Nuevas restricciones para operar con cheques abren un frente con el campo bonaerense y las pymes

Una modificación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un nuevo foco de reclamo entre entidades del campo y la industria. La Resolución General 1166/2026, vigente desde el 15 de septiembre, estableció que las transferencias pasan a ser la única vía habilitada para ingresar o retirar fondos de las cuentas utilizadas para operar en el mercado de capitales. CARBAP cuestionó la decisión desde el sector agropecuario bonaerense y la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió directamente suspender sus efectos. 

La discusión puede parecer técnica, pero toca una herramienta cotidiana para numerosas empresas. Hasta el cambio, los productores y las pymes alcanzados podían utilizar cheques físicos o electrónicos para determinados movimientos con los agentes a través de los cuales realizan inversiones o administran fondos. Ahora ese ingreso y salida de dinero deberá hacerse mediante transferencias desde o hacia cuentas identificadas a nombre del cliente. 

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El cambio no significa, sin embargo, que la CNV haya prohibido los cheques en todas las operaciones. La propia resolución aclara que no modifica la negociación de cheques de pago diferido, una herramienta extendida para financiarse. La restricción se concentra en la forma en que los agentes registrados reciben dinero de sus clientes y luego se lo entregan.

CARBAP advierte por el costo para producir

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) rechazó la nueva regulación y puso el foco en el impacto que podría tener sobre productores y empresas que utilizan estos instrumentos para manejar su capital de trabajo, es decir, los recursos necesarios para afrontar los gastos corrientes de la actividad.

La entidad reconoció que mejorar los controles y la posibilidad de seguir el recorrido de los fondos son objetivos legítimos, pero cuestionó que para alcanzarlos se reduzcan alternativas utilizadas por el sector productivo. Según planteó, la consecuencia podría ser un aumento de costos para productores y pymes.

Para CARBAP, el impacto puede sentirse con especial fuerza en el agro por el uso habitual de estos instrumentos para financiar la actividad y administrar el capital de trabajo. El planteo, sin embargo, excede al campo: la entidad advirtió que las nuevas condiciones también alcanzan a pymes y empresas productivas que recurren al cheque como una herramienta corriente para ordenar pagos, cobros y necesidades financieras.

El planteo de CARBAP encuentra además un dato particular en la Provincia: el descuento de cheques forma parte de las herramientas que el gobierno bonaerense utiliza para facilitar el acceso al financiamiento. El Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez, mantiene para productores tamberos una línea de Cheques de Pago Diferido con bonificación de tasa, destinada a capital de trabajo, por hasta $30 millones por pyme. La política se instrumenta con respaldo de FOGABA y busca abaratar el acceso de pequeños y medianos productores al mercado de capitales.

“Los objetivos de control fiscal no deberían alcanzarse restringiendo instrumentos financieros utilizados legítimamente por el sector productivo ni trasladando sus costos al productor y a las empresas”, sostuvo CARBAP. La organización pidió además revisar la resolución y abrir una instancia de diálogo con los sectores afectados.

Otro punto del reclamo es la velocidad con la que cambiaron las reglas. Apenas cuatro meses antes, el 22 de mayo, la CNV había aprobado la Resolución General 1141, que reguló expresamente la utilización de cheques físicos y electrónicos para estos movimientos. Incluso estableció un máximo de dos pagos diarios mediante cheques por cliente. 

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Con la resolución de septiembre, esa posibilidad fue reemplazada por un sistema basado exclusivamente en transferencias. Para CARBAP, modificaciones de este tipo en períodos breves dificultan la planificación financiera de empresas y productores.

La industria también pidió frenar la medida

El cuestionamiento excedió al sector agropecuario. La UIA presentó un pedido ante el presidente de la CNV, Roberto Silva, para suspender la Resolución 1166 y advirtió que el cambio puede incrementar el costo del capital de trabajo y afectar la competitividad de las empresas, particularmente de las pymes.

Uno de los puntos bajo discusión es el llamado impuesto al cheque. El sector empresario sostiene que, al obligar a que determinados movimientos vuelvan a pasar por cuentas bancarias, algunas operaciones pueden quedar alcanzadas por el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios que antes podían realizarse por otro circuito. La incidencia concreta depende de la situación tributaria y de la operatoria de cada empresa, por lo que el impacto no es necesariamente igual para todos los contribuyentes.

El reclamo aparece además en un escenario en el que la UIA viene advirtiendo por dificultades de financiamiento, presión impositiva y problemas para sostener el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. En su reunión de Junta Directiva del 15 de septiembre, la central fabril volvió a señalar la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que afectan la competitividad industrial.

Qué argumenta la CNV

La Comisión Nacional de Valores justificó el cambio con otro diagnóstico. Según el organismo, limitar estos movimientos a transferencias permite saber con mayor precisión de dónde proviene y hacia dónde va el dinero, garantiza que los fondos estén disponibles inmediatamente y elimina el riesgo de que un cheque sea rechazado.

La CNV también vinculó la resolución con los controles para prevenir operaciones irregulares. La decisión revierte así parte del esquema habilitado en mayo: entonces se permitieron cheques físicos y electrónicos bajo determinadas condiciones; desde el 15 de septiembre, para ingresar o retirar fondos mediante agentes registrados, la regla general vuelve a ser la transferencia.

La discusión queda planteada entre esos dos argumentos. El organismo nacional sostiene que el nuevo circuito mejora la seguridad y el control de las operaciones, mientras CARBAP y la UIA reclaman revisar una modificación que, según advierten, puede sumar costos y reducir alternativas financieras para productores y pymes.