Cerrojo a las privatizaciones: Diputados dio otro paso para blindar las empresas bonaerenses
Mariana Portilla


El peronismo consiguió un nuevo avance para elevar las exigencias ante una eventual privatización de empresas con participación provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Maite Alvado, referente de La Cámpora, que busca condicionar cualquier reducción de la propiedad estatal a un acuerdo legislativo más amplio.
El despacho favorable dejó a la iniciativa en condiciones de ser debatida en la sesión prevista para el 25 de noviembre. La propuesta alcanza a compañías como Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), y plantea una discusión que excede a la gestión actual: qué margen tendría un futuro gobierno para desprenderse de acciones pertenecientes a la Provincia.
La votación en la comisión que preside Lucía Iañez, de Fuerza Patria, no fue unánime. El oficialismo reunió el acompañamiento de Nuevos Aires y Unión y Libertad, mientras que representantes del PRO, la UCR–Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza rechazaron el texto e impulsaron un dictamen de minoría.
El avance tampoco cerró las diferencias entre quienes lo respaldaron. El diputado Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, acompañó con una observación sobre el mecanismo elegido: “Las mayorías especiales solo las fija la Constitución”.
El núcleo del proyecto establece que la participación o propiedad de la Provincia en empresas solo podrá reducirse con el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras de la Legislatura. La exigencia alcanzaría tanto a una privatización como a una transferencia parcial de acciones que disminuya la presencia estatal.
La diferencia importa porque el texto no se limita a impedir la venta completa de una compañía. También pretende elevar las condiciones para operaciones que modifiquen su composición accionaria, aun cuando la Provincia conserve una participación.
Uno de los antecedentes normativos es la Ley 12.989, que regula a ABSA. Esa legislación ya exige autorización de la Legislatura para transferir al sector privado cualquier porcentaje de las acciones provinciales, pero no establece la mayoría especial que propone Alvado.
La iniciativa también contempla que las propuestas de reducción de la participación estatal estén fundamentadas y justifiquen su necesidad en función del interés público y el bienestar general.
La votación en la comisión que preside Lucía Iañez, de Fuerza Patria, no fue unánime.
Durante la reunión, Alvado defendió la necesidad de reforzar la protección del patrimonio provincial. “Los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, plantearon numerosos conflictos”, argumentó.
Su posición se apoya en que las inversiones públicas requieren continuidad y plazos que suelen superar la duración de una administración. En los fundamentos difundidos durante el recorrido del expediente, sostuvo: “Necesitamos un desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos”.
El antecedente político nacional es la propuesta que presentó Máximo Kirchner en julio de 2023 para elevar los requisitos ante una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas. En territorio bonaerense, la iniciativa de Alvado traslada esa discusión a las compañías en las que participa la Provincia.
El rechazo opositor: el punto constitucional que divide a los bloques
La principal resistencia no pasa únicamente por la defensa o el rechazo de las privatizaciones. El PRO, los libertarios y sectores del radicalismo cuestionan que una ley ordinaria pueda establecer una mayoría agravada que no surge expresamente de la Constitución provincial.
Desde el radicalismo advirtieron sobre el precedente que, según su interpretación, podría generar el mecanismo y plantearon un ejemplo inverso: si una administración privatizara las compañías estatales, podría intentar exigir una mayoría especial para una posterior reestatización.
El argumento apunta a las facultades de futuras composiciones legislativas. Para esos sectores, una mayoría circunstancial no debería establecer por ley condiciones adicionales que limiten las decisiones de los representantes que asuman después.
La Libertad Avanza, además, incorporó un rechazo de orientación política y económica. Sus representantes sostuvieron que el proyecto debe ser desestimado “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, al considerar que refuerza la permanencia estatal en actividades empresariales que no identifican como funciones esenciales de la administración pública.
El PRO y LLA ya habían presentado objeciones durante su paso por Servicios Públicos. Ambos bloques sostuvieron que la iniciativa limitaría el margen para reorganizar las empresas públicas, promover la participación privada y reducir la intervención estatal.
El recinto, la próxima prueba del blindaje
El expediente consiguió superar las comisiones de Servicios Públicos, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia. Con ese recorrido, el oficialismo buscará reunir los votos para obtener la media sanción en Diputados y enviar la discusión al Senado.
La fecha prevista para la próxima sesión abre esa posibilidad. Los despachos de minoría y las reservas expresadas incluso por un diputado que acompañó anticipan que la negociación seguirá abierta.
La pulseada combina así dos discusiones: el futuro de las empresas con participación provincial y la validez del mecanismo para protegerlas. El peronismo busca dejar una barrera frente a eventuales privatizaciones después de 2027; sus adversarios cuestionan que esa protección pueda condicionar, mediante una ley ordinaria, las decisiones de la próxima mayoría.

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