Peronismo y oposición se unen para cambiar cómo se discuten los impuestos de ARBA
Una reforma del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires reunió a seis diputados de espacios políticos diferentes alrededor de un tema que puede tener un impacto concreto para empresas y contribuyentes: cuánto costará discutir una decisión impositiva de ARBA y cómo funcionará el organismo encargado de revisarla.
El proyecto, identificado como D-3107/26-27 y presentado el 26 de agosto, lleva las firmas de Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman del bloque peronista Unión por la Patria, Diego Garciarena de UCR + Cambio Federal, Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello del PRO, y Martín Rozas de Unión y Libertad. La iniciativa reúne así a dirigentes del oficialismo y la oposición en una modificación que va bastante más allá de una actualización administrativa.
Para entender su alcance no hace falta entrar en lenguaje tributario. El Tribunal Fiscal funciona como una instancia especializada a la que puede recurrir un contribuyente cuando cuestiona, por ejemplo, una determinación de impuestos o una multa aplicada por ARBA. El proyecto ahora propone cobrar una tasa para acceder a esa revisión.
Cuánto costaría discutir una decisión de ARBA
La iniciativa crea una Tasa de Actuación equivalente al 0,60% del monto económico que esté en discusión. Si un contribuyente cuestionara, por ejemplo, una determinación de $100 millones, debería pagar $600.000 para que su recurso tramite ante el Tribunal Fiscal.
El cobro también alcanzaría a multas y a reclamos por devolución o compensación de impuestos. Para los planteos que no puedan traducirse en una suma de dinero se establece un mecanismo diferente, tomando como referencia el monto mínimo habilitado para recurrir.
El punto más sensible aparece cuando la tasa no se paga. El proyecto prevé una intimación por diez días y, vencido ese plazo, el recurso dejaría de ser tratado como una apelación ante el Tribunal Fiscal y pasaría a tramitar como una reconsideración dentro de la administración tributaria.
La diferencia es importante para el contribuyente. La reforma no solamente incorpora un nuevo costo: vincula ese pago con la posibilidad de que el planteo sea revisado por el organismo especializado que interviene después de una decisión de ARBA.
La propuesta argumenta que se trata de una contraprestación por el servicio que presta el Tribunal y que existen antecedentes de tasas similares en otras jurisdicciones. El debate legislativo deberá resolver ahora si ese mecanismo resulta adecuado para financiar y fortalecer la instancia de revisión tributaria.
Un nuevo fondo y una estructura más grande
La plata que ingrese por la nueva tasa tendría además un destino específico. El proyecto crea el Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET) y establece que el 100% de lo recaudado será destinado a una cuenta especial.
La administración y distribución de esos recursos quedaría en manos del propio Tribunal Fiscal, mediante un acuerdo extraordinario de sus vocales. La iniciativa vincula ese fondo con la jerarquización del personal, la capacitación, la modernización tecnológica y el fortalecimiento del organismo.
La reforma también amplía las posibilidades de crecimiento de la estructura interna. Actualmente el Tribunal está integrado por nueve vocales y la legislación contempla un relator por cada uno. El nuevo esquema permitiría que cada vocal cuente con hasta tres relatores, lo que eleva el máximo posible de nueve a 27.
Eso no supone la incorporación automática de 18 personas, pero sí habilita legalmente una estructura considerablemente mayor a la prevista hasta ahora.
También se modifica el sistema de reemplazos cuando un vocal no puede intervenir y se cambia la referencia utilizada para establecer sus remuneraciones: dejarían de estar equiparadas a las de los jueces de Cámara de Apelación para pasar a vincularse con las de los vocales del Tribunal de Cuentas, incluido su régimen previsional.
De un Tribunal casi vacío a una reforma multipartidaria
La iniciativa aparece después de una etapa especialmente particular para el organismo. Durante 2025, distintas vacantes llevaron al Tribunal Fiscal a una situación crítica. Desde octubre de ese año quedó un solo vocal titular, sobre una estructura prevista para nueve integrantes.
La recomposición llegó pocos meses después. Los pliegos obtuvieron acuerdo legislativo a fines de 2025 y en febrero de 2026 el gobernador Axel Kicillof designó ocho nuevos vocales. Con esas incorporaciones se completó nuevamente la integración del Tribunal. Entre ese proceso y la presentación del proyecto transcurrieron apenas seis meses.
Los acuerdos para cubrir las vacantes avanzaron en el Senado bonaerense durante las semanas en las que el oficialismo y distintos sectores de la oposición también negociaban el paquete de endeudamiento provincial y otros cargos institucionales. Ahora, representantes de varios de esos espacios vuelven a coincidir alrededor del funcionamiento del mismo organismo.
La reforma combina así dos discusiones. Por un lado, busca acelerar y fortalecer un Tribunal que atravesó años de dificultades para completar su integración. Por otro, modifica de manera concreta las condiciones bajo las cuales los contribuyentes podrán discutir determinaciones tributarias.
El proyecto ya fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados. Allí comenzará el debate sobre una iniciativa que, detrás de una reforma institucional, pone sobre la mesa una cuestión mucho más cotidiana: cuánto deberá pagar un contribuyente bonaerense para recurrir una decisión de ARBA y qué estructura se financiará con ese dinero.