IOMA, entre servicios suspendidos y pagos demorados: los conflictos que siguen sin resolverse

La interrupción de prestaciones domiciliarias para afiliados de IOMA en Chivilcoy agrega un nuevo episodio a un conflicto que durante los últimos meses involucró a familias, profesionales, empresas prestadoras y legisladores bonaerenses. Los reclamos alcanzan servicios de internación en el hogar, cuidadores y acompañantes terapéuticos, con consecuencias sobre pacientes que necesitan asistencia sostenida.

Entre los afectados hay personas con enfermedades crónicas, niños que requieren tratamientos continuos y adultos mayores que necesitan asistencia permanente. Según los reportes locales, las suspensiones estarían vinculadas con atrasos en los pagos a empresas y profesionales, aunque no se precisaron los montos adeudados ni la totalidad de los prestadores involucrados.

La interrupción obligó a las familias a reorganizar los cuidados, contratar profesionales de manera particular o asumir tareas de asistencia para sostener la atención de sus seres queridos. 

El caso se incorpora a una secuencia que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo: advertencias sobre internaciones pediátricas, honorarios pendientes, demoras administrativas y reclamos para que la conducción de la obra social explique cómo garantizará la continuidad de las prestaciones.

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La atención domiciliaria, otra vez en el centro del reclamo

A fines de octubre, familias de San Nicolás, Ramallo y Villa Ramallo alertaron que la empresa Erfolg Salud les había comunicado que dejaría de brindar cuidados domiciliarios a partir del 31 de ese mes. La advertencia alcanzaba a cuatro niños que necesitaban asistencia permanente. Familiares y profesionales vincularon la posible interrupción con pagos pendientes de IOMA a la prestadora

Los testimonios describían temor por eventuales traslados a establecimientos sanitarios y por la continuidad del equipamiento utilizado en los hogares. El conflicto también alcanzaba al personal de enfermería: una trabajadora denunció honorarios impagos desde agosto, pese a que continuaban asistiendo a los pacientes.

Las dificultades ya habían generado movilizaciones durante el invierno. En agosto, afiliados y prestadores fueron convocados a una protesta frente a la sede central de IOMA en La Plata, con reclamos por honorarios, reintegros y continuidad de tratamientos.

Uno de los antecedentes fue el del Instituto de Rehabilitación Integral (IREL), en Bahía Blanca. Según los testimonios publicados por GLP, familias denunciaron interrupciones de terapias y una deuda que inicialmente rondaba los $300 millones. Un pago parcial cercano a $100 millones permitió cubrir parte de los salarios y retomar prestaciones.

“Las terapias son un derecho”, reclamó entonces la madre de una niña atendida en la institución. El caso mostraba que la reanudación de servicios no eliminaba la preocupación por la regularidad de los desembolsos. 

En septiembre, este medio también relevó conflictos con instituciones de discapacidad, centros de día, hogares y médicos. IOMA respondió en distintas oportunidades con pagos parciales y cuestionó que algunas facturas reclamadas fueran consideradas vencidas cuando, según el organismo, seguían dentro de los plazos de convenio. 

IREL es mucho más que un centro de rehabilitación. Es una institución fundamental para Bahía Blanca y toda la región. Hoy estuve ahí junto a su directora, Melina Chindi, y Mónica Garat, gerente de Relaciones Institucionales, para conocer de cerca la situación que están atravesando. Uno de los principales problemas son las demoras y la complejidad en los pagos de las obras sociales, especialmente IOMA y PAMI. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de la institución y dificulta incluso la incorporación de profesionales. IREL cumple un rol indispensable para miles de personas de Bahía Blanca y toda la región. Tenemos que cuidarla y encontrar soluciones para que pueda seguir brindando este servicio de salud tan necesario.

— Andrés De Leo (@AndresDeLeo) September 7, 2026

Acompañantes terapéuticos: las preguntas que llegaron a la Legislatura

La situación de los acompañantes terapéuticos motivó un pedido de informes de 30 puntos presentado por el diputado radical Matías Civale, bajo el expediente D-3525/26-27. El legislador solicitó información sobre prestaciones autorizadas, realizadas, facturadas, auditadas y abonadas durante 2025 y 2026.

El proyecto pide precisar montos pendientes, antigüedad de las obligaciones y cantidad de profesionales afectados. También pregunta si existen demoras superiores a 30, 60 y 90 días, con una discriminación por períodos y regiones. 

Otro eje es el circuito administrativo: rechazos de facturas, descuentos, observaciones y dificultades con el token utilizado para validar las prestaciones. El planteo busca determinar si los inconvenientes de carga o acreditación terminan demorando el cobro de trabajos efectivamente realizados.

La discusión también incluye los aranceles y las modificaciones de autorizaciones. En septiembre, la revisión de valores conforme a los nomencladores de IOMA generó cuestionamientos de familias por posibles cambios en prestaciones previamente aprobadas. 

La conducción de la obra social ofreció su propia explicación sobre el conflicto. A fines de agosto, el presidente de IOMA, Homero Giles, rechazó que existiera un ajuste generalizado contra los acompañantes terapéuticos y atribuyó parte de las dificultades al costo de las prestaciones judicializadas, el aumento de la demanda y desequilibrios en los aportes.

Giles señaló que durante los primeros meses de 2026 transcurrieron, en promedio, 48 días entre la presentación de una factura y su libramiento, mientras que para las prestaciones de mayo el plazo llegó a 57 días. El organismo sostuvo entonces que había corregido un atraso administrativo y anunció como objetivo acercar el proceso a 30 días. 

IOMA también estimó una presión financiera extraordinaria de $24.551 millones mensuales, que vinculó con aportes municipales insuficientes, mayor utilización por personas con otras coberturas y encarecimiento de medicamentos, insumos y servicios. 

El conflicto también alcanza a la salud mental y al control político

Los reclamos exceden la atención domiciliaria. El Colegio de Psicólogos bonaerense anunció una suspensión de atención para el 2 de octubre, en demanda de honorarios correspondientes a junio, julio y agosto y de un sistema regular de liquidación. Las protestas de afiliados incluyeron dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones para personas con discapacidad, junto con pedidos de cumplimiento de resoluciones judiciales. 

La controversia también llegó al recinto legislativo. En junio, la oposición consiguió abrir una sesión especial sobre IOMA, pero no reunió los dos tercios necesarios para tratar iniciativas sin despacho de comisión. El temario incluía la interpelación de Giles, una declaración de emergencia y propuestas de seguimiento y autarquía financiera. 

Con esos antecedentes, los reclamos de Chivilcoy suman otro punto al mapa de dificultades prestacionales. Mientras la conducción de IOMA sostiene que enfrenta mayores costos y demanda, las familias afectadas requieren una respuesta concreta sobre quién garantizará los cuidados, cuándo se restablecerán los servicios y cómo se evitarán nuevas interrupciones.