Juan Manuel Villarreal
Una encuesta sobre el Caso Agostina expuso un fuerte nivel de conocimiento social del tema y un marcado cuestionamiento al rol del Estado y la Justicia. Según el relevamiento, el 99,9% de las personas consultadas escuchó o leyó sobre el caso, lo que lo convirtió en un hecho de alto impacto público y transversal.
El sondeo mostró una diferencia clara entre la evaluación de la cobertura mediática y la respuesta estatal. Mientras el 58,6% consideró que el tratamiento de los medios fue responsable, el 75,9% calificó como irresponsable la actuación del Estado. Dentro de ese grupo, la opción más elegida fue “muy irresponsable”, con el 46,3%.
La percepción negativa se profundiza cuando se consulta de manera directa si el Estado respondió con seriedad y profesionalismo: el 82,2% respondió que no. El dato ubica al caso como un indicador de desconfianza sobre la capacidad estatal para intervenir ante situaciones de violencia de género y protección de víctimas.
El punto más sensible del relevamiento aparece en la evaluación de la Justicia. La desconfianza en fiscalías y tribunales alcanza al 80,4%, y más de seis de cada diez personas eligieron la opción de “mucha desconfianza”.
La policía también registra una valoración negativa: el 68% de los consultados manifestó desconfianza. Sin embargo, el rechazo hacia el sistema judicial aparece como el dato más fuerte del informe.
La encuesta también indagó sobre una posible causa de esa desconfianza. El 71,2% consideró que jueces y fiscales no están bien formados en perspectiva de género. Ese resultado muestra que el cuestionamiento no se limita a una reacción general de malestar, sino que identifica un problema concreto vinculado con capacitación, abordaje institucional y respuesta judicial.
En ese marco, el caso vuelve a poner en debate la necesidad de reformas, protocolos de actuación y formación específica para quienes intervienen en denuncias, investigaciones y procesos vinculados a violencia de género.
El relevamiento también mostró diferencias importantes según género. En la vía pública, el 53,7% de los varones dijo no haber sufrido ninguna situación de violencia o acoso durante el último año. Entre las mujeres, ese porcentaje baja al 29,2%.
La diferencia indica que siete de cada diez mujeres atravesaron alguna situación. Entre los hechos más mencionados aparecen el acoso verbal, con el 22,3%; el contacto físico no deseado, con el 12,3% en mujeres frente al 4,3% en varones; y situaciones de manoseo.
En el ámbito laboral, la brecha también se repite. El acoso verbal sexual alcanza al 23,4% de las mujeres, el doble que entre los varones, donde llega al 11,6%.
Dentro del hogar, los datos muestran otra dimensión de la problemática. El 64,2% de las mujeres dijo no haber sufrido situaciones como amenazas, humillaciones o control económico, mientras que entre los varones ese porcentaje asciende al 78%. La diferencia revela una mayor exposición femenina también en espacios privados.
Otro dato relevante del sondeo está vinculado con la percepción social sobre las denuncias. El 69,7% cree que las víctimas son estigmatizadas cuando denuncian. Entre las mujeres, esa mirada llega al 78,8%, mientras que entre los varones alcanza al 60,2%.
Ese resultado ayuda a explicar una de las principales barreras para acudir a las instituciones: muchas víctimas no solo enfrentan el hecho de violencia, sino también el temor al juicio social, la desconfianza institucional o la falta de acompañamiento.
Pese al alto nivel de cuestionamiento, la encuesta no muestra un reclamo por menor presencia estatal. Al contrario, el 26,9% señaló al Estado como principal responsable de prevenir estos hechos, seguido por la Justicia, con el 22,8%, y las familias, con el 20,6%.
El dato refleja una demanda concreta: la sociedad espera que las instituciones funcionen mejor, con respuestas más serias, eficaces y profesionales.
Uno de los puntos de mayor consenso aparece en torno a la Alerta Sofía. El 84,5% de los consultados pidió que se active de inmediato ante casos que lo requieran. Entre las mujeres, el respaldo trepa al 91,4%, mientras que entre los varones llega al 77,6%.
La amplitud del apoyo muestra que la medida cuenta con consenso transversal y bajo nivel de rechazo. En un escenario político marcado por divisiones, la prevención de la violencia de género y la protección de víctimas aparece como un eje con capacidad de generar acuerdos amplios.
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, la encuesta vuelve a mostrar que la violencia de género sigue siendo una preocupación social extendida. También deja en evidencia que la demanda no se limita a consignas generales, sino que apunta a políticas públicas concretas, instituciones más preparadas y respuestas más rápidas.
El Caso Agostina quedó instalado como una prueba de sensibilidad pública. La mayoría cuestiona al Estado y a la Justicia, pero al mismo tiempo reclama que esas instituciones asuman un rol central en la prevención, protección y acompañamiento de las víctimas.
