Nueva sede, partidos y plazos: la agenda de la Junta Electoral bonaerense hacia 2027
La inauguración de la nueva sede de la Junta Electoral bonaerense no quedó reducida a una mudanza administrativa. El organismo estrenó este martes 25 de agosto un edificio en calle 3 entre 526 y 527, en La Plata, mientras acumula decisiones que atraviesan el armado político de 2027: el control de las personerías, la digitalización del registro partidario y una reforma de los tiempos electorales que todavía espera tratamiento.
La ceremonia fue encabezada por Sergio Gabriel Torres, presidente de la Junta y de la Suprema Corte de Justicia provincial, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. También participaron Ana María Bourimborde, coordinadora general electoral; el vicepresidente Eduardo Raúl Delbés; los vocales Claudia Angélica Matilde Milanta y Federico Gastón Thea; y el secretario de Actuación, Daniel Demaria Massey.
Una mudanza con horizonte electoral
Torres agradeció a Mena por la disposición del inmueble, perteneciente al Ministerio de Justicia, y puso el foco en el personal “que hace posible que las elecciones en la provincia de Buenos Aires tengan integridad”. En un distrito con 135 municipios y uno de los padrones más grandes del país, las nuevas instalaciones ofrecen otro soporte para el trabajo cotidiano del organismo.
Mena atribuyó la concreción del proyecto al trabajo compartido con la Suprema Corte. “Se han llevado adelante más de 40 acciones de políticas públicas junto a la Suprema Corte”, afirmó, y definió a la Junta como un organismo de rango constitucional. La sede llega cuando ese vínculo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también debe procesar pedidos de cambios normativos y una carga administrativa que quedó expuesta en las elecciones desdobladas de 2025.
Afiliaciones y papeles partidarios
Uno de los expedientes abiertos involucra a las fuerzas que no habían acreditado el mínimo legal de afiliados. Después de una intimación dictada el 26 de marzo por 90 días, la Junta concedió otros 45 días corridos.
La extensión respondió a pedidos de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social y Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, pero alcanzó a todas las organizaciones pendientes. Si el incumplimiento continúa al final del nuevo período, podrá declararse la caducidad “sin más trámite”.
La decisión fue firmada el 27 de julio por Torres, Milanta, Hankovits y Thea, con Nóbile como funcionario firmante, y retomó el criterio “pro vida” de los partidos. Los anexos de abril habían observado a 41 partidos provinciales y 67 agrupaciones municipales de más de 40 distritos. Esa era la fotografía inicial: como la resolución posterior no publicó una nómina actualizada, no corresponde afirmar que las 108 fuerzas sigan en falta.
Para los partidos provinciales se exigían cuatro afiliados por cada mil electores en dos secciones y un mínimo global de 8.000. La Libertad Avanza, el Frente Renovador y la CC-ARI superaban ese total, pero presentaban déficits seccionales. Para las agrupaciones municipales, el requisito equivalía al 0,4% del padrón local.
En paralelo, la Junta dispuso eliminar un archivo físico con fichas presentadas entre 1942 y 2021. El anexo contiene 159 registros: 108 de personerías caducas, 46 activas, dos extinguidas, dos en trámite y una sin estado consignado, distribuidas en 76 municipios. La medida no borra afiliaciones ni altera la situación jurídica de las fuerzas, porque el registro vigente está digitalizado.
Entre los sellos activos alcanzados aparecen Acción Marplatense, Movimiento para la Victoria, Rivadavia Primero, GEN, Kolina, Partido Socialista, UNIR y Nuevo Encuentro. Tras la publicación durante tres días en el Boletín Oficial, el rezago será donado a la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata.
La reforma que espera definición
El tercer frente es el anteproyecto elaborado el 14 de abril, cuando Hilda Kogan presidía la Junta, y acompañado por Eduardo Raúl Delbés, Gustavo De Santis, Francisco Agustín Hankovits y Federico Gastón Thea.
El texto fue remitido al Ministerio de Gobierno y llegó en copia a los presidentes de los bloques del Senado, después de conversaciones informales encabezadas por el subsecretario Carlos Safadi Márquez y el abogado adscripto Leandro Facchini, integrantes de la Dirección de Asesoramiento Técnico de la Suprema Corte.
La propuesta extiende de 60 a 80 días el plazo para presentar alianzas; lleva de 45 a 90 días el cierre del padrón de las primarias; amplía a 60 días la presentación de listas y a 45 la de boletas; y fija con 90 días de anticipación la convocatoria a la elección general. También propone designar autoridades de mesa 30 días antes, establece campañas de 60 días, limita la propaganda en medios a los últimos 15 y permite difundir encuestas hasta ocho días antes de la votación.
La discusión convive con las PASO, la Boleta Única y las reelecciones indefinidas. Este último proyecto, impulsado por el entonces senador Luis Vivona, fue aprobado en junio de 2025 por 22 votos contra 22, con desempate favorable de la vicegobernadora Verónica Magario; según el estado informado en mayo, seguía pendiente en Diputados.
La Junta justificó su iniciativa en los inconvenientes del último proceso y sostuvo que ampliar los tiempos permitiría “humanizar” el trabajo administrativo, garantizar el derecho de defensa de las fuerzas políticas y dotar de mayor transparencia al proceso.