Mariana Portilla
Lejos de mostrar capacidad de gestión, el gobierno de Nelson Sombra parece sumido en la improvisación, generando descontento tanto entre los empleados municipales como en los vecinos. En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos informado sobre las denuncias que apuntan a que “no atiende las necesidades urgentes” y que Azul “parece una ciudad abandonada” bajo su mando, con “calles llenas de pozos” y severas falencias en el sistema de salud. A esto se suma la polémica generada por el decreto de emergencia económica, financiera y administrativa que ha exacerbado la crisis en el municipio.
El descontento generalizado no solo se refleja en cifras, sino también en un sentimiento de frustración y desconfianza hacia una administración que no ha logrado cumplir con sus promesas ni garantizar condiciones laborales dignas.
A un año de su gestión, Sombra enfrenta un rechazo masivo, según lo confirma un relevamiento del Instituto de Participación y Planificación de Azul (IPPA) y Azul en Marcha. Este informe, basado en una muestra del 15% del personal municipal encuestado de forma anónima entre el 19 y el 22 de noviembre, revela que un abrumador 84,3% de los trabajadores desaprueba su gestión.
El intendente Nelson Sombra en agosto pasado, anunciando la crisis administrativa, económica y financiera en la Municipalidad de Azul.
El detonante del conflicto fue el Decreto 1614/24 que declaró en agosto pasado la emergencia administrativa, económica y financiera. Esta medida, que restringe las horas de trabajo a un máximo de 40 semanales y suspende asignaciones y bonificaciones, ha causado un impacto significativo en los salarios de los agentes municipales.
De acuerdo al informe más del 67% de los trabajadores reportó recortes salariales de entre el 15% y el 20%, mientras que algunos casos superaron el 50%; y el 64% afirmó que las medidas tomadas por la administración local han afectado gravemente su calidad de vida y desempeño laboral.
Protesta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul.
El trabajo del IPPA y Azul en Marcha expone un panorama desalentador en el ámbito laboral: más del 62% de los trabajadores fue víctima de faltas de respeto, mientras que un 38% reportó violencia verbal, en muchos casos provenientes de las autoridades municipales (36,4%); y el 47% de los empleados señaló que no dispone de los insumos necesarios para realizar sus tareas.
Un trabajador expresó con crudeza: "Nos sentimos humillados, oprimidos, no valorados, ninguneados, no somos escuchados, todo es a base de imposición; crean discordia, no están abiertos al diálogo. Somos profesionales, pero más aún somos seres humanos".
La falta de planificación y reglas claras ha provocado lo que muchos califican como un "estado de improvisación permanente", generando angustia en los trabajadores y desconfianza en los vecinos.
Entre los principales reclamos de los agentes municipales se destacan la apertura de paritarias y el pago de los aumentos salariales adeudados. “El decreto solo daña a las familias. Necesitamos apertura de paritarias y que se respeten nuestros derechos”, expresó otro empleado, reflejando el hartazgo que reina entre los trabajadores.
