Semana clave por las reelecciones indefinidas: los votos que faltan, la interna peronista y el mapa de 2027

La discusión por las reelecciones indefinidas entra en una semana que puede definir si el proyecto impulsado por el kicillofismo comienza finalmente a moverse o permanece atrapado en las diferencias internas del peronismo. La iniciativa está presentada, conserva estado parlamentario y tiene una comisión asignada, pero todavía carece del elemento decisivo: los votos para atravesar el Senado y la Cámara de Diputados.

El primer movimiento será la reunión prevista para este lunes entre el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la senadora Malena Galmarini, referente del Frente Renovador. El encuentro buscará acercar posiciones entre dos sectores de Fuerza Patria que mantienen visiones enfrentadas sobre el límite a los mandatos.

Un día después fue convocada la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de la Cámara alta, presidida por Galmarini. Aunque el proyecto no está formalmente radicado allí, la reunión puede convertirse en una caja de resonancia de las negociaciones y abrir una discusión más amplia sobre las reglas que regirán las elecciones de 2027.

El debate no se limita a determinar cuánto tiempo puede permanecer un intendente en su cargo. En juego están la estructura territorial del peronismo, la estrategia nacional de Axel Kicillof, el futuro de las PASO, un posible desdoblamiento electoral y el reparto de poder dentro del oficialismo bonaerense.

Una negociación dentro del peronismo

La reunión entre Bianco y Galmarini fue solicitada formalmente por la senadora mediante una nota presentada en la Gobernación. El procedimiento expuso las dificultades de comunicación entre espacios que comparten el frente oficialista, pero sostienen posiciones diferentes sobre el régimen electoral.

Bianco defiende la eliminación de las restricciones. El ministro sostiene que impedir una nueva candidatura funciona como una limitación a la voluntad popular, especialmente en el ámbito municipal, donde la relación entre el gobierno y los vecinos es más directa.

“Quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, son los ciudadanos”, afirmó el funcionario. Según su interpretación, el límite establecido por ley tiene un carácter “proscriptivo” porque la Constitución bonaerense no fija una prohibición equivalente para los intendentes.

El Frente Renovador parte de la posición contraria. El espacio conducido por Sergio Massa fue uno de los impulsores de la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal, y reivindica la alternancia como una de sus banderas institucionales.

Sin embargo, sus referentes admiten que, si otros sectores reúnen los votos necesarios para modificar la norma, no necesariamente bloquearán el tratamiento.  Esa diferencia abre un margen para negociar una abstención, una reforma alternativa o la incorporación del asunto dentro de un paquete electoral más amplio.

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Qué propone el proyecto de Ayelén Durán

El expediente E-136/25-26 fue presentado en mayo de 2025 por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político conducido por Kicillof.

El texto propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley Provincial de Educación. También plantea derogar artículos de las leyes 14.836 y 15.315, que actualmente regulan los límites y el cómputo de los mandatos consecutivos.

Aunque el centro de la discusión política está puesto en los intendentes, el alcance del proyecto es mayor: también comprende a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La Ley 14.836 establece que intendentes y concejales pueden ser reelectos por un período consecutivo. Después de completar dos mandatos seguidos, deben dejar transcurrir un período antes de intentar regresar al mismo cargo.

La modificación aprobada mediante la Ley 15.315, promulgada en enero de 2022, cambió la forma de contabilizar los períodos y permitió que numerosos dirigentes volvieran a competir en 2023. Ese margen ya no resolverá la situación de quienes asumieron en 2019 y fueron reelegidos cuatro años después.

El proyecto de Durán permanece en la Comisión de Legislación General, presidida por el senador de Fuerza Patria Germán Lago. El registro legislativo oficial lo mantiene “en estudio”, sin despacho ni fecha confirmada de tratamiento.

Galmarini había reclamado que el expediente fuera girado también a Reforma Política y Régimen Electoral, el cuerpo que preside. Su argumento es que una modificación de esta magnitud debe analizarse junto con el resto de las reglas electorales.

Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario sostienen que el tratamiento debe continuar en Legislación General. Allí el sector del gobernador se encuentra en mejores condiciones para conseguir un dictamen favorable.

La semana pasada, sin embargo, la comisión se reunió y el proyecto no formó parte del orden del día. Lago trató otros expedientes, pero evitó incluir la eliminación de los límites. “No es un tema para tratarlo medio a la ligera”, había advertido el senador. También sostuvo que la iniciativa aguarda el “tiempo propicio” para ser considerada.

Los votos todavía no están

El oficialismo necesita acuerdos externos e internos. El Senado bonaerense se encuentra dividido en bloques que obligan a negociar cada votación, y una eventual aprobación en la Cámara alta no garantizaría el mismo resultado en Diputados.

El antecedente más cercano muestra la dificultad. En junio de 2025, el Senado aprobó la posibilidad de nuevas postulaciones para cargos legislativos, pero el capítulo correspondiente a los intendentes terminó empatado. El voto negativo de la massista Sofía Vannelli resultó determinante.

Ahora el kicillofismo intenta evitar que se repita ese escenario. Antes de poner el expediente en consideración, busca cerrar una negociación con el Frente Renovador, el kirchnerismo y sectores opositores que podrían acompañar o facilitar el tratamiento.

La Libertad Avanza tampoco presenta una posición completamente uniforme. Algunos legisladores rechazan las permanencias prolongadas, mientras otros se muestran dispuestos a discutir una salida vinculada con la autonomía municipal.

El PRO y espacios radicales defienden mayoritariamente el límite vigente, aunque dentro de la oposición también existen intendentes alcanzados por la prohibición que observan el debate con interés.

El mapa de los 80 intendentes

La magnitud de la discusión se comprende al observar su impacto territorial. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, si la legislación permanece sin cambios, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán buscar otro mandato consecutivo en 2027.

Más de la mitad pertenece al peronismo. La imposibilidad de competir obligaría a reemplazar candidatos en numerosos municipios del Conurbano y el interior, con el riesgo de abrir disputas sucesorias y debilitar estructuras que actualmente responden al gobernador.

Para el Movimiento Derecho al Futuro, la continuidad de esos jefes comunales permitiría conservar el despliegue territorial, ordenar las listas locales y sostener una campaña provincial articulada con la eventual proyección nacional de Kicillof.

La situación también impacta sobre la oposición. Intendentes radicales y del PRO quedarían impedidos de competir, aunque sus partidos mantienen una posición institucional más favorable a la alternancia.

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En el entorno de Kicillof consideran que el tema debería resolverse antes de que el gobernador defina su hoja de ruta electoral. Formalmente, el mandatario sostiene que todavía no está en campaña y que su prioridad es construir el Movimiento Derecho al Futuro.

Sin embargo, las señales de proyección nacional son cada vez más visibles. Los actos partidarios, los encuentros con dirigentes de otras provincias y los respaldos públicos a una eventual candidatura presidencial ubican a 2027 en el centro de las especulaciones.

La continuidad de decenas de intendentes peronistas podría aportar estructura, fiscales, militancia y capacidad de movilización a ese armado. En cambio, un recambio simultáneo en numerosos distritos obligaría a concentrar esfuerzos en las sucesiones municipales.