Presupuesto 2026: CARBAP apuntó y la Provincia respondió

La tensión entre la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y el gobierno bonaerense volvió a quedar expuesta tras un fuerte cruce por el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la Ley de Financiamiento. 

La entidad ruralista, encabezada por Ignacio Kovarsky, había lanzado duras críticas al paquete económico de Axel Kicillof. La Provincia, en respuesta, defendió el esquema tributario y volvió a poner el foco en la necesidad de acompañar a los sectores productivos mientras sostiene servicios esenciales.

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CARBAP cuestionó con dureza que el presupuesto prioriza “más cargos, más estructuras y más gasto político”, al tiempo que denunció que los acuerdos alcanzados para avanzar con la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento provincial “dejan en evidencia que no se busca el bienestar ciudadano”.

Según la organización, la posible ampliación del directorio del Banco Provincia —de ocho a doce miembros— es “una señal inequívoca” de negociaciones atadas a “beneficios partidarios antes que a una agenda de austeridad, eficiencia o equilibrio fiscal”.

La crítica se enmarca en una relación históricamente tirante, atravesada por conflictos como el Impuesto Inmobiliario Rural o las discusiones por el Puerto de Quequén. CARBAP asegura que el Presupuesto 2026 “no contempla un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado” y advierte que, en paralelo al debate político, “la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap.

La respuesta de la Provincia y la defensa del esquema fiscal

El contrapunto se profundizó durante el tradicional cóctel de fin de año de las “Cuatro Cadenas” —soja, maíz, trigo y girasol— en la Bolsa de Cereales porteña. Allí, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, salió al cruce de las críticas y remarcó que el gobierno provincial mantiene un canal de diálogo permanente con las entidades rurales.

“Les presentamos lo que estamos proponiendo: una actualización del Inmobiliario Rural que está por debajo de la inflación. Estamos proponiendo la quita de la quinta cuota y también que se mantengan las bonificaciones”, señaló Rodríguez en una entrevista. Frente al reclamo de que esas bonificaciones deberían realizarse por ley, el ministro sostuvo que la Provincia ha sido consistente en sostenerlas año tras año.

Rodríguez también explicó que el esquema fiscal contempla “acompañar a la producción y a los sectores productivos” y, al mismo tiempo, asegurar los recursos para responsabilidades como seguridad, educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.

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El año productivo y las críticas al gobierno nacional

El ministro hizo además un balance del año para el sector agropecuario, marcado por extremos climáticos: “Las inundaciones están y han sido un problema serio, pero también hubo condiciones que generaron rindes muy importantes y salvaron la rentabilidad”. Según detalló, el cambio en los costos de insumos y fletes había complicado la ecuación económica, pero el clima permitió revertir ese escenario.

Rodríguez describió el contexto productivo como una “montaña rusa”, atravesada por vaivenes macroeconómicos que dificultaron la planificación. Señaló “serias dificultades” en la industria y la agroindustria, con cierres de frigoríficos en Bahía Blanca y Tres Arroyos y de empresas lácteas en Lincoln y Suipacha. También mencionó el reciente cierre de Whirlpool, con 300 despidos, para ilustrar un escenario que calificó como “claramente negativo”.

Sobre el vínculo con el gobierno nacional, el ministro cuestionó la escasa convocatoria al Consejo Federal Agropecuario y planteó objeciones al cierre del INTA AMBA, al esquema de créditos UVA que exige escalas mínimas altas y a la paralización de la obra del río Salado. “Hay un esquema macroeconómico muy hostil a la producción”, afirmó.