Financiamiento universitario: la Justicia dio cinco días al Gobierno para cumplir la ley

La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar que ordena aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario y fijó para ello un plazo de cinco días.

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La resolución establece además que, en caso de persistir el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes —multas de carácter compulsivo— por cada día de demora. El magistrado tomó la decisión al considerar que hasta el momento no existe un cumplimiento total de la cautelar, que se encuentra firme.

Qué debe cumplir el Gobierno en cinco días

La intimación alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos apartados contemplan mecanismos vinculados con la recomposición salarial del personal docente y nodocente de las universidades nacionales y con la actualización de programas de asistencia y becas para estudiantes.

La medida judicial surgió a partir de una presentación impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades. La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El expediente llegó luego a la Corte Suprema. El 25 de junio, el máximo tribunal desestimó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo por considerar que no existía una sentencia definitiva, por lo que la medida cautelar continuó vigente.

El Gobierno había pedido posteriormente que la cautelar fuera levantada al sostener que distintos acuerdos alcanzados durante el año habían atendido los puntos principales de la norma. Ese planteo fue rechazado el 1 de septiembre por el juez Cormick, quien consideró que no se había demostrado que hubieran desaparecido las circunstancias que justificaron la medida judicial.

Salarios y becas, en el centro de la disputa

Uno de los principales ejes del conflicto está en la recomposición de los ingresos de docentes y nodocentes. Las organizaciones universitarias sostienen que continúa pendiente una recuperación salarial considerable, mientras que en la última negociación el Gobierno mantuvo una propuesta de aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre.

Las estimaciones difundidas sobre el deterioro salarial presentan diferencias según la organización y el criterio utilizado: algunas referencias ubican la recomposición pendiente en torno al 31%, mientras otras mediciones sindicales señalan porcentajes superiores. Por ese motivo, el eje concreto de la nueva resolución judicial no es una cifra salarial única, sino el cumplimiento integral de los artículos alcanzados por la cautelar.

La discusión incluye además los programas destinados a estudiantes. La ley contempla la recomposición de las partidas correspondientes, otro de los puntos que las universidades consideran todavía pendiente de aplicación plena.

El conflicto universitario sigue abierto

La decisión judicial se conoce mientras continúa el conflicto gremial en las universidades nacionales. Tras una nueva negociación salarial sin acuerdo, se pusieron en marcha medidas de fuerza y acciones de visibilización, mientras la quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada para el 15 de octubre.

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La nueva resolución agrega así un plazo concreto al frente judicial: el Poder Ejecutivo dispone de cinco días para acreditar el cumplimiento efectivo de la cautelar. De no hacerlo, el juzgado dejó expresamente abierta la posibilidad de imponer multas por cada día adicional de demora.