Jubilaciones, universidades y obra pública: qué piensa la gente sobre el ajuste de Milei, según una encuesta

La última encuesta de la Universidad de San Andrés reveló un panorama alarmante para el presidente Javier Milei. A contramano del ajuste que impulsa su Gobierno, la gran mayoría de los argentinos se expresa en favor de políticas públicas que el oficialismo busca desmantelar.

El 85% de los consultados está de acuerdo con la actualización del valor de las jubilaciones. Se trata de la ley aprobada por el Congreso que eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000 y fija la jubilación mínima en $331.000, por encima de los $309.000 actuales. El Ejecutivo ya anticipó que la vetará para sostener el superávit fiscal. Sin embargo, la sociedad lo rechaza de forma masiva: sólo un 7% apoya esa política de desfinanciamiento.

Este dato cobra mayor relevancia en un contexto de movilizaciones. El pasado miércoles, miles de jubilados marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la ley, el fin del protocolo represivo y la restitución de los medicamentos del PAMI. "Muchos se están muriendo por el abandono del Estado", denunció una de las convocantes.

El plan judicial de Sturzenegger que encendió todas las alarmas

La misma encuesta muestra que un 78% de los argentinos cree que el Gobierno debe negociar con los gobernadores para garantizar la coparticipación. Milei insiste en gobernar sin diálogo federal, concentrando los recursos y cortando transferencias, pero la ciudadanía demanda acuerdos que permitan sostener servicios, infraestructura y salarios en las provincias.

En esa línea, otro 75% de la población se pronuncia a favor de reactivar la obra pública. Desde su asunción, el Gobierno paralizó miles de proyectos bajo el pretexto de eliminar “el gasto político”. Sin embargo, hasta el propio Círculo Rojo reclama al Ejecutivo una política activa de inversión en infraestructura para no frenar el desarrollo productivo.

El respaldo también se extiende al sistema universitario: el 76% de los encuestados considera necesaria la actualización del presupuesto educativo. Las universidades públicas atraviesan una situación crítica, con el financiamiento más bajo en dos décadas, salarios docentes deteriorados un 80% y riesgo de parálisis operativa antes de fin de año. En ese marco, más de un millón de personas firmaron por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso comenzará a debatir.

Otros datos del relevamiento también marcan una desconexión entre la agenda oficial y las prioridades ciudadanas. El 70% rechaza el recorte de subsidios energéticos, el 76% se opone a la suba de tarifas y el 66% está en contra de los despidos en el Estado. Incluso el acuerdo con el FMI divide a la sociedad: apenas el 44% lo apoya, frente a un 36% que lo rechaza.

El sondeo expone con claridad que el “ajuste motosierra” de Milei no sólo genera resistencia en las calles, sino también un rechazo silencioso pero masivo entre la mayoría social. El mensaje es inequívoco: hay un país que no avala que se ataque a sus jubilados, que se vacíen las universidades ni que se frene la obra pública. Y que exige al Gobierno dejar de gobernar de espaldas a la gente.