“El ajuste vuelve a caer sobre nuestro pueblo”: el nuevo esquema del gas une reclamos políticos, municipales y judiciales

La promulgación de la nueva Ley de Zona Fría no cerró la discusión en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, apenas entró en vigencia, el conflicto comenzó a extenderse por tres carriles simultáneos: el político, el municipal y el judicial.

La última voz en sumarse fue la senadora bonaerense de Fuerza Patria Laura Clark, quien cuestionó el impacto que tendrá la modificación sobre los hogares alcanzados hasta ahora por el régimen ampliado en 2021 y advirtió por el efecto de las futuras facturas.

“Los bonaerenses van a empezar a pagar más cara la tarifa del gas entre un 30 y un 50%”, afirmó la legisladora y agregó: “El ajuste vuelve a caer sobre nuestro pueblo y en los hogares con una elevada factura de gas”.

Su intervención llega cuando el reclamo bonaerense dejó de ser solamente declarativo: en Bahía Blanca y General Pueyrredon ya presentaron acciones de amparo, mientras otros intendentes y organismos locales que anticiparon la vía judicial evalúan sus próximos movimientos.

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“No es un subsidio convencional”

Clark puso el foco en uno de los debates que atravesó todo el tratamiento parlamentario: qué naturaleza tiene el beneficio de Zona Fría. Sostuvo que no debe analizarse como un subsidio convencional, sino como una tarifa diferencial vinculada con las condiciones geográficas y climáticas de las localidades alcanzadas.

Según explicó, el régimen toma en consideración la cantidad de días con bajas temperaturas y la mayor utilización de gas necesaria para calefaccionar viviendas. La normativa nacional utiliza, en cambio, la figura de bonificaciones y subsidios financiados mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El nuevo texto mantiene ese fondo, pero modifica las condiciones para acceder al beneficio fuera de las regiones históricas.

Clark cuestionó además el aumento del costo de las garrafas y vinculó el cambio tarifario con la política económica del Gobierno nacional. También apuntó contra Diego Santilli, a quien atribuyó gestiones políticas para conseguir los votos necesarios en el Senado.

Según la senadora, durante aquella negociación se terminó rompiendo “un pacto social, democrático, federal y solidario”.

Hay que ponerse la camiseta de Bahía Blanca Cada peso que falta en el bolsillo de los bahienses impacta directamente en la calidad de vida de nuestra comunidad y genera nuevas demandas que el Estado municipal debe afrontar. Y la quita del subsidio del gas para nuestra ciudad se suma a una carga que ya pesa sobre la economía de nuestra gente. La política tiene que ser una herramienta para transformar y mejorar la vida de la gente, nunca para perjudicarla. Es momento de dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar juntos por lo que realmente importa: defender a Bahía Blanca y a sus vecinos.

— Federico Susbielles (@fsusbielles) October 14, 2026

Qué cambió desde el 13 de octubre

La discusión entró en otra etapa el pasado 13 de octubre, cuando el Gobierno nacional promulgó mediante el Decreto 1161/2026 la Ley 27.828, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre.

La reforma eliminó el esquema territorial automático que había sido ampliado en 2021. Las regiones históricas —Patagonia, Malargüe y la Puna— continúan dentro del régimen territorial. En el caso bonaerense, Patagones permanece comprendido por su pertenencia a la región patagónica. Para el resto de las zonas incorporadas cinco años atrás, vivir en un distrito frío ya no alcanza por sí mismo para garantizar la reducción tarifaria.

La Ley 27.828 crea una bonificación adicional vinculada con el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, destinada a determinados usuarios residenciales ubicados en las subzonas bioambientales previstas por la normativa y que, además, cumplan requisitos socioeconómicos específicos.

Ese es el cambio que alcanza directamente a 94 municipios bonaerenses y aproximadamente 1,24 millones de hogares. A nivel nacional, son alrededor de 3,35 millones los usuarios que dejan de tener garantizado el beneficio automático exclusivamente por su localización.

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Eso no significa que todos ellos pasen automáticamente a pagar la totalidad de la tarifa sin asistencia. Quienes cumplan las condiciones del nuevo régimen podrán conservar una bonificación. La diferencia es que el criterio geográfico dejó de ser suficiente.

