Juan Manuel Villarreal
El Gobierno tiene en sus manos la decisión sobre la reelección anticipada de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esto tras la denuncia del club cordobés Talleres ante la Inspección General de Justicia (IGJ), solicitando la suspensión del proceso electoral.
El 30 de agosto pasado, una asamblea de la AFA aprobó la convocatoria a elecciones anticipadas para renovar el mandato de Tapia, un año antes de lo previsto. La falta de oposición permitió que se fijara el 17 de octubre como la fecha para proclamarlo como único candidato, pero Talleres, dirigido por Andrés Fassi, cuestiona la legalidad del proceso.
El conflicto entre la AFA y el club cordobés tiene un trasfondo mucho más profundo: la resistencia de Tapia al ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes de fútbol, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Talleres, por su parte, ha sido pionero en abrirse a inversores privados y se alinea con la visión del presidente de la Nación.
La Inspección General de Justicia ya ha solicitado el descargo de la AFA, con un plazo de cinco días para responder. Fuentes del gobierno indicaron que la asamblea del 30 de agosto podría ser invalidada, lo que abriría un nuevo capítulo en la guerra entre Tapia y Milei.
El conflicto no se limita solo a la elección de Tapia. El gobierno también tiene en la mira el decreto 1212, que otorgó exenciones impositivas a la AFA. Milei ya adelantó que no está dispuesto a renovar estos privilegios, lo que podría afectar considerablemente las finanzas de la entidad.
