Trabajo en apps: el plan del kicillofismo para sumar volumen sindical y enfrentar la reforma de Milei

El kicillofismo decidió avanzar sobre uno de los sectores más sensibles de la nueva economía: el trabajo en plataformas digitales. Con el respaldo político de los Moyano, la articulación del Ministerio de Trabajo bonaerense y un reciente aval de la Suprema Corte provincial, el oficialismo acelera una ofensiva legislativa para regular el universo de repartidores y choferes de aplicaciones, un segmento atravesado por jóvenes, precarización y caída del empleo formal durante la gestión de Javier Milei.

La jugada tiene varias capas. Por un lado, un proyecto de ley presentado en Diputados por Hugo Moyano (h) junto a Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva.

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Por otro, una iniciativa propia que la administración de Axel Kicillof ultima para enviar a la Legislatura bonaerense. Todo bajo una lógica política más amplia: consolidar el MDF Trabajo como brazo sindical y territorial del Movimiento Derecho al Futuro.

La avanzada llega además en un contexto donde el Gobierno nacional profundiza su reforma laboral y sostiene un esquema de flexibilización que desde La Plata cuestionan abiertamente.

El armado sindical y la pelea por los jóvenes

La regulación del trabajo en apps se convirtió en una pieza estratégica dentro de la construcción política que impulsa Kicillof. En los últimos días, el gobernador mantuvo una reunión con Hugo Moyano, Hugo Moyano (h), Jerónimo Moyano, Octavio Argüello y Héctor Maldonado, junto al ministro Walter Correa, para seguir fortaleciendo el MDF Trabajo, la pata sindical del esquema político bonaerense.

La discusión no quedó reducida al plano gremial. En el oficialismo provincial leen que el crecimiento explosivo de plataformas como Rappi o Uber expresa un fenómeno social mucho más profundo: el deterioro del empleo formal y la pérdida de ingresos.

Según estimaciones que circulan en el sector, cerca de un millón de personas trabajan actualmente en aplicaciones, ya sea como actividad principal o complemento salarial. Solo Rappi habría superado los 150 mil repartidores activos hacia finales de 2025, mientras que Uber rondaría los 400 mil choferes registrados.

En paralelo, el universo de repartidores en bicicleta aparece fuertemente vinculado a sectores jóvenes, un electorado que supo ser sostén central de Milei y donde ahora empiezan a detectarse señales de desgaste político.

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En la provincia de Buenos Aires, casi el 50% del padrón electoral estuvo compuesto por votantes de entre 16 y 39 años en las elecciones de 2025. Dentro del peronismo bonaerense entienden que allí existe una ventana política y social para disputar agenda.

Algoritmos, jornadas y derechos laborales

El proyecto presentado por los diputados alineados con Kicillof apunta directamente al corazón del modelo de negocios de las plataformas. La iniciativa establece la presunción de existencia de relación laboral entre trabajadores y empresas administradoras cuando las apps “controlen, gestionen u organicen” la actividad.

“La idea es brindar un marco regulatorio adecuado a la relación que se constituye entre la empresa titular de la plataforma y las personas que se vinculan a ésta como prestadores de la fuerza de trabajo”, explicó Huguito Moyano.

El texto incorpora además un capítulo específico sobre transparencia algorítmica. Allí se plantea que trabajadores y delegados sindicales tengan acceso a información “completa, gratuita, veraz, adecuada, detallada y oportuna” sobre los sistemas automatizados que toman decisiones sobre tareas, ingresos y funcionamiento de las cuentas.

También fija derecho a conexión y desconexión sin obligación de permanencia continua, posibilidad de rechazar tareas sin represalias, límites de jornada laboral y un descanso mínimo de doce horas entre turnos.

Otro punto sensible es el régimen de sanciones. El proyecto considera infracciones “muy graves” la falta de transparencia algorítmica, la negativa a revisión humana de reclamos y la vulneración de derechos digitales de los trabajadores.

En paralelo, la Provincia trabaja sobre una iniciativa propia enfocada en inspecciones sobre “tiendas invisibles”, seguros obligatorios por accidentes, controles de salud y seguridad laboral, además de una aplicación con botón de pánico y alertas de emergencia.

“Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera”, afirmó Walter Correa en una entrevista reciente. “Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los ‘90”.

La Corte bonaerense y el choque con Milei

El avance político del oficialismo provincial encontró además un respaldo decisivo en la Suprema Corte bonaerense. En abril, el tribunal dejó firme una multa superior a los 16 millones de pesos contra Rappi tras detectar irregularidades laborales en inspecciones realizadas sobre 172 trabajadores en distintos municipios bonaerenses.

Más del 97% de los repartidores relevados carecía de cobertura de salud laboral, aguinaldo o vacaciones.

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La Corte validó las facultades del Ministerio de Trabajo provincial para fiscalizar e interpretar relaciones laborales en plataformas, rechazando los planteos de la empresa. Desde la cartera de Correa leyeron el fallo como un respaldo directo al poder de policía bonaerense en medio de la disputa con la Casa Rosada.

“Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral”, advirtió Kicillof días atrás. “El objetivo de Milei es degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos”.

En la misma línea, Correa sostuvo que los trabajadores de aplicaciones “han sido completamente excluidos en esta pseudomodernización laboral que ha convertido en ley el Gobierno nacional” y defendió la necesidad de “ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires”.