Ley de apps en Buenos Aires: qué proponen Kicillof y los taxistas en medio de una disputa por derechos y controles
Pamela Orellana


La regulación de las aplicaciones de transporte y reparto abrió un nuevo frente de discusión en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno de Axel Kicillof impulsa una ley para mejorar las condiciones laborales de repartidores y conductores, los sindicatos de taxis y remises promueven mayores obligaciones para las empresas. La discusión involucra proyectos diferentes, posiciones enfrentadas y un marco nacional que ya establece reglas para la actividad.
El debate sumó novedades en las últimas semanas. El Senado bonaerense aprobó en comisión, con modificaciones, la iniciativa del Ejecutivo, mientras el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el diputado nacional Hugo Antonio Moyano (h) reunieron a representantes gremiales para coordinar propuestas. La convocatoria generó cuestionamientos de una cámara empresarial de remises, que denunció la exclusión de sectores vinculados con la actividad.
La ley de Kicillof avanzó en el Senado: qué propone
El Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, presentado por el Ejecutivo en junio, obtuvo dictamen favorable por mayoría el 4 de noviembre en la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado. El texto fue modificado para incorporar una propuesta del senador Federico Fagioli, vinculada con la protección de repartidores y motociclistas, y pasó a Legislación General, donde continúa su tratamiento.
La iniciativa alcanza a trabajadores de aplicaciones de transporte, como Uber, DiDi y Cabify, y de reparto, como Rappi y PedidosYa. Entre sus principales medidas figura la creación de un registro provincial obligatorio para las empresas, que deberán informar cantidad de trabajadores activos, modalidades contractuales, horas de actividad e ingresos promedio. Los prestadores podrán registrarse voluntariamente mediante una herramienta digital.
Otro componente establece seguros de accidentes personales a cargo de las plataformas, junto con mecanismos de asistencia ante emergencias y espacios de descanso e higiene. El proyecto original contempla una aplicación pública para solicitar ayuda, recibir información y gestionar trámites, además de controles sobre los depósitos de reparto conocidos como tiendas invisibles.

Durante la primera reunión informativa, realizada el 29 de octubre, representantes sindicales respaldaron la necesidad de regular la actividad, aunque reclamaron respuestas frente a bloqueos de cuentas, perfiles alquilados y controles que podrían perjudicar a quienes trabajan. También surgieron planteos vinculados con la salud mental y la transparencia de los algoritmos que organizan las tareas.
Los taxistas impulsan otra ley con mayores exigencias para las aplicaciones
En paralelo, la senadora María Rosa Martínez, quien preside la Comisión de Trabajo, presentó un proyecto diferente con el acompañamiento de la Federación Nacional de Peones de Taxis, conducida por Miguel Ángel Soto. La iniciativa busca crear un régimen provincial específico para las empresas que intermedian en el transporte remunerado de pasajeros mediante aplicaciones digitales.
A diferencia del plan del Ejecutivo, esta propuesta se concentra en las condiciones de habilitación, seguridad y fiscalización del transporte. Exige a los conductores licencia profesional categoría D1, edad mínima de 21 años, certificado de antecedentes penales actualizado, Verificación Técnica Vehicular vigente y seguros específicos para el traslado de pasajeros.
También establece obligaciones para las compañías: inscripción ante ARBA, domicilio en territorio provincial, registro actualizado de conductores y vehículos y pago de una tasa de fiscalización. El Ministerio de Transporte bonaerense sería la autoridad de aplicación. El expediente, identificado como E-503/26-27, permanece en estudio en la Comisión de Transporte.
Los taxistas argumentan que esas exigencias permitirían establecer condiciones equivalentes entre aplicaciones y servicios tradicionales. Su planteo apunta a evitar diferencias regulatorias entre vehículos que realizan una misma actividad. No obstante, la iniciativa todavía no obtuvo aprobación legislativa y mantiene un recorrido parlamentario independiente del proyecto impulsado por Kicillof.
Gremios respaldan la regulación, pero los remiseros cuestionan la negociación
El conflicto sumó otro capítulo el pasado jueves, cuando Correa y Moyano encabezaron una reunión en la Casa de la Provincia con dirigentes sindicales. Participaron Soto, José Ibarra, de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, y Alejandro Poli, representante de la Federación Argentina de Remises (FAREM).
Los gremios reclamaron que las plataformas cumplan las obligaciones correspondientes al transporte de pasajeros y respeten los convenios colectivos aplicables. Poli sostuvo que Uber, DiDi y Cabify deberían ajustarse al convenio 773/19, además de garantizar vehículos habilitados, registros profesionales y espacios físicos para los trabajadores. La aplicación concreta de ese convenio constituye uno de los puntos en discusión.
La respuesta empresarial llegó desde la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina (CRARA). Su presidente, Gino Marín, cuestionó que no se hubiera convocado a la entidad y puso en duda la representatividad territorial de algunos sindicatos participantes. También reclamó incorporar a organizaciones de repartidores y otros actores del transporte antes de avanzar con nuevas obligaciones.
El desacuerdo expone diferencias dentro del propio sector: mientras organizaciones sindicales respaldan ampliar los controles y las garantías laborales, la cámara empresarial cuestiona principalmente quiénes participan de la elaboración de las reglas. La controversia también alcanza a las condiciones de competencia y a los costos que asumirían las compañías, los conductores y las agencias.
Qué establece la ley nacional y qué busca cambiar Moyano en el Congreso
La discusión provincial se desarrolla sobre un escenario jurídico que cambió este año. La Ley nacional 27.802 de Modernización Laboral, publicada el 6 de marzo de 2026, incorporó un régimen especial para servicios de movilidad y reparto mediante plataformas tecnológicas. La normativa reconoce la figura del prestador independiente y establece derechos de conexión, información, capacitación y cobertura frente a accidentes.
Sin embargo, la ley nacional dispone que los costos del seguro pueden acordarse entre las partes, sin atribuirlos exclusivamente a las empresas. Ese punto contrasta con la propuesta original bonaerense, que coloca la obligación económica sobre las plataformas. También existen diferencias respecto del encuadre laboral y las responsabilidades de quienes organizan la actividad.
En el Congreso, Moyano impulsa junto a otros legisladores el expediente 1948-D-2026, orientado a regular las relaciones jurídicas entre empresas de plataformas y trabajadores. Además, acompaña el 3931-D-2026, que propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo para abordar las modalidades digitales y algorítmicas. Ambos proyectos están girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Comunicaciones e Informática.

La coexistencia de estas iniciativas abre una discusión sobre las facultades provinciales de fiscalización y las normas laborales nacionales. El Gobierno bonaerense busca establecer mecanismos de protección y control dentro de su jurisdicción, mientras los proyectos del Congreso plantean modificaciones más amplias al régimen jurídico del trabajo.
Dos proyectos bonaerenses y una discusión todavía abierta
Por ahora, ninguna de las dos iniciativas provinciales es ley. El proyecto de Kicillof ya superó su primera instancia de comisión, mientras el presentado por Martínez continúa en estudio. La regulación definitiva dependerá de los acuerdos legislativos y del alcance que finalmente tengan las obligaciones propuestas.
El debate reúne cuestiones que afectan tanto a trabajadores como a empresas y usuarios: quién debe pagar los seguros, qué controles deben cumplir los vehículos, cómo se fiscalizan las aplicaciones y qué protección corresponde a repartidores y conductores. Sobre esas diferencias continuará la negociación en la Legislatura bonaerense y el Congreso.

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