De Leo quiere explicaciones sobre qué está pasando en la Dirección Provincial de Catastro Territorial

El titular del bloque de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés de Leo, presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense explique qué está pasando en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, prácticamente paralizada desde hace meses por medidas de fuerza impulsadas por ATE. 

"Detrás de cada expediente frenado hay familias, profesionales, municipios y vecinos que necesitan que el Estado funcione.  La Provincia no puede naturalizar este nivel de demora e incertidumbre", argumentó.

Protesta gremial con retención escalonada de tareas

Cabe indicar que una protesta gremial en la Gerencia General de Catastro de ARBA, organismo a cargo de Cristian Girard, es el motivo por el cual planos, estados parcelarios y escrituras no salen desde hace por lo menos dos meses. No se trata de una suspensión total de tareas, sino de una retención escalonada que limita la aprobación diaria de estados parcelarios a solo 18 para toda la provincia. Se calcula que la gerencia que valida planos y registra estados parcelarios actualmente trabaja a un cuarto de su capacidad.

De Leo pide informes a Kicillof

En ese marco, De Leo solicitó que la administración de Kicillof informe cuál es la situación actual del conflicto gremial y administrativo que afecta áreas esenciales dependientes de ARBA y que también indique que dependencias se encuentran alcanzadas por las retenciones de tareas de los estales bonaerenses.

El legislador pidió que se precise la cantidad de expedientes, trámites y actuaciones administrativas que se encuentran demoradas como consecuencia del conflicto referido, cuál es actualmente el tiempo promedio de demora de los tramites y si la administración implementó medidas de contingencia frente a esta situación.

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“Debe tenerse presente que la paralización o demora significativa de actuaciones catastrales genera consecuencias concretas y directas sobre particulares, empresas, municipios y organismos públicos, afectando operaciones de toda índole como inmobiliarias, escrituraciones, desarrollos urbanísticos, entre otros”, señaló De Leo.

Y advirtió que la persistencia de este tipo de conflictos podría derivar en perjuicios económicos para la provincia de Buenos Aires, no sólo por la afectación de la actividad inmobiliaria y de inversión privada, sino también por eventuales demoras en procesos de valuación, registración y actualización de información territorial con incidencia fiscal y administrativa.