Universidades: hubo acuerdo con el Gobierno, pero sigue la demanda en la Corte

El Gobierno nacional y las universidades públicas firmaron un acuerdo salarial y presupuestario para intentar descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33%, actualización de gastos de funcionamiento, fondos para hospitales universitarios y mejoras en programas de becas.

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El acta fue suscripta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales docentes y no docentes. La firma llega después de meses de reclamos, marchas, paros, clases públicas y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.

Pese al avance en la negociación, las universidades mantendrán abierta la demanda por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese punto marca el límite político y judicial del acuerdo: el entendimiento económico no implica el retiro del reclamo ante el máximo tribunal.

Qué incluye el acuerdo universitario

La recomposición salarial acordada será del 24,33% y se aplicará en dos tramos. El primero será del 21,33% en junio, calculado sobre los básicos vigentes a mayo de 2026. El segundo será del 3% en octubre, sobre los básicos de septiembre.

El acuerdo también establece que las paritarias universitarias deberán convocarse al menos cada tres meses durante lo que resta del año. Ese punto fue incorporado como una herramienta para evitar que los salarios vuelvan a perder frente a la inflación durante 2026.

Además de la cuestión salarial, el entendimiento incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio. También se prevén fondos adicionales para áreas sensibles del sistema.

Entre esos refuerzos figura una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud. El acta también incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas.

En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, otro de los puntos que formaba parte de los reclamos del sector universitario.

La Corte seguirá con la causa por la Ley de Financiamiento

Aunque el acuerdo representa un avance en la negociación entre el Gobierno y las universidades, el frente judicial seguirá abierto. Las casas de estudio sostienen el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y eje de una disputa institucional con el Poder Ejecutivo.

La causa tiene como antecedente una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, la aplicación de esa decisión permanece suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

La definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse. El Poder Ejecutivo sostiene que la ley no cumple con los requisitos de administración financiera porque, según su interpretación, no identifica la fuente de los recursos necesarios para su aplicación.

Para las universidades, en cambio, la discusión judicial sigue siendo clave para garantizar la ejecución plena de la norma y evitar que el acuerdo firmado quede limitado a una respuesta parcial frente al reclamo por presupuesto, salarios y funcionamiento.

Un conflicto que atravesó marchas, paros y reclamos

La firma del acta llega tras un largo período de tensión entre el sistema universitario y la Casa Rosada. El conflicto incluyó marchas federales, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales.

En ese contexto, rectores, docentes, no docentes y estudiantes reclamaron la recomposición de salarios, la actualización de partidas para funcionamiento y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El deterioro salarial fue uno de los puntos centrales de la negociación. Según datos difundidos por el CIN, el sistema universitario registró la renuncia de unos 10.000 docentes en universidades nacionales, un indicador que fue llevado a la mesa de discusión como parte del diagnóstico sobre la crisis del sector.

También quedó bajo análisis la situación de los colegios preuniversitarios, donde los docentes sufrieron el impacto de la pérdida salarial y de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese sector formó parte de las conversaciones entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.

Malestar sindical y seguimiento de los fondos

A pesar de la firma del acuerdo, en sectores sindicales universitarios persiste la cautela. Los gremios seguirán de cerca tanto la aplicación de la recomposición salarial como la ejecución de los fondos comprometidos.

El Gobierno, por su parte, informó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente. También se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes.

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La negociación permitió ordenar una parte del conflicto, pero no cerró todos los frentes. La continuidad de la demanda ante la Corte y la necesidad de monitorear el cumplimiento efectivo de los compromisos mantienen abierta la discusión entre el Gobierno y el sistema universitario público.