Alquileres en Buenos Aires: familias endeudadas, un mercado en retroceso y proyectos para bajar los gastos

El endeudamiento de los inquilinos y la caída de la actividad inmobiliaria en 51 municipios reavivan el debate habitacional. Mientras una iniciativa busca trasladar las comisiones a los propietarios, los martilleros proponen un régimen de alquiler social. Qué plantean los proyectos y cómo avanza su tratamiento legislativo.
Legislativas18 de noviembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Alquileres.
Alquileres.

La dificultad para acceder a una vivienda y sostener un alquiler volvió a instalarse en la agenda de la provincia de Buenos Aires. Mientras las familias enfrentan gastos de ingreso que pueden alcanzar varios millones de pesos, el mercado inmobiliario registra una retracción que afecta a buena parte del territorio bonaerense. En paralelo, distintas iniciativas buscan modificar las reglas de contratación y aliviar los costos que deben afrontar los inquilinos.

El debate sumó un nuevo capítulo este miércoles 18 de noviembre, cuando la senadora Mónica Macha, de Fuerza Patria, encabezó una mesa de trabajo con organizaciones de inquilinos, legisladores, sindicatos y especialistas para impulsar el proyecto que establece que las comisiones inmobiliarias de los alquileres habitacionales sean pagadas exclusivamente por los propietarios.

La discusión coincide con un informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que registró una caída interanual del 9,4% en el indicador conjunto de actividad inmobiliaria y construcción durante el segundo trimestre de 2026. El retroceso alcanzó a 51 de los 66 municipios relevados, mientras referentes del sector advierten sobre las dificultades para concretar operaciones.

Comisiones inmobiliarias: la propuesta que busca aliviar a los inquilinos

El proyecto impulsado por Macha modifica la Ley provincial 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos. Su objetivo es impedir que las inmobiliarias cobren a quienes alquilan una vivienda honorarios, gastos administrativos o de gestoría derivados de la intermediación.

La iniciativa, presentada en septiembre junto con las senadoras María Rosa Martínez y Laura Clark, establece que los honorarios de entre el 2% y el 4% sobre el valor total del contrato deberán quedar a cargo del propietario. También incorpora obligaciones de información para que las inmobiliarias exhiban claramente quién debe afrontar esos gastos.

Durante el encuentro, Macha cuestionó que los inquilinos terminen pagando por un servicio contratado por quienes ofrecen los inmuebles. "Las personas inquilinas son la parte más débil del contrato", sostuvo la legisladora, quien vinculó la problemática con las dificultades económicas de los hogares.

Mesa de trabajo en el Senado con organizaciones de inquilinos, legisladores, sindicatos y especialistas.
Mesa de trabajo en el Senado con organizaciones de inquilinos, legisladores, sindicatos y especialistas.

La propuesta cuenta con el respaldo de Inquilinos Agrupados y toma como referencia normas vigentes en otras jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. El expediente E-427/26-27 permanece en estudio en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense, sin dictamen registrado.

Alquilar una vivienda puede exigir hasta $3 millones de ingreso

El costo inicial de un contrato constituye uno de los principales obstáculos. Katy Chiappa, vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Plata, advirtió que ingresar a una vivienda puede requerir actualmente entre $2 y $3 millones, considerando las distintas obligaciones de contratación.

Chiappa señaló que las comisiones representan una parte importante de ese desembolso y defendió la necesidad de trasladarlas a los propietarios. La dirigente también advirtió que muchas familias recurren al endeudamiento para afrontar esos gastos.

Las cifras presentadas durante la mesa de trabajo reflejan esa situación: el 73% de los hogares inquilinos relevados tiene deudas y destina, en promedio, el 41% de sus ingresos al alquiler y las expensas. Además, uno de cada cinco hogares incluidos en el relevamiento debió mudarse recientemente por dificultades económicas.

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El problema también afecta a los jóvenes. Según los datos difundidos en el encuentro, cuatro de cada diez personas de entre 25 y 35 años que viven en ciudades permanecen en sus hogares de origen, mientras que el 35% de los jóvenes inquilinos debió regresar a la vivienda familiar por no poder sostener el alquiler.

