Mariana PortillaEntrevista a Laura Braiza, concejal de Unión por la Patria de Vicente López.
En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Soledad Martínez en Vicente López, marcada por denuncias de hacinamiento en los barrios más humildes, aumento de la inseguridad, falta de políticas sanitarias y "destrato" a las personas en situación de calle. También se suma el reclamo por el abandono de la clase media, que ve desaparecer servicios esenciales en un contexto de recesión y ajuste.
En esta oportunidad, dialogamos con la concejal del bloque de Unión por la Patria, Laura Braiza, quien pidió que la administración local "gobierne para todos y no para un sector que sale beneficiado con las obras inmobiliarias".
-¿Cómo está Vicente López bajo la gestión de Soledad Martínez?
Vicente López es un municipio con mucho potencial de crecimiento y nuestro objetivo, como bloque opositor, es controlar la gestión municipal y proponer soluciones para optimizar el uso del presupuesto, que es el más alto de la provincia de Buenos Aires y de Latinoamérica.
Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.
-Teniendo en cuenta ese presupuesto, ¿en qué áreas considera que hubo recortes significativos para este año?
La gestión local ha cerrado salas de salud justificando que “no hay plata”, está reduciendo talleres y servicios comunitarios. Vicente López tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos, una suma enorme para un municipio pequeño, de apenas 33 km², y esto debería permitir pensar en políticas culturales más inclusivas, mejorar la planificación urbana y abordar problemas como el tránsito, el arbolado y el estado de las veredas.
-Desde su bloque, ¿por qué decidieron no acompañar el aumento de tasas propuesto por el Ejecutivo a fin de año?
No lo acompañamos porque sostenemos que los fondos podrían utilizarse de otra manera. En cada sesión insistimos con propuestas concretas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. Un ejemplo claro es el presupuesto participativo, una herramienta que apoyamos porque fomenta la participación ciudadana. Sin embargo, apenas se destina el 0,40% del presupuesto a este mecanismo, lo que obliga a los vecinos a decidir entre arreglar un club o instalar una cámara de seguridad, cuando esto último debería ser responsabilidad directa del municipio.
Otro caso es el de la Plaza de Olivos, cuya remodelación costará 1.300 millones de pesos, una cifra similar a la del presupuesto participativo. Los vecinos han manifestado que la obra no es necesaria y organizaron abrazos simbólicos en defensa del espacio, pero no son escuchados. Esto demuestra que no solo hay una distribución cuestionable de los recursos, sino también una falta de diálogo por parte del gobierno municipal.
Vecinos se oponen a la intervención municipal en una plaza de Olivos.
-El desarrollo inmobiliario en Vicente López es otro tema de preocupación. ¿Cuál es la situación actual y cómo ha respondido el Ejecutivo a los reclamos vecinales?
Escuchar a los vecinos no es una característica del gobierno municipal. Existen ordenanzas que establecen la creación de comisiones de trabajo con participación vecinal, pero no se convocan. Es decir, ni siquiera se cumplen las normativas que permitirían una discusión formal sobre estos temas.
Cuando Jorge Macri asumió hace 13 años, prometió frenar las excepciones y regular el desarrollo inmobiliario, un discurso similar al que usa ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, si hoy recorremos Vicente López, vemos construcciones que no cumplen con el Código de Ordenamiento Urbano. Además, se está planificando una “amnistía” que busca regularizar en bloque todas las construcciones irregulares. Esto implica que una familia que amplió su casa para acomodar a sus hijos o a parte de su familia en plena crisis económica será tratada de la misma manera que un emprendimiento de 20 pisos en Avenida del Libertador. Y uno va por Libertador y ve el nivel de locura inmobiliaria.
Reclamo vecinal en el Concejo Deliberante de Vicente López.
Un caso reciente es la construcción de un gran edificio sobre el río, donde la Municipalidad otorgó 1.000 m² a un privado mediante un decreto, sin obtener una contraprestación para la comunidad. No estamos en contra de la construcción, sino de la falta de planificación y control. Queremos que los negocios inmobiliarios dejen un beneficio real para los vecinos, ya sea en términos de infraestructura, servicios o mejoras en la movilidad urbana. Pero al decisión tiene que salir de un municipio que gobierne para todos y no para un sector que sale beneficiado con obras de estas características.
