Municipales contra la Provincia: la pelea por los lugares que pone en riesgo el Consejo del Empleo

El conflicto de los trabajadores municipales bonaerenses sumó un nuevo capítulo y desplazó parte de la discusión desde los salarios hacia las condiciones de la negociación. Durante una protesta en Ituzaingó, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) acusó al Ministerio de Trabajo provincial de intentar tenderles “una trampa” a las organizaciones gremiales mediante el mecanismo elegido para conformar el Consejo del Empleo Municipal.

La advertencia fue realizada por el secretario general de la Federación, Hernán Doval, durante el corte efectuado en la intersección de la avenida Rivadavia y Mariano Acosta. La manifestación reunió a sindicatos de la Regional Conurbano Oeste y formó parte del denominado “Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado”, que ya tuvo expresiones en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

“Pedimos la convocatoria al Consejo del Empleo provincial como marca la ley y no como la quiere realizar el Ministerio, que le quiere tender una trampa a las organizaciones gremiales”, afirmó Doval.

La protesta volvió a exponer una situación que atraviesa a los 135 municipios. El gremio denunció fuertes diferencias salariales entre distritos, trabajadores por debajo de la línea de indigencia, empleo precarizado y una negociación condicionada por la capacidad económica de cada intendencia.

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Una convocatoria que no desactivó el conflicto

La puesta en funcionamiento del Consejo había sido uno de los principales reclamos de FESIMUBO. Sin embargo, cuando el Ministerio de Trabajo encabezado por Walter Correa avanzó con los pasos administrativos para convocarlo, la Federación rechazó el procedimiento establecido.

La cartera laboral informó que realizará una primera reunión organizativa en cumplimiento de la Ley 14.656, que regula el empleo municipal bonaerense. Para definir las pautas, el Ministerio realizó consultas ante la Asesoría General de Gobierno y posteriormente aprobó la Resolución 183/2026.

El esquema contempla once representantes titulares de los intendentes y la misma cantidad de suplentes. La distribución se realizará por secciones electorales: la Primera, la Tercera y la Quinta tendrán dos lugares cada una, mientras que la Segunda, la Cuarta, la Sexta, la Séptima y la Octava contarán con uno.

La representación de los trabajadores estará compuesta por un mínimo de once integrantes. Allí aparece el punto más conflictivo: podrán participar federaciones de segundo grado y sindicatos de alcance nacional con personería gremial que acrediten, como mínimo, una afiliación equivalente al 10% de los trabajadores cotizantes del ámbito representado.

FESIMUBO considera que esos criterios pueden modificar el equilibrio previsto por la legislación y reducir el peso de las federaciones municipales. Para el gremio, la integración no constituye un detalle administrativo: determinará quiénes podrán intervenir en la discusión salarial y laboral de todo el sector.

Doval no descartó completamente la participación, aunque condicionó la postura definitiva a la forma en que avance la convocatoria. “Lo estamos evaluando. Aunque sea un observador nuestro va a haber en el Consejo”, anticipó.

El dirigente también trasladó la responsabilidad por el resultado de la instancia al Gobierno bonaerense: “Si el Ministerio convoca como se le ocurre, es responsabilidad del Ministerio ver si eso funciona o no”.

DOVAL SOBRE EL CONSEJO DEL EMPLEO MUNICIPAL pic.twitter.com/t37npayoiA

— Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) September 2, 2026

Qué es el Consejo del Empleo Municipal

El organismo está previsto en el artículo 53 de la Ley 14.656, sancionada en 2014. Su objetivo es crear un ámbito provincial de diálogo entre las representaciones de los intendentes y de los trabajadores municipales.

Entre sus funciones aparece la posibilidad de analizar las condiciones generales del empleo, impulsar políticas de capacitación, abordar conflictos comunes y promover criterios laborales para los municipios. Los gremios buscan que también se convierta en una herramienta para discutir una referencia salarial que impida la existencia de sueldos extremadamente bajos.