El Gobierno nacional defendió el cambio durante todo el recorrido parlamentario con un argumento diferente al que sostienen los dirigentes bonaerenses. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó en Diputados que los recursos destinados a subsidiar energía son limitados y que deben concentrarse exclusivamente en los hogares que necesitan asistencia.

“Los recursos económicos son escasos, hay que utilizarlos en forma eficiente y justa”, sostuvo la funcionaria durante el tratamiento en comisión. Y agregó que la intención es destinar la ayuda “exclusivamente a la gente que lo necesita”, en lugar de mantener un beneficio que alcanzaba a todos los usuarios de una determinada región independientemente de sus ingresos.

En septiembre, al defender nuevamente el proyecto en el Senado, Tettamanti insistió en esa posición. “La Ley de Zona Fría subsidia a todos los consumidores, puedan pagar el costo real de la energía o no”, señaló.

Desde Buenos Aires, la discusión se plantea en otros términos: intendentes y legisladores sostienen que las temperaturas y el consumo necesario para calefacción justifican mantener un criterio territorial.

Esa diferencia ya llegó a los tribunales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la promulgación de la ley activó inmediatamente las acciones que distintos municipios y organismos venían preparando desde antes de la votación definitiva.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y el Club Estrella. El planteo solicita mantener las bonificaciones y suspender los cobros y eventuales cortes vinculados con el cambio mientras se resuelva la causa.

La argumentación incluye cuestiones constitucionales y climáticas. Susbielles viene sintetizando esta última posición con una frase: “A misma temperatura, mismo régimen”. El municipio compara las condiciones meteorológicas de Bahía Blanca con las de ciudades patagónicas que siguen comprendidas por el régimen histórico.

El segundo caso judicial llegó desde General Pueyrredon. La Defensoría del Pueblo presentó una acción colectiva ante la Justicia Federal de Mar del Plata contra el Estado nacional, el organismo regulador y Camuzzi Gas Pampeana. El organismo pidió una medida cautelar urgente destinada a mantener las condiciones tarifarias anteriores mientras se discute la cuestión de fondo.

La presentación representa a más de 262.000 hogares del distrito. Además de reclamar que se conserven temporalmente los descuentos, la Defensoría cuestiona los nuevos filtros para acceder a la ayuda y plantea la inconstitucionalidad de aspectos de la reforma.

Pero no todos los municipios adoptaron la misma estrategia. En Junín, el Ejecutivo municipal, Grupo Servicios Junín y la OMIC comenzaron un operativo destinado a acompañar a los vecinos que deben inscribirse bajo las nuevas condiciones para intentar conservar asistencia.

Antes de la reforma, 29.858 usuarios residenciales del distrito estaban comprendidos por el beneficio: 23.909 recibían una bonificación del 30% y 5.949 una reducción del 50%.

Paralelamente, la UCR presentó en el Concejo Deliberante una iniciativa para que el municipio evalúe medidas administrativas y judiciales. El secretario de Gobierno, Lisandro Benito, resumió la prioridad local: “Hoy tenemos que poner el foco en las familias”.

La quita del beneficio de Zona Fría es un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses. En un contexto de tarifas impagables, le sacan un alivio fundamental a casi 100 municipios de la provincia por una decisión del gobierno de Milei. Repudiamos esta medida y vamos a seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 25, 2026

La Provincia calcula que el 52% perderá todo el beneficio

El gobierno de Axel Kicillof también intervino en el conflicto. Según los números presentados por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, de aproximadamente 1,27 millones de usuarios bonaerenses que estaban alcanzados por el régimen ampliado, el 52% perdería completamente la bonificación, mientras el resto podría acceder a una reducción menor bajo las nuevas reglas.

Kicillof había cuestionado que prácticamente todos los municipios incorporados en 2021 perdieran el beneficio automático y señalado que Patagones quedaría como el único distrito bonaerense incluido en el esquema territorial histórico.

Con la Ley 27.828 ya publicada, la discusión dejó de concentrarse en el Congreso. La posición del Gobierno nacional permanece centrada en reducir los subsidios generalizados.  Del otro lado, legisladores provinciales, intendentes y organismos de defensa de usuarios sostienen que el nivel de ingresos no alcanza para reemplazar completamente el criterio climático y territorial. Mientras tanto, los primeros expedientes ya están en la Justicia y otros municipios mantienen abierta la posibilidad de sumarse.