Juan Manuel Villarreal
La defensa de Cristina Kirchner anunció este martes que incorporará nuevas pruebas vinculadas con la causa Vialidad, en la que la expresidenta fue condenada, y ratificó la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ofrecieron una conferencia de prensa en un hotel del microcentro porteño para comunicar novedades sobre la estrategia judicial e internacional de la exmandataria.
Beraldi sostuvo que los nuevos elementos respaldan la inocencia de Cristina Kirchner. Según planteó, las empresas de Lázaro Báez no habrían sido beneficiadas por los Fondos del Fideicomiso del Transporte, cuestión relacionada con el Decreto 54/2009 mencionado en el expediente.
“Estábamos convencidos de que la verdad iba a salir a la luz”, afirmó el abogado, quien calificó la imputación como “falsa”. Valim, por su parte, aseguró que “no hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.
La conferencia también estuvo centrada en la comunicación individual que la defensa elevó a fines de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí denunció ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial.
Los abogados sostienen que la causa afectó el derecho de Cristina Kirchner a votar y ser elegida. En esa línea, afirman que el proceso buscó impedir una futura candidatura y que la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos.
La presentación también cuestiona la imparcialidad de los órganos judiciales que intervinieron, la presunción de inocencia, las condiciones para preparar la defensa y la revisión realizada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Otro de los argumentos se refiere a la prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos. Según los letrados, 49 de las 51 obras públicas analizadas ya habían sido investigadas en expedientes que finalizaron mediante archivos o sobreseimientos.
La defensa también señaló que el sistema judicial argentino no habría proporcionado un recurso efectivo y cuestionó que la Corte Suprema se encuentre integrada por tres miembros. Todos estos puntos forman parte del planteo sometido a consideración del organismo internacional.
Como medida cautelar, Cristina Kirchner solicitó que se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa sostiene que esa sanción afecta sus derechos políticos y que no se ajusta a precedentes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
También pidió el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, al considerar que su actual composición compromete el derecho a obtener una revisión independiente de la condena.
El planteo internacional incluye, además, un pedido para modificar las condiciones de la prisión domiciliaria. Entre las medidas solicitadas figuran el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones a las visitas y el acceso al aire libre.
Los abogados reclamaron asimismo un tratamiento igualitario respecto de otras personas que cumplen prisión domiciliaria, el cese de lo que describieron como un trato discriminatorio y que la expresidenta no sea responsabilizada por las manifestaciones realizadas por terceros frente a su domicilio.
La presentación deberá atravesar primero el análisis de admisibilidad del Comité de Derechos Humanos. Si supera esa instancia, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de pronunciarse sobre el fondo del reclamo.