Sin embargo, el Consejo no funciona como una paritaria única capaz de reemplazar automáticamente las negociaciones en cada distrito. Los municipios conservan autonomía y realidades presupuestarias diferentes. Por eso, su alcance concreto dependerá de los acuerdos que puedan construir sus integrantes y de la voluntad política para trasladarlos al territorio.

Según las pautas difundidas por la Provincia, el período ordinario de sesiones se extenderá desde el 1° de marzo hasta el 1° de diciembre y deberán realizarse al menos tres reuniones trimestrales. También podrán convocarse encuentros extraordinarios frente a situaciones excepcionales.

La conformación del organismo arrastra años de demoras. La norma fue reglamentada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, pero posteriormente quedó atravesada por cuestionamientos judiciales y dificultades de implementación. El Ministerio de Trabajo sostiene que el nuevo procedimiento busca saldar esa deuda; FESIMUBO teme que las reglas terminen debilitando su representación.

Detrás de la discusión institucional permanece el motivo que originó el plan de lucha. La Federación denuncia que existen empleados municipales con ingresos inferiores a la línea de indigencia y que la dispersión salarial genera enormes diferencias entre trabajadores que cumplen tareas similares.

Cada intendencia define sus acuerdos de acuerdo con sus ingresos, la coparticipación recibida, la recaudación propia y sus prioridades presupuestarias. Como resultado, los haberes pueden variar considerablemente de un municipio a otro.

La organización también cuestiona el uso de monotributos, becas y contratos temporales para cubrir funciones permanentes. Según FESIMUBO, estas modalidades dejan a los trabajadores sin estabilidad y reducen los aportes destinados al Instituto de Previsión Social y a IOMA.

Durante la manifestación en Ituzaingó, el sindicato reclamó recomposición salarial, estabilidad laboral, convenios colectivos y cumplimiento integral de la Ley 14.656. “Dijimos que íbamos a hacer un plan de lucha integral, permanente y prolongado, y es lo que estamos haciendo”, sostuvo Juan Carlos López, referente de los municipales del distrito anfitrión. El dirigente anticipó que las medidas continuarán “el tiempo que haga falta”.

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De las rutas al Conurbano

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la movilización de Ituzaingó no fue un episodio aislado. Forma parte de una estrategia destinada a llevar el reclamo a puntos sensibles del territorio bonaerense.

El plan comenzó con cortes sobre las rutas provinciales 6 y 205, a la altura de Cañuelas. Posteriormente, los sindicatos bloquearon el acceso al puerto de Bahía Blanca sobre la Ruta 51, una vía estratégica para el movimiento productivo del sur provincial.

Aquella protesta mostró que la Federación buscaba superar el límite de los reclamos frente a cada intendencia y provincializar el conflicto. El objetivo era obligar al Gobierno de Kicillof a intervenir ante un problema que, aunque se origina en las administraciones municipales, se repite en numerosos distritos.

La decisión del Ministerio de Trabajo de avanzar con el Consejo fue interpretada inicialmente como una primera respuesta institucional. Sin embargo, las diferencias sobre la integración impidieron que el anuncio descomprimiera la protesta.

La disputa contiene una discusión de fondo sobre las responsabilidades. Los intendentes son los empleadores directos y administran las negociaciones salariales, pero los sindicatos reclaman que la Provincia garantice condiciones mínimas y haga cumplir el marco legal.

Los municipios, a su vez, advierten por la caída de la recaudación, el retroceso del consumo y la disminución real de los recursos coparticipables. Esa situación afecta especialmente a los distritos con menor capacidad tributaria propia.

En este escenario, una referencia salarial provincial podría beneficiar a los trabajadores de las comunas más rezagadas, pero también generaría obligaciones difíciles de afrontar sin financiamiento adicional. Por eso, la discusión no se agota en establecer un piso: también exige definir quién aportaría los recursos necesarios para cumplirlo.

FESIMUBO busca que el Consejo funcione como una instancia capaz de equilibrar esas diferencias y evitar que el salario dependa exclusivamente del municipio donde trabaja cada empleado. La Provincia sostiene que está avanzando en su conformación después de años de parálisis, aunque todavía no respondió públicamente a la acusación de Doval sobre una supuesta “trampa” sindical.