Botón antipánico, seguros y fiscalización: qué cambia con el proyecto bonaerense para plataformas digitales

El gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar sobre uno de los sectores laborales más desregulados de los últimos años y presentó un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, busca crear un registro obligatorio de trabajadores y establecer controles sobre empresas de delivery y aplicaciones de transporte, en medio de la confrontación política y jurídica con la reforma laboral promovida por Javier Milei.

El anuncio fue realizado durante la habitual conferencia de prensa de los lunes encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Correa y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

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Allí, el titular de la cartera laboral sostuvo que la Provincia decidió intervenir “ante la ausencia del Estado nacional” y remarcó que el proyecto fue elaborado siguiendo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de la participación bonaerense en distintos plenarios internacionales sobre empleo en plataformas.

“El gobierno nacional, en la pseudomodernización laboral, excluye a los trabajadores de plataformas”, afirmó Correa. Y agregó: “Buscamos generar un piso de derechos para los trabajadores de plataforma porque hoy estamos en una situación de un gris hacia un oscuro”.

Registro obligatorio y botones antipánico

La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y de un Registro Provincial de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Según explicó el funcionario, el objetivo es construir por primera vez una base de datos oficial sobre un universo laboral que hoy se mueve casi completamente en la informalidad.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.

El esquema estaría articulado entre los ministerios de Trabajo, Seguridad, Salud, Transporte y Gobierno. La autoridad de aplicación sería la cartera laboral bonaerense, aunque con intervención transversal de distintas áreas del Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales será la creación de una aplicación integrada a Mi PBA. Desde allí, la Provincia buscará registrar trabajadores, relevar datos sobre actividad e incorporar herramientas de asistencia y seguridad.

Entre ellas, botones antipánico conectados con el Ministerio de Seguridad para situaciones de inseguridad y otro sistema vinculado al área de Salud para activar asistencia sanitaria en casos de accidentes en la vía pública.

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Correa remarcó además que las empresas deberán transparentar información vinculada a cantidad de trabajadores, promedio de horas trabajadas e ingresos medios. También estarán obligadas a garantizar seguros contra accidentes, enfermedades laborales e invalidez durante la jornada y los trayectos realizados.

“Hoy en día estas empresas no plantean absolutamente nada con respecto a esto, hay una ausencia total con respecto al registro de trabajadores y trabajadoras”, cuestionó.

La disputa por el control laboral

La avanzada bonaerense sobre las plataformas no aparece aislada. Según pudo reconstruir este medio, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno provincial para fortalecer su estructura política, sindical y técnica frente a las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

En ese esquema se inscriben tanto la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo como el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, previsto para el 28 y 29 de mayo en Mar del Plata, donde participarán representantes sindicales, cámaras empresarias, municipios y funcionarios provinciales.

Desde La Plata sostienen que el objetivo es construir un ámbito permanente para discutir empleo, producción y derechos laborales en un escenario atravesado por cierres de empresas, caída del empleo industrial y aumento de la precarización.

Correa ya había anticipado esa discusión durante una jornada realizada en la Casa de la Provincia en CABA bajo el lema “Trabajo en Plataformas: Estado, Empresas y Derecho”. Allí cuestionó que “el gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó deliberadamente a las y los trabajadores de plataformas de la legislación laboral” y defendió las facultades provinciales para fiscalizar las condiciones de trabajo.

La discusión también quedó atravesada por el reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense vinculado a Rappi, que ratificó sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo provincial contra empresas de plataformas digitales. En el Ejecutivo interpretan esa resolución como un respaldo al poder de policía laboral de la Provincia.

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“Tiendas invisibles” y control territorial

Otro de los ejes del proyecto apunta a las denominadas “tiendas ocultas” o “tiendas invisibles”, centros logísticos desde donde operan aplicaciones de delivery y que, según Correa, actualmente funcionan “en total anonimato”.

La iniciativa prevé inspecciones vinculadas a higiene, seguridad y condiciones laborales dentro de esos espacios. También contempla la creación de paradores para repartidores coordinados con municipios, donde puedan acceder a agua potable, descanso y resguardo de herramientas de trabajo.

Además, el Ministerio de Trabajo evalúa convenios con Banco Provincia para ofrecer descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad. “Tenemos una Constitución provincial y un artículo 39 que consagra los derechos de los trabajadores”, afirmó Correa, quien defendió la necesidad de que el Estado bonaerense recupere capacidad de fiscalización frente al crecimiento del empleo por aplicaciones.