Redacción Grupo La Provincia
Mientras la atención se centraba en la interna del oficialismo en el Congreso, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se mantenía confiada en que la investigación sobre los alimentos vencidos en los depósitos de su ministerio avanzaba lentamente o estaba estancada.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se conoció que la Dirección de Logística, a cargo de Pablo Berardi, debía entregar antes de las 10:30 de la mañana un respaldo completo de su computadora a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina. Esta orden provino del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº7, que lleva adelante la causa iniciada por Juan Grabois.
El propio Grabois fue quien, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la medida judicial, calificando a Pettovello como una "incumplidora serial" que, según él, "dejó a los pibes sin comer y ocultó pruebas".
La orden del juez Sebastián Casanello, que lidera la investigación, exige también la entrega de todas las órdenes de entrega de alimentos desde el 27 de mayo de 2024, así como los registros diarios de los depósitos de Buenos Aires y el Centro Operativo Tucumán, detallando el stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos.
Además, se solicitó acceso al sistema informático S.U.M.A., que registra todos los movimientos de los alimentos desde la misma fecha. La orden incluye el acceso a cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios del ministerio, con el fin de revisar todos los correos enviados y recibidos desde el 27 de mayo en adelante.
En el marco de esta investigación, el juez Casanello ordenó este jueves un allanamiento en las oficinas de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano, para secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, el stock y las fechas de entrega de los alimentos.
Esta acción se da como parte de una medida cautelar que obliga al ministerio, dirigido por Pettovello, a distribuir las 6 mil toneladas de alimentos que permanecen retenidas en galpones. Hasta el momento, no se han comunicado oficialmente los resultados del allanamiento.
Fuentes cercanas al gobierno señalaron que desde el inicio de la actual administración, se ha promovido la transparencia en la distribución de recursos, priorizando la asistencia directa a las familias vulnerables. Sin embargo, desde el entorno de Pettovello, se afirma que los recientes pedidos judiciales buscan "interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas", algo que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
