La OIT le dio aire a Kicillof para avanzar contra la desregulación del trabajo en apps
La aprobación del primer convenio internacional sobre trabajo decente en plataformas digitales le dio al gobierno de Axel Kicillof un argumento de peso para profundizar una pelea que viene dando en soledad frente al modelo laboral de Javier Milei.
En Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo cerró su 114ª conferencia con la adopción del Convenio 193, una norma que busca garantizar derechos fundamentales para quienes trabajan mediante aplicaciones de reparto, transporte y otros servicios digitales.
La votación dejó una foto política difícil de disimular: el convenio obtuvo 406 votos a favor, mientras que la Argentina se abstuvo. En La Plata, lejos de pasar por alto ese dato, leyeron la resolución como un respaldo internacional a la agenda que el Ministerio de Trabajo bonaerense viene desplegando sobre un sector atravesado por informalidad, opacidad empresaria y fuerte dependencia tecnológica.
“Ninguna app puede estar por encima de los derechos laborales”, planteó Claudia Lazzaro, directora provincial de Empleo, que participó de la reunión anual de la OIT. La funcionaria celebró la aprobación del instrumento y recordó los ejes que ahora quedaron respaldados por una discusión global: reconocimiento de la relación laboral, acceso a seguridad social, transparencia algorítmica, libertad sindical y mecanismos de resolución de conflictos.
El convenio que incomoda al discurso libertario
Según la OIT, el convenio representa “un paso decisivo” para que la innovación tecnológica y los nuevos modelos de negocio convivan con derechos laborales, competencia leal y crecimiento económico sostenible. Traducido al debate argentino: las plataformas ya no podrían apoyarse únicamente en la idea de autonomía individual para desconocer obligaciones frente a quienes dependen económicamente de ellas.
Lazzaro fue directa al explicar el punto más sensible: “Las plataformas deben reconocer formalmente la relación de trabajo. No pueden seguir llamando ‘socios’ a quienes dependen económicamente de ellas”. También remarcó que los trabajadores deberán tener cobertura de salud, protección ante accidentes y aportes jubilatorios “sin importar cómo los llame la empresa”.
Otro punto central es el algoritmo. El convenio establece que trabajadores y organizaciones gremiales puedan conocer y cuestionar los criterios que definen condiciones de trabajo, asignación de tareas, calificaciones, ingresos o eventuales bloqueos. Esa discusión aparece en casi todos los proyectos que circulan en el peronismo y golpea sobre una zona donde las empresas suelen administrar información sin control público efectivo.
La Provincia ya tenía su propio proyecto
El avance internacional llega cuando la Provincia ya había decidido mover sus fichas. En mayo, Walter Correa presentó un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales en territorio bonaerense, con la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de trabajadores y trabajadoras. El ministro lo justificó “ante la ausencia del Estado nacional” y cuestionó que, en la “pseudomodernización laboral”, el gobierno de Milei excluya a los trabajadores de plataformas.
“Buscamos generar un piso de derechos para los trabajadores de plataforma porque hoy estamos en una situación de un gris hacia un oscuro”, sostuvo Correa. La iniciativa prevé que las empresas informen cantidad de trabajadores, promedio de horas, ingresos medios y condiciones de actividad. También deberán garantizar seguros contra accidentes, enfermedades laborales e invalidez durante la jornada y los trayectos realizados.
El esquema incluye una aplicación integrada a Mi PBA, con botones antipánico conectados al Ministerio de Seguridad y herramientas de asistencia sanitaria para accidentes en la vía pública. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Trabajo, aunque con intervención de Seguridad, Salud, Transporte y Gobierno.
El proyecto también apunta a las llamadas “tiendas invisibles” y refuerza la fiscalización provincial. En la Provincia sostienen que allí se juega buena parte del control real sobre una actividad que creció al calor de la crisis, con miles de trabajadores empujados hacia aplicaciones como última salida laboral.
Fallo Rappi, Congreso y agenda internacional
La estrategia bonaerense venía acumulando antecedentes. En abril, la Suprema Corte provincial dejó firme una multa superior a los 16 millones de pesos contra Rappi y validó el poder de policía del Ministerio de Trabajo. El fallo ratificó el valor probatorio de las actas de inspección, sostuvo que las sanciones eran “legales, proporcionales y no confiscatorias” y rechazó el intento empresarial de limitar la intervención administrativa.
Las inspecciones se habían realizado en 2020 sobre 172 trabajadores en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza. Allí se detectó que más del 97% no contaba con cobertura en salud laboral, aguinaldo ni vacaciones.
Ese expediente dialoga con el proyecto que impulsó el diputado Hugo Moyano hijo junto a Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva. La iniciativa nacional presume la existencia de contrato de trabajo, exige transparencia algorítmica, reconoce el derecho a conectarse y desconectarse, permite rechazar tareas sin represalias y fija sanciones por incumplimientos graves.
Kicillof también llevó la discusión a Madrid, en una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz Pérez. Allí puso sobre la mesa la regulación de plataformas, licencias parentales, derechos para trabajadoras particulares y el antecedente del fallo bonaerense contra Rappi. Días después, el gobernador sintetizó el enfoque en la Legislatura: “Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras”.