Kicillof prepara casi 200 pliegos judiciales: la negociación que se abre en el Senado bonaerense
El gobierno de Axel Kicillof prepara el envío de casi 200 pliegos judiciales al Senado bonaerense. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, durante el XXII Congreso de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial, celebrado en Mercedes.
Una vez definida la nómina, los expedientes serán remitidos formalmente a la Cámara alta, donde comenzará un recorrido que combinará la evaluación de antecedentes con la búsqueda de acuerdos políticos.
El primer filtro estará en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador de Fuerza Patria Emmanuel González Santalla. El oficialismo consiguió quedarse con los principales lugares del cuerpo después de una extensa disputa por la conformación de las comisiones. La vicepresidencia quedó en manos de Sergio Vargas, de Unión y Libertad, mientras la secretaría fue ocupada por el peronista Adrián Santarelli. Aquella definición provocó el rechazo del bloque libertario y dejó a la UCR sin representación directa dentro del cuerpo.
La Comisión tiene un peso político singular dentro del Senado: por allí pasan dictámenes vinculados a designaciones judiciales, acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo y proyectos con impacto institucional.
Entre sus competencias se encuentra el análisis de pliegos para la designación de jueces, fiscales, defensores oficiales y miembros de la Suprema Corte bonaerense. También interviene en expedientes relacionados con principios constitucionales, conflictos de poderes, régimen electoral, organización de la Justicia, división territorial y creación de nuevos centros urbanos.
Por eso, la pelea por su conducción excede el reparto formal de cargos. En la práctica, tener el control de dicha comisión implica manejar una ventanilla determinante para la agenda judicial e institucional de la provincia de Buenos Aires.
Las 412 designaciones que reivindica Mena
El anuncio de Mena llega después de meses de advertencias desde la Suprema Corte, la Procuración, los colegios profesionales y las asociaciones judiciales.
De acuerdo con cifras recopiladas durante 2026, existen alrededor de 211 vacantes en juzgados, tribunales y cámaras. A ellas se suman cerca de 220 cargos sin cubrir en fiscalías, defensorías oficiales y asesorías de incapaces.
El ministro defendió el avance alcanzado durante el año pasado, cuando la Provincia logró cubrir 412 vacantes mediante distintos procedimientos y tandas legislativas “No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el Gobernador y el Senado el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, afirmó.
La cifra incluye designaciones y movimientos procesados en distintos momentos, por lo que no debe confundirse con una única votación legislativa. En mayo de 2025, por ejemplo, la Comisión de Acuerdos analizó un paquete de 131 postulaciones para jueces, fiscales, defensores y otros cargos.
El avance permitió reducir parcialmente el déficit, pero no logró eliminarlo. Jubilaciones, renuncias, traslados y nuevas estructuras generan vacantes al mismo tiempo que se completan los concursos. Por eso, incluso si el Senado aprobara la totalidad del nuevo paquete, la Justicia bonaerense seguiría funcionando con una parte de su estructura incompleta.
El ministro aseguró que el objetivo es darle al Poder Judicial “los instrumentos y las capacidades que necesita para atender la conflictividad que llega a los juzgados y tribunales”.
La Suprema Corte sigue siendo una negociación aparte
El máximo tribunal está integrado legalmente por siete miembros, pero actualmente funciona con tres. Esa composición incompleta obliga a recurrir a conjueces para resolver determinados expedientes y mantiene abierto un debate institucional de mayor peso político.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la falta de integrantes convive con otros reclamos del tribunal: autarquía presupuestaria, infraestructura, salarios y mayor capacidad para administrar sus propios recursos.
El presidente de la Corte, Sergio Torres, sostuvo que la falta de cobertura constituye una deuda institucional que termina afectando el servicio brindado a la ciudadanía. Cerca del 92% del presupuesto judicial se destina a salarios, lo que reduce el margen disponible para edificios, tecnología y modernización.
Cabe recordar que la integración de la Suprema Corte apareció en las conversaciones que permitieron aprobar el Presupuesto 2026. Sectores opositores esperaban que el Ejecutivo avanzara con los nombres durante el primer semestre, pero la definición no llegó.
Desde el oficialismo rechazaron que existiera un compromiso cerrado sobre candidatos concretos. La oposición, en cambio, sostuvo que la discusión formaba parte del entendimiento político más amplio alcanzado para sancionar las leyes económicas.
Infraestructura, la otra deuda judicial
La falta de funcionarios no es el único problema. Mena reconoció que la infraestructura continúa siendo una de las grandes deudas del sistema bonaerense. La extensión territorial de la Provincia obliga a mantener edificios y dependencias en departamentos judiciales con realidades muy diferentes. Algunos organismos funcionan en inmuebles alquilados, con espacios insuficientes o dificultades de accesibilidad.
El ministro vinculó esas limitaciones con la reducción de los recursos provinciales desde diciembre de 2023 y sostuvo que el presupuesto disponible “no alcanza para el despliegue” que necesita Buenos Aires.
La advertencia introduce otra dimensión. Cubrir cargos mejora la capacidad institucional, pero cada designación requiere oficinas, equipamiento, personal auxiliar y partidas salariales. Sin una expansión simultánea de los recursos, el sistema puede incorporar funcionarios sin resolver las condiciones materiales en las que trabajan.