Fate escala al Congreso: Kicillof mueve fichas y presiona por una salida industrial

El conflicto por el cierre de la planta de Fate en Virreyes escaló definitivamente al Congreso, con una ofensiva coordinada de diputados nacionales del peronismo bonaerense alineados con Axel Kicillof que busca forzar una salida política e industrial a una crisis que ya dejó 920 trabajadores afectados y una trama judicial abierta por incumplimientos salariales.

La jugada en el Congreso y el respaldo provincial

Tras semanas de presión sindical y con el Gobierno bonaerense descartando avanzar con una expropiación en la Legislatura, la estrategia se trasladó al plano nacional. Hugo Yasky, Hugo Moyano, Juan Marino, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva presentaron dos proyectos de ley que apuntan a una “respuesta integral” frente al cierre de la empresa y el deterioro del sector.

Las iniciativas fueron trabajadas con equipos técnicos de los ministerios de Producción y Trabajo de la Provincia, bajo la órbita de Augusto Costa y Walter Correa, lo que evidencia una articulación directa con la administración de Kicillof.

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El primer proyecto declara la emergencia pública del sector del neumático por dos años y propone un paquete de medidas de protección industrial: restablecer el arancel extrazona al 35%, reforzar controles aduaneros frente a importaciones subfacturadas, habilitar investigaciones antidumping —especialmente contra productos de origen chino— y reimplantar instrumentos como el Certificado de Importación de Neumáticos (CIN) y las licencias no automáticas.

En los fundamentos, los legisladores advierten que “los grandes mercados del mundo están endureciendo sus defensas frente al ingreso masivo de neumáticos de origen chino; la Argentina fue el único país que optó por desmantelarlas”, y sostienen que “defender la industria nacional del neumático no es proteger un interés corporativo: es proteger trabajo argentino, capacidad productiva, soberanía tecnológica y abastecimiento estratégico”.

El segundo proyecto avanza sobre un punto más sensible: dispone la ocupación temporaria de la planta de Fate por un año, con posibilidad de prórroga, y crea una Unidad Ejecutora Especial con participación de los trabajadores a través de una comisión de control. También contempla un programa para relevar y recontratar al personal desvinculado.

El trasfondo: despidos, embargos y disputa judicial

El cierre de la planta se concretó el 18 de febrero. Desde entonces, la empresa sostiene que cerca del 80% de la dotación aceptó acuerdos de desvinculación voluntaria bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto redujo el plantel activo a unos 230 trabajadores, en su mayoría delegados y referentes sindicales que permanecen bajo el paraguas de la conciliación obligatoria dictada por la Provincia.

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Sin embargo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechaza esa narrativa y denuncia incumplimientos sistemáticos. Su secretario general, Alejandro Crespo, informó que la Justicia ordenó un embargo superior a los $3.000 millones contra la empresa por no pagar salarios, pese a un fallo previo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Según el gremio, el acuerdo firmado en mayo de 2025 obligaba a la empresa a garantizar el pago de sueldos hasta junio de 2026 y a no avanzar con despidos sin causa. La compañía, en cambio, sostiene que ese compromiso perdió vigencia tras el cierre y anticipó que apelará la decisión judicial.

La disputa también atraviesa la conciliación obligatoria, que fue extendida por el Ministerio de Trabajo bonaerense por cinco días hábiles adicionales. Para el sindicato, la medida “no se ha iniciado en términos materiales” porque la empresa no restituyó tareas ni salarios. Desde Fate, en tanto, acusan al gremio de obstaculizar el proceso y de mantener ocupaciones parciales de la planta.

Presión política y agenda contra Nación

El avance legislativo se produjo tras una reunión en La Plata entre Kicillof y los diputados nacionales que integran su esquema político. El encuentro se dio en la previa de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, donde el oficialismo provincial buscará instalar el reclamo por los recortes de fondos que, según denuncian, aplicó la gestión de Javier Milei.

En ese marco, el gobernador instruyó a los legisladores para que lleven al recinto una batería de preguntas vinculadas a la deuda que la Nación mantiene con la Provincia, reflejada en ocho demandas judiciales presentadas ante la Corte Suprema.

El conflicto de Fate, así, quedó cruzado por una doble dimensión: la urgencia laboral y productiva en el territorio bonaerense, y la disputa política con la Casa Rosada por el rumbo económico y el impacto de la apertura importadora sobre la industria local.