“No podíamos permitirlo”: cómo la Provincia desactivó una crisis que ponía en riesgo a 400 trabajadores de una línea de colectivos
Mariana Portilla


La quiebra de una empresa de transporte, la amenaza de cientos de despidos y la posible interrupción de un servicio utilizado diariamente por miles de pasajeros conformaban un escenario de creciente preocupación en el norte del conurbano bonaerense. Frente a ese panorama, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires logró cerrar una negociación que permitió garantizar la continuidad de los recorridos y preservar alrededor de 400 puestos de trabajo.
La solución llegó luego de meses de incertidumbre en torno a la situación de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), firma que operaba la histórica línea 707, conocida popularmente como “La Rosita”, y que atravesaba una compleja situación económica y judicial que había puesto en jaque tanto la prestación del servicio como la estabilidad laboral de sus trabajadores.
El acuerdo fue encabezado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y contó con la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, junto a las empresas Transporte Automotor La Plata (TALP S.A.), La Primera de Martínez S.A. y Compañía Noroeste S.A.
A partir de este entendimiento, las compañías asumirán la operación de los recorridos que hasta ahora prestaba MOGSM, garantizando la continuidad del servicio mientras se avanza en una solución definitiva para regularizar el esquema operativo.
“Después de mucho trabajo, avanzamos en la autorización para que nuevas empresas puedan cubrir los recorridos y garantizarles a las y los vecinos de San Isidro y de los municipios aledaños este servicio esencial de movilidad, tan necesario en un contexto económico complejo como el que atraviesa nuestro país”, expresó Marinucci tras la firma del convenio.
El ministro remarcó que la prioridad fue evitar que la crisis derivara en la pérdida de empleos y en una afectación directa para los usuarios. “No podíamos permitir que 400 familias se quedaran sin su fuente de ingreso ni que miles de vecinos se quedaran sin transporte. Cuando hay voluntad de trabajo entre el Estado, los trabajadores y el sector empresario, las soluciones llegan”, sostuvo.
Desde la cartera bonaerense explicaron que la medida permitirá mantener la conectividad de miles de pasajeros mientras se trabaja en una solución permanente que garantice previsibilidad.
Cómo funcionará el esquema transitorio
Como parte del acuerdo, el Ministerio de Transporte habilitó de manera provisoria y por un plazo de 90 días a empresas que actualmente operan las líneas 314, 343, 228 y 338 para ampliar sus recorridos y absorber los servicios que prestaba la línea 707.
Desde la cartera bonaerense explicaron que la medida permitirá mantener la conectividad de miles de pasajeros mientras se trabaja en una solución permanente que garantice previsibilidad tanto para los usuarios como para los trabajadores involucrados.
“Tomamos una decisión rápida para que ningún vecino se quedara sin transporte y para proteger las fuentes de trabajo. Esta habilitación provisoria nos permite garantizar la continuidad del servicio mientras avanzamos hacia una solución definitiva”, agregó Marinucci.

Uno de los aspectos centrales del entendimiento fue la incorporación de trabajadores de la empresa saliente a las nuevas operadoras. El convenio contempla la absorción del personal necesario para sostener la prestación y evitar que la crisis empresarial se traduzca en despidos masivos.
Desde la UTA destacaron que la preservación de los puestos laborales fue el principal objetivo durante todo el proceso de negociación.
“La prioridad siempre fue defender cada puesto de trabajo. Este acuerdo nos permite llevar tranquilidad a cientos de familias que atravesaban una situación de enorme incertidumbre. Valoramos el esfuerzo realizado para encontrar una solución que proteja el empleo y garantice la continuidad del servicio”, señaló Roberto Fernández.
La situación había generado preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de quedar desvinculados como consecuencia de la quiebra de la empresa, en un contexto económico que dificulta la reinserción laboral y aumenta la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Una negociación entre Estado, gremio y empresas
Los representantes de las compañías que asumirán la operación coincidieron en destacar la articulación impulsada por el Ministerio de Transporte para alcanzar una salida en tiempos acotados y evitar una interrupción del servicio.
Según manifestaron, el desafío ahora será consolidar el nuevo esquema operativo y avanzar en mejoras que permitan fortalecer la conectividad en la región.
De la firma del acuerdo también participaron el subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires, Damián Contreras, y el director provincial Gonzalo Maldonado.
La resolución del conflicto permitió desactivar una situación que amenazaba con sumar un nuevo frente de tensión en el sistema de transporte bonaerense. Con la continuidad de los recorridos garantizada y la preservación de alrededor de 400 empleos, la Provincia logró encauzar una crisis que combinaba problemas empresariales, impacto social y la necesidad de sostener un servicio esencial para miles de usuarios.

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