Duro informe: ajuste, represión y retrocesos en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe Anual 2024, y encendió una fuerte señal de alarma sobre la situación en Argentina durante la gestión de Javier Milei. Según el documento, se registraron "retrocesos significativos" en la protección de derechos humanos, como consecuencia directa del ajuste estructural impulsado por el Ejecutivo.

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El informe del organismo regional apuntó contra la reorganización y reducción del Estado promovida por La Libertad Avanza (LLA), que habría tenido efectos devastadores sobre la protección social, los derechos de género y las políticas públicas en memoria, verdad y justicia.

Recortes sociales sin red de contención

La CIDH fue enfática al advertir que los recortes en programas de asistencia se realizaron "sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables", como los trabajadores de la economía popular, y que ello trajo consecuencias negativas sobre el sistema de jubilaciones y pensiones.

Además, se alertó sobre el debilitamiento en la lucha contra la violencia de género, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), y la desaparición de estructuras institucionales clave para garantizar la protección de los sectores históricamente excluidos.

Represión y estigmatización desde el Estado

Uno de los puntos más sensibles del informe fue la represión policial. Según la CIDH, en 2024 se registraron episodios de uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas, con foco especial en la violenta respuesta durante las protestas por la Ley Bases y el veto presidencial a la movilidad jubilatoria.

El organismo también denunció un “deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión”, marcado por una baja tolerancia del Ejecutivo a las críticas, y discursos estigmatizantes dirigidos a la prensa, en especial contra periodistas mujeres.

Ausencia de políticas de género y ataques a la diversidad

En el plano de los derechos de las mujeres, la CIDH subrayó un dato alarmante: por primera vez en 40 años, Argentina no cuenta con un organismo rector para el diseño y ejecución de políticas contra la violencia de género.

Asimismo, el informe reflejó denuncias de organizaciones sociales y medios sobre el aumento de discursos oficiales contra la diversidad sexual y la perspectiva de género, así como restricciones en la aplicación de la Ley de Identidad de Género para personas privadas de libertad.

Memoria, justicia y acceso a la información: instituciones en riesgo

Pese a reconocer avances en juicios de lesa humanidad, el informe lamentó el vaciamiento de políticas de memoria y la reducción de herramientas institucionales para continuar el trabajo en verdad y justicia. La CIDH advirtió que la modificación de normativas de acceso a la información pública representa un serio retroceso en la transparencia estatal.

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“El cierre de espacios institucionales clave y el debilitamiento de las capacidades de litigio reflejan un retroceso profundo en los compromisos históricos de Argentina en materia de derechos humanos”, concluyó el informe.