Fondo de Fortalecimiento Fiscal en cero y asistencia federal desplomada: el recorte de Nación sobre la Provincia
CEPA registró entre enero y julio de 2026 una caída real del 100% frente al mismo período de 2023 en el programa destinado a Buenos Aires, bajas de hasta 99% en los envíos a gobiernos locales y severos retrocesos en obra pública, educación y políticas sociales.
Pamela Orellana
La ejecución presupuestaria nacional acumulada hasta julio de 2026 dejó un dato de impacto directo sobre la provincia de Buenos Aires: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal registró una caída real del 100% frente al mismo período de 2023. La comparación surge de un informe publicado el 9 de agosto por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que examinó el gasto devengado de la Administración Pública Nacional.
El caso bonaerense no aparece aislado. La asistencia financiera a provincias y municipios retrocedió 99% y la cooperación, asistencia técnica y capacitación destinada a los gobiernos locales cayó 98%. Para la administración de Axel Kicillof, el relevamiento aporta nuevas cifras a la discusión por los recursos que el Gobierno de Javier Milei dejó de girar o redujo durante su gestión.
La precisión metodológica resulta central: la mayoría de los porcentajes compara enero-julio de 2026 con el mismo lapso de 2023, a precios constantes de julio de este año. No se trata, por lo tanto, de variaciones interanuales contra 2025. En esa última medición, el gasto total nacional bajó 1%; frente a 2023, la contracción real llegó al 32%.
Un recorte que baja a los municipios
El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires figura con una reducción total en la apertura por transferencias y asistencia financiera. CEPA calculó las variaciones con información del sistema e-Sidif y del INDEC y describió el resultado como una ejecución nula respecto de la base utilizada.
El repliegue nacional alcanzó otros canales que sostienen políticas territoriales. Los recursos para entes de la Secretaría de Obras Públicas cayeron 89%; los destinados a organismos de Transporte, 56%; y los correspondientes a Energía, 86%. El programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional fue la excepción del bloque, con una mejora real del 1% frente a 2023.
La suma de estos registros deja a las provincias y las intendencias con menos respaldo nacional para financiar intervenciones locales. El propio informe sintetizó que las transferencias del Tesoro muestran “un ajuste casi total” y precisó que, para el programa dirigido a Buenos Aires, “el recorte es total”.
Obra pública cerca de la parálisis
La infraestructura exhibe algunos de los descensos más pronunciados. Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional y Obras de Seguridad en Rutas Nacionales marcaron bajas del 100%. Desarrollo de Obra Pública retrocedió 98%, mientras Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación y Construcción de Rutas Seguras disminuyeron 96%.
El cuadro también incluye una caída del 97% en Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del 85% en infraestructura hidráulica y del 77% en construcción de túneles y grandes puentes. La Dirección Nacional de Vialidad, tomada como organismo, redujo su ejecución real 83% frente a 2023.
CEPA calificó el nivel de actividad de varios de esos programas como “cercano a la paralización”. El impacto alcanza rutas, caminos, obras hidráulicas y servicios urbanos incluidos en partidas financiadas por la administración central.
Menos recursos sociales, más para Inteligencia
El informe también encontró retrocesos en áreas sociales. Educación y Cultura disminuyó 55% como función presupuestaria. Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes no registraron ejecución comparable frente a 2023; las becas estudiantiles cayeron 84%, la formación docente 92% y la infraestructura y el equipamiento educativo 97%.
En salud, el panorama varió según el organismo y el programa. La Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 58%, la ANMAT 37% y el Instituto Malbrán 31%. Los hospitales nacionales relevados mostraron bajas de entre 27% y 51%. Como contrapunto, el INCUCAI aumentó 72% y el programa de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica subió 28%.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayó 75%, el Plan Nacional de Protección Social 99% y los Comedores Comunitarios y Merenderos 61%. En sentido contrario, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó su ejecución real 33% frente a 2023, mientras los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11% del gasto total ejecutado.
CEPA concluyó que la magnitud de los recortes “plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales”.
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