El kirchnerismo vuelve a tensar la cuerda en el Senado bonaerense

Luego de los episodios de violencia registrados en Quilmes y Lanús, el kirchnerismo decidió escalar el conflicto interno del peronismo bonaerense al plano institucional. Un grupo de senadores alineados con Cristina Fernández de Kirchner volvió a exigir este martes una sesión especial en el Senado provincial antes de fin de año, en un movimiento que vuelve a tensar la relación con la vicegobernadora Verónica Magario y con el esquema político que responde al gobernador Axel Kicillof.

El pedido apunta a forzar el tratamiento de dos proyectos del Poder Ejecutivo que perderán estado parlamentario, dejar sin efecto la sesión preparatoria y redefinir la distribución de las vicepresidencias de la Cámara alta, un punto clave porque articula con la línea de sucesión del Ejecutivo provincial. Allí, el kirchnerismo busca quedarse con la vicepresidencia primera.

Los senadores responsabilizaron directamente a Magario por la eventual caída de los proyectos sanitarios si no se convoca a sesionar el lunes 29 de diciembre. “Usted fue elegida para representar un proyecto político que prioriza la salud pública como un derecho fundamental”, plantearon en la misiva, donde además advirtieron que ignorar el pedido “implica no solo una falta administrativa al Reglamento, sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”.

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El trasfondo político y la disputa por el poder

Más allá de los proyectos vinculados a la creación de un laboratorio estatal de medicamentos y una empresa bonaerense de emergencias en salud —ya aprobados en Diputados—, el reclamo tiene un trasfondo claramente político. El kirchnerismo insiste en definir las autoridades del Senado, donde hoy solo está cubierta la vicepresidencia quinta.

“No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria”, remarcaron los legisladores K, en una señal de presión directa. El peronismo cuenta actualmente con 24 de los 46 senadores, lo que le garantiza quórum propio.

Desde el sector camporista, Emmanuel González Santalla lanzó una crítica directa: “Los mismos que hace poco decían sin ningún fundamento que el ‘kirchnerismo lima al gobernador y no le aprueba los proyectos’ son los que ahora se los dejan caer. No sé de qué se van a disfrazar”.

Magario, sin embargo, ya había fijado una convocatoria para el 26 de febrero, una fecha que se superpone con la negociación por la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense y que se interpreta como una jugada para descomprimir la avanzada interna.

Quilmes y Lanús, el detonante

La nueva ofensiva legislativa se produce después de una escalada de tensión que tuvo su expresión más visible esta semana en Quilmes y Lanús, dos municipios gobernados por La Cámpora. En ambos distritos se registraron episodios de violencia protagonizados por sectores del peronismo que mantienen disputas abiertas con las gestiones locales.

En Quilmes, el conflicto estalló tras la aprobación del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal y otros mecanismos de control vehicular. La medida afectó directamente a los cuidacoches, nucleados en la UTEP, espacio referenciado en Juan Grabois. Desde esa organización denunciaron que se trataba de un “paquete de negocios” para beneficiar a privados, algo que el municipio negó de plano.

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“Lo que no se va a hacer es adjudicar directamente a una cooperativa”, respondieron desde la comuna. La exintendenta local y diputada provincial Mayra Mendoza fue más directa y, en un audio dirigido a Grabois, le recriminó: “Me faltás el respeto, no sé quién te creés que sos, fomentás la violencia”.

En Lanús, la situación tuvo características similares. Un grupo de militantes, que según el municipio responde al Movimiento Evita, se manifestó en el edificio comunal. Desde la gestión de Julián Álvarez señalaron que se trató de “un piquete con intencionalidad política y no un reclamo genuino de vecinos”.

Mientras el kirchnerismo intenta capitalizar el conflicto desde el Senado, el kicillofismo y los municipios buscan cerrar filas y contener una interna que amenaza con seguir escalando en pleno cierre de año legislativo.