Entre el control y la urgencia: se recalienta la discusión por los fondos para obras

El gobierno de Axel Kicillof avanzó con un esquema más estricto para el uso de los recursos destinados a infraestructura municipal y abrió un nuevo foco de tensión con los intendentes, en un contexto de fuerte deterioro financiero en las comunas. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, y fija condiciones más exigentes para acceder a los desembolsos.

El movimiento del Ejecutivo coincidió con una nueva avanzada de jefes comunales en la Legislatura, donde este jueves volvieron a insistir con la necesidad de contar con fondos de libre disponibilidad para hacer frente a gastos corrientes, en especial salarios y aguinaldos.

La normativa reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, creado bajo la Ley 15.561, y establece una batería de requisitos técnicos y administrativos para habilitar transferencias. Los municipios deberán presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, documentación sobre la titularidad de los predios y certificaciones firmadas por funcionarios locales.

Además, la Provincia se reservó la facultad de evaluar la “razonabilidad” de los montos y verificar que no haya superposición con otras obras. La Dirección Provincial de Infraestructura Municipal será la encargada de analizar cada proyecto antes de autorizar los fondos.

El esquema también introduce un sistema de desembolsos escalonados atados al avance físico de obra. El segundo giro quedará condicionado a un progreso mínimo del 20%, mientras que el tercero exigirá superar el 50% de ejecución y presentar la rendición correspondiente. Incluso se habilita la posibilidad de frenar pagos si los distritos obstaculizan los controles, con eventual intervención del Tribunal de Cuentas.

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Intendentes en alerta y presión en la Legislatura

La decisión llega en medio de una ofensiva transversal de intendentes que reclaman flexibilizar el uso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Hoy, el 70% de esos recursos se distribuye automáticamente por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), pero el 30% restante está atado a programas específicos.

El planteo ya reúne cerca de 70 firmas de alcaldes de distintos espacios políticos, desde el radicalismo hasta el peronismo y el PRO, con respaldo del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo. La demanda es clara: los intendentes advierten que la situación “no resulta sostenible en el tiempo” y que muchos municipios enfrentan dificultades concretas para garantizar el pago de salarios y aguinaldos.

La lógica que plantean es directa: en un escenario de emergencia, la prioridad dejó de ser la obra pública para pasar a ser la administración cotidiana. “Lo más práctico sería que manden la plata y podamos usarla para lo que necesitamos todos los días”, resumió un jefe comunal involucrado en las negociaciones.

La tensión también se trasladó al plano legislativo. En Diputados, dirigentes como Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich impulsan iniciativas para reforzar el control político sobre el uso de los fondos y avanzar con la conformación de una comisión bicameral.

Desde sectores del radicalismo, además, empujan un proyecto para modificar el esquema actual y habilitar mayor discrecionalidad a los municipios. “No podemos crear trabas burocráticas para nuestros intendentes, que son el primer mostrador frente al vecino”, señalaron desde ese espacio, en coordinación con legisladores de otras fuerzas.

El equilibrio que busca la Provincia

En el Ejecutivo bonaerense admiten la complejidad del escenario financiero que atraviesan los municipios, pero defienden la necesidad de establecer controles más estrictos sobre recursos provenientes del endeudamiento. La reglamentación incorpora auditorías cruzadas de organismos como la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado.

El objetivo oficial es asegurar que los fondos se destinen a obras consideradas prioritarias y que se ejecuten en tiempo y forma. Sin embargo, la contracara es una creciente incomodidad política con los intendentes, que ven cada vez más limitado su margen de maniobra en medio de una crisis que golpea de lleno las cuentas locales. “Todos lloramos las mismas miserias”, sintetizó un jefe comunal del peronismo al describir el clima que atraviesa a los municipios.