Fuerte fallo judicial contra el Gobierno por discapacidad

El Juzgado Federal de Campana intimó al Gobierno nacional a demostrar, en un plazo de cinco días hábiles, avances concretos en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución judicial exige documentación respaldatoria y advierte que no se aceptarán informes genéricos sin sustento material.

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La medida se dictó en el marco de un amparo colectivo iniciado contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud por demoras en el cumplimiento de la norma, sancionada para garantizar la continuidad del sistema de prestaciones y el acceso a derechos básicos.

Un amparo colectivo y una advertencia explícita

La causa se originó a partir de la presentación de un padre en representación de sus hijos y fue ampliándose con la intervención de organizaciones especializadas y del Ministerio Público, lo que consolidó su carácter colectivo.

El juez Adrián González Charvay fue contundente: el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten avances efectivos. Según el fallo, no serán válidas presentaciones basadas en meras “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos” que no tengan respaldo administrativo concreto.

Cinco días hábiles y riesgo de sanciones personales

La intimación judicial incluye un apercibimiento expreso. En caso de incumplimiento, el juzgado dejó abierta la posibilidad de aplicar sanciones, entre ellas multas personales a los funcionarios responsables de la falta de implementación de la ley.

Aunque el Estado nacional apeló la resolución, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por la Justicia.

Qué exige la Justicia para dar por cumplida la ley

En el expediente N° 44035/2025, donde también intervienen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, el juzgado detalló una serie de requisitos indispensables para considerar válido el cumplimiento.

Documentación clave que debe presentar el Estado

• Actualización de aranceles a prestadores, con vigencia desde enero de 2025.
• Presentación de un plan de pago de las compensaciones adeudadas.
• Apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas del sector.
• Publicación del decreto reglamentario de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que acumula un atraso de tres meses.

Fecha límite y control judicial estricto

El Juzgado Federal de Campana fijó además un plazo definitivo para la plena ejecución de la norma: el 4 de febrero de 2026. Para esa fecha, el sistema deberá estar completamente operativo, con aranceles liquidados, planes de pago en marcha y el marco reglamentario vigente.

Como parte del control judicial, una auditoría incorporada al expediente confirmó que el trámite administrativo correspondiente permanece sin avances desde el 3 de enero de 2026, un dato que refuerza la presión sobre el Ejecutivo para acelerar los tiempos.

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Un fallo que tensiona al Gobierno

La resolución judicial abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei, que ahora enfrenta un cronograma estricto y la posibilidad de consecuencias personales para los funcionarios en caso de incumplimiento. La Justicia dejó claro que no habrá margen para dilaciones ni respuestas formales sin impacto real en el sistema de discapacidad.