Obra pública paralizada: emplazamiento en Diputados y duros reclamos al Gobierno

La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados recibió este martes a funcionarios provinciales para debatir la paralización de obras en todo el país y la situación de Vialidad Nacional. Durante el encuentro, se decidió avanzar con un emplazamiento a los proyectos de interpelación del secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quienes nuevamente estuvieron ausentes.

El titular de la comisión, el diputado santiagueño José Herrera, anticipó que intentarán llevar al recinto el proyecto de interpelación para exigir respuestas sobre el freno en la obra pública. “No vinieron por cuestiones de agenda, pero la obra pública está parada… así que no sé cuál será la agenda”, cuestionó. Además, destacó que la paralización afecta a empresas, genera despidos y judicialización de los mismos.

Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también apuntó contra la ausencia de Giovine y Campoy, así como de los diputados de La Libertad Avanza. “Es una señal política de que estos funcionarios no quieren hacer nada respecto a estos temas”, remarcó.

Reclamos provinciales por el abandono de rutas

Los legisladores y funcionarios provinciales coincidieron en sus críticas al Gobierno nacional por la falta de inversión en infraestructura vial. Danya Tavela (Democracia para Siempre) y el mendocino Julio Cobos advirtieron sobre el impacto del deterioro de las rutas en la seguridad y la economía. “El gobierno pasa por alto que una ruta en mal estado por falta de mantenimiento genera muertes por accidentes viales”, alertó Cobos, y agregó: “De hecho, tenemos el doble de muertos por accidentes en la ruta que por homicidios”.

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Además, destacó que la falta de inversión afecta el costo del transporte en un país donde “todo está concentrado en lo vial y el ferrocarril funciona a su mínima expresión”, lo que encarece los productos para los consumidores.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, sostuvo que “el Gobierno nacional abandonó su compromiso con las provincias desde el 10 de diciembre de 2023”. Según detalló, en su provincia se finalizaron las obras con contratos provinciales, pero las de rutas nacionales quedaron paralizadas. “Hay 1.479 kilómetros de ruta abandonados”, denunció.

Desde La Rioja, el director de Vialidad, Jorge Escudero, afirmó que el Ejecutivo “ha abandonado la obra pública y está impidiendo el desarrollo del interior”. También negó que las provincias hayan recibido fondos para obras viales, como habría señalado el Gobierno.

Gremios advierten sobre despidos y desfinanciamiento

Los gremios presentes en la reunión también manifestaron su preocupación. Ana María Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, denunció que Vialidad Nacional enfrenta un proceso de desfinanciamiento y alertó: “Alguien debería explicar qué hicieron con los 344 millones que no llegaron a Vialidad”.

Por su parte, el secretario general de ATE-Vialidad, Pablo Zelaschi, advirtió que el estado de las rutas podría empeorar drásticamente. “El 80% de las rutas se van a volver intransitables por este sistema de los 90 que ya fracasó, solo para favorecer a la patria contratista”, afirmó.

Desde el Sindicato de Peajes (SUTPA), María Florencia Cañabate alertó sobre la situación laboral en el sector. “Los trabajadores de Caminos del Río Uruguay serán despedidos el 9 de abril sin derecho a indemnización”, señaló, y cuestionó la respuesta del Ejecutivo: “Fuimos a Vialidad y nos dijeron que no tienen competencia”.

En tanto, Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, criticó a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay: “Se va de Argentina después de 30 años con las rutas destruidas porque nunca invirtieron un peso, pero sí clavaron doble cabina de peaje”.

Preocupación por la seguridad vial y el impacto económico

El Comité Nacional en Defensa al Usuario Vial (Conaduv) también participó del debate y reiteró su pedido de reasignar fondos del impuesto al combustible para mejorar la infraestructura vial. Ricardo Lasca, representante de la entidad, advirtió que la situación de las rutas provoca “más de 5.000 muertos por año y 100.000 heridos”.

“El estado de las rutas impacta no solo en la seguridad, sino también en la economía. Sin inversión en infraestructura vial, se encarece el transporte y aumentan los costos de los productos”, concluyó.