Juan Manuel Villarreal
Este 10 de diciembre se cumple el primer año de la gestión de Javier Milei como presidente, un período que ha dejado una profunda huella en la economía argentina. Desde su asunción, se impusieron reformas drásticas, con un ajuste ortodoxo que prometía ordenar las variables macroeconómicas, pero que también generó un costo social elevado.
Según el Centro de Economía Política (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos de trabajo en el sector formal. Esta drástica caída, que afectó a sectores clave como la construcción y la industria manufacturera, contrasta con la creación de empleos en sectores como el agro y la minería, que no lograron compensar la magnitud de la crisis.
El ajuste económico, que incluyó una devaluación del 118% y un aumento significativo en las tarifas de servicios públicos, golpeó con dureza a los trabajadores argentinos. La caída de la actividad económica, que tocó fondo en abril, generó una contracción del 4,4% en la producción, y aunque hubo leves rebotes a lo largo del año, los datos del tercer trimestre apuntan a una caída interanual del 3,1%.
El impacto en los salarios es uno de los aspectos más críticos de la gestión de Milei. La inflación, que alcanzó un 25,5% en diciembre de 2023, tuvo un efecto devastador sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras los salarios de los sectores registrados privados lograron una leve recuperación, el salario promedio en términos reales cayó un 9,6%. En los sectores públicos y no registrados, la pérdida fue aún mayor: un 16,1% y un 20,1%, respectivamente.
Según el informe de CEPA, la masa salarial real, ajustada por la cantidad de trabajadores, cayó un 3,7%. Si se utiliza la metodología actualizada en 2017/2018, las pérdidas en términos reales serían aún mayores, alcanzando el 22,5% en el sector público y el 27,2% en el sector no registrado.
La acelerada devaluación del peso y la desregulación de los precios de servicios, combustibles, alimentos y medicamentos fueron las principales causas de una inflación desbocada, que en los primeros meses del gobierno alcanzó cifras alarmantes. Aunque la inflación empezó a desacelerarse a partir de mayo, con una caída en el ritmo de aumentos de precios a partir de septiembre, el daño ya estaba hecho: los precios de los bienes de consumo masivo siguieron subiendo a un ritmo imparable, afectando directamente al bolsillo de los argentinos.
El informe de CEPA también señala que el indicador oficial de inflación, el IPC, no refleja de manera adecuada los cambios en el consumo de los argentinos, ya que no toma en cuenta el aumento exponencial de los servicios básicos, que impactaron de forma mucho más dramática en los hogares que los incrementos en alimentos.
El panorama para el futuro cercano no es alentador. Según CEPA, 2025 podría traer más dificultades para los trabajadores, con una recuperación salarial limitada que podría alimentar aún más las desigualdades. Las diferencias entre sectores ganadores (como el agro) y sectores perdedores (como la industria y la construcción) se profundizarán, y la caída en el consumo seguirá limitando el crecimiento económico.
El ajuste ortodoxo implementado por Milei podría traer mejoras macroeconómicas a corto plazo, pero con un alto costo social y sin una solución clara para la mejora del salario real de los argentinos.