La magnitud del problema habitacional tiene un antecedente estadístico significativo: según el Censo 2022, más de 1,16 millones de hogares bonaerenses eran inquilinos, equivalentes al 19,3% del total provincial. El aumento de esa población durante las últimas décadas convive con salarios que encuentran crecientes dificultades para acompañar los costos de vivienda y servicios.

El mercado inmobiliario retrocede en el conurbano y el interior

El último informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP mostró que la actividad conjunta de construcción e inmobiliarias cayó 9,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026, acumulando dos períodos consecutivos de retroceso.

Informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, FCE-UNLP.
Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, FCE-UNLP.

La contracción del componente inmobiliario fue del 10,9%, mientras que las operaciones de compraventa registraron una disminución interanual del 20,1%. En total, 59 de los 66 municipios estudiados mostraron menos actividad inmobiliaria.

Entre los distritos afectados figuran La Plata, Ensenada, Avellaneda, General San Martín, Merlo, Tigre y Florencio Varela. En el interior, el relevamiento identificó retrocesos en Olavarría, Junín, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Pergamino y Necochea, entre otras localidades.

La caída no fue uniforme: Presidente Perón, Esteban Echeverría, Moreno, Escobar y San Isidro integraron el grupo de municipios con resultados positivos en el indicador general.

Los datos corresponden principalmente a la evolución de la construcción y las operaciones inmobiliarias, mientras que las dificultades para sostener alquileres surgen de relevamientos habitacionales y testimonios sectoriales. En conjunto, muestran diferentes presiones sobre la actividad y el acceso a la vivienda.

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Los martilleros advierten dificultades y proponen un alquiler social

Desde el sector inmobiliario también reconocen problemas para sostener las operaciones. Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense, advirtió que la pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a quienes buscan alquilar como a propietarios y comerciantes.

El dirigente señaló que las inmobiliarias pasaron de recibir interesados espontáneamente a intensificar la publicidad para conseguir ocupantes, especialmente en locales comerciales, donde aumentaron las dificultades para cerrar contratos.

Colao también describió una mayor preferencia por propiedades usadas frente a unidades nuevas, debido al elevado costo de construcción. A su entender, las medidas destinadas a reducir gastos pueden contribuir a mejorar el acceso, aunque no reemplazan una política habitacional integral.

El Colegio presentó al diputado Rubén Eslaiman una propuesta de Régimen de Alquiler Social para contratos de menor valor. El esquema utiliza como referencia el sueldo básico de la categoría 20 de la administración pública provincial, cuyo límite se ubicaba alrededor de $388.000 mensuales cuando fue presentado en septiembre.

El Colegio de Martilleros presentó al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social.
El Colegio de Martilleros presentó al diputado provincial Rubén Eslaiman una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social.

Para los alquileres comprendidos, la propuesta contempla eliminar las comisiones a cargo del inquilino, facilitar gratuitamente determinados informes y certificaciones, reducir gastos de conexión a servicios públicos y establecer incentivos fiscales para propietarios.

El planteo también llegó al gobernador Axel Kicillof durante las reuniones que el Colegio mantuvo con funcionarios provinciales. A diferencia del proyecto de Macha, el régimen de alquiler social propone una intervención focalizada en contratos de menor valor, con beneficios tanto para inquilinos como para propietarios.

Tres iniciativas y una discusión que sigue abierta

La agenda legislativa incorpora además una propuesta del diputado Avelino Zurro, identificada como D-3218/26-27, que también busca modificar la Ley 10.973 para establecer que los honorarios de intermediación en alquileres habitacionales sean afrontados por el propietario.

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Las iniciativas coinciden en reducir el desembolso inicial, aunque presentan diferencias de alcance. Macha propone una regla general para los alquileres destinados a vivienda; los martilleros plantean un régimen segmentado; y Zurro impulsa otra reforma sobre las comisiones profesionales.

La discusión se desarrolla después de que el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei derogara la Ley nacional de Alquileres y ampliara la libertad contractual para definir plazos, monedas y mecanismos de actualización.

Por ahora, las propuestas bonaerenses no modificaron las obligaciones vigentes. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento legislativo y de los acuerdos que puedan construirse entre los distintos sectores.

Con más hogares dependiendo del alquiler, dificultades para afrontar los contratos y una actividad inmobiliaria en retroceso, el debate provincial vuelve a concentrarse en quién paga los costos de acceso a la vivienda y qué herramientas pueden reducirlos.

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