Las víctimas del caso $LIBRA denuncian una red de crimen organizado
Juan Manuel Villarreal


Las querellas del caso $LIBRA salieron a responder el planteo de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el expediente, y rechazaron ser apartadas de la causa. En una presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, los damnificados sostuvieron que la investigación no se limita a una inversión fallida en criptomonedas, sino que apunta a una presunta maniobra fraudulenta con características de organización criminal.
El planteo fue realizado después de que la defensa de Novelli pidiera excluir a los querellantes del expediente. Según esa postura, quienes compraron el token habrían asumido los riesgos propios del mercado de criptoactivos y no habría existido una estafa. Las víctimas rechazaron esa interpretación y afirmaron que el caso excede la volatilidad financiera habitual.
La presentación de los damnificados apunta contra Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Javier Milei. Las querellas argumentan que el expediente no solo debe analizar una posible estafa, sino también presuntos hechos de asociación ilícita, coimas, lavado de activos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El argumento central de las víctimas es que $LIBRA habría sido presentado como un proyecto privado con respaldo institucional para financiar startups y pymes argentinas, cuando en realidad, según la acusación, se trató de una “trampa de liquidez preprogramada”. En esa línea, sostienen que el rol de Javier Milei fue determinante para generar confianza entre los inversores, ya que el Presidente difundió públicamente el contrato para adquirir el token.
La respuesta de las querellas también cuestiona que el caso sea reducido a una discusión sobre riesgos de inversión. Uno de los planteos incorporados al expediente advierte que la hipótesis investigada incluye posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo y retiro concertado de liquidez aportada por compradores.
Según la presentación, el engaño no habría consistido en una fluctuación natural del mercado, sino en la construcción de una apariencia de legitimidad alrededor del proyecto. Los damnificados sostienen que esa legitimación habría estado asociada al uso de la figura presidencial como respaldo máximo de confianza ante quienes decidieron invertir.
Las querellas remarcaron además que su participación en la causa ya fue avalada por distintas instancias judiciales. De acuerdo con el material incorporado al expediente, la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema ratificaron su condición de querellantes, al igual que lo había hecho previamente la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando la causa tramitaba en San Isidro.
Otro eje del planteo apunta a evitar que la discusión procesal derive en un cierre anticipado del expediente. Los damnificados sostienen que el intento de excluirlos podría funcionar, en los hechos, como un camino hacia el sobreseimiento de los imputados bajo la apariencia de un debate sobre la legitimación de las víctimas.
En paralelo, las querellas recordaron que ya solicitaron declaraciones indagatorias de los principales implicados, incluida la de Javier Milei. En ese planteo, afirmaron que el equipo creador de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares mediante información privilegiada y operaciones automatizadas realizadas segundos antes de la publicación presidencial que impulsó el token.
También señalaron que el fiscal Eduardo Taiano describió una hipótesis según la cual el equipo creador de la criptomoneda habría concretado ventas masivas que permitieron retirar cerca de 100 millones de dólares, con pérdidas para más de 40.000 personas.
Ahora, el juez y la fiscalía deberán resolver si hacen lugar al pedido de Novelli para apartar a las víctimas como querellantes o si mantienen su participación en el expediente. La definición será clave para determinar cómo seguirá la investigación judicial sobre el lanzamiento, promoción y colapso de $LIBRA.

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