanilla sostiene que la mayoría del personal ya aceptó retiros voluntarios y que la planta no volverá a operar. 

Del otro, el gremio encabezado por Alejandro Crespo rechaza ese planteo, denuncia incumplimientos y exige que se respete la estabilidad laboral vigente hasta mediados de 2026.

Gremio, Justicia y Legislatura: la disputa se amplía

El eje del conflicto dejó de ser exclusivamente laboral para convertirse en una pulseada política y judicial. Crespo fue categórico al desmentir la versión empresaria sobre la falta de personal: “Hay más de 700 trabajadores listos para volver”, afirmó, apoyado en el fallo de la Cámara 2 de Apelaciones que ratificó la vigencia del acuerdo firmado en 2025, donde FATE se comprometía a no despedir empleados hasta el 30 de junio de 2026.

Según el dirigente, ese entendimiento fue parte de un esquema de beneficios impositivos y aportes que ahora la empresa habría incumplido.

“Esto es una decisión política”, insistió, al tiempo que calificó el cierre como un “lockout patronal” y denunció “extorsión económica” y “violencia laboral”. En paralelo, la Justicia avanzó con embargos contra la firma para cubrir salarios impagos desde febrero, en un expediente que ya acumula cifras millonarias.

El conflicto también escaló a la Legislatura bonaerense, donde ingresó un proyecto de “ocupación temporal” que habilitaría al gobierno de Axel Kicillof a hacerse cargo de la planta de manera transitoria. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad productiva mientras se exige a la empresa un plan concreto de funcionamiento.

En sintonía, diputados nacionales del peronismo alineados con la Provincia impulsaron en el Congreso una ley de emergencia para el sector del neumático, con medidas de protección frente a importaciones y herramientas para sostener la industria local.

En San Fernando, el impacto ya es palpable: la caída de casi mil empleos directos golpea a la economía regional y reaviva el debate sobre el modelo productivo. Para el SUTNA, la pérdida de FATE implicaría dejar al país dependiente de importaciones en un rubro estratégico, ya que se trata de la única firma con capacidad para producir neumáticos de transporte pesado.

Correa y el trasfondo político: “Hay que defender la industria nacional”

En este contexto, Walter Correa salió a marcar posición y vinculó el conflicto con el rumbo económico nacional. En una entrevista reciente, el ministro bonaerense fue crítico de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al considerarla “un retroceso de 80 años” que reinstala condiciones de precariedad. “Se vuelve al trabajo a destajo, sin horarios ni ingresos definidos”, advirtió.

Apuestas, elecciones y poder: lo que se juega detrás de las comisiones en Diputados

Consultado específicamente por la disputa en FATE, Correa planteó una línea que busca sintetizar la postura del gobierno provincial: “Entre Fate y Milei o Rocca y Milei tenemos que estar del lado de la producción”. En esa lógica, evitó confrontar con el empresariado industrial pero remarcó la necesidad de sostener la actividad en el país. “Yo quiero empresarios que produzcan en Argentina con trabajadores argentinos”, afirmó.

El funcionario también defendió la política laboral bonaerense frente al ajuste nacional: “En la provincia de Buenos Aires no se echó a ningún trabajador”, subrayó, en contraste con lo que definió como una política de despidos promovida desde la Casa Rosada. Además, vinculó la crisis de FATE con un proceso más amplio de desindustrialización: “Nos quieren llevar otra vez a una Argentina exportadora de recursos naturales”.

Mientras tanto, el SUTNA mantiene el estado de alerta y no descarta nuevas medidas de fuerza con apoyo de otros gremios y organizaciones sociales. Crespo, además, reiteró el pedido de una audiencia directa con Kicillof y advirtió que la intervención estatal “es vital para evitar una catástrofe social”.