Pamela Orellana
Ghi, bajo la lupa por denuncias de represión y encubrimiento
El crimen de Juan Manuel De Vita volvió a poner al municipio de Morón en el centro de una tormenta política que no deja de crecer. No solo por la brutalidad del episodio —un caso de presunto gatillo fácil cometido por un oficial de la Policía de la Ciudad— sino porque el hecho dejó al desnudo el estado crítico de la seguridad local, la falta de recursos municipales y la sospecha de encubrimiento policial. Todo ocurre en el distrito administrado por Lucas Ghi, quien viene de enfrentar una dura derrota electoral, denuncias por violencia de género en el municipio y el desplome de su imagen en las encuestas.
Según la investigación judicial, el policía porteño Carlos Peloso atropelló a un motociclista, huyó y, horas después, al intentar presentarse en la comisaría cuarta, volvió a escapar sin que ningún agente lo detuviera. Minutos más tarde, en plena huida, abrió fuego e hirió de muerte a De Vita.
El relato judicial es contundente; pero lo que impactó de lleno en la escena política fue lo que ocurrió alrededor: la falta de ambulancias, la comisaría prácticamente vacía, la ausencia de móviles de patrullaje y la reacción hostil de las fuerzas de seguridad ante los vecinos que reclamaban.
Ese cuadro de precariedad fue lo que encendió las alarmas. Porque no se trató de un episodio aislado, sino de un síntoma más de un municipio que desde hace meses acumula señalamientos por falta de inversión, de control y de conducción política en materia de seguridad.
Las críticas estallaron luego de que se conociera que la comisaría tenía apenas un par de agentes en funciones al momento del hecho y que el Comando de Patrullas habría estado operando con una flota mínima. Días atrás, ante una nota periodística que advertía sobre esa situación, el secretario de Seguridad local, Damián Cardoso, eligió responder con sorna: “10 patrullas dicen, qué chantas”. El comentario cayó pésimo entre los vecinos y hoy vuelve como un boomerang en medio de un caso que evidencia justamente la falta de móviles y de personal.
En paralelo, la senadora provincial Mónica Macha —referente de Nuevo Encuentro, el espacio de Martín Sabbatella— apuntó sin rodeos a la responsabilidad política del municipio. “En Morón hubo violencia institucional, gatillo fácil, represión e intento de encubrir”, afirmó. Y fue más allá: aseguró que el oficial “debía haber sido detenido” cuando fue a la comisaría, pero “se lo mandó a buscar su auto”, lo que calificó como “la primera irregularidad grave” de la fuerza local.
Las palabras de Macha no son menores. Exponen la creciente fractura del peronismo moronense y reavivan la disputa entre el sector de Sabbatella y Ghi, que viene escalando con pintadas, reclamos y malestar de trabajadores municipales. Pero sobre todo marcan un límite político: el propio oficialismo provincial ya habla públicamente de represión, irregularidades y fallas estructurales en la seguridad bajo la órbita del intendente.
Las señales de deterioro venían acumulándose. En septiembre, el concejal de la Coalición Cívica, Francisco Mones Ruiz, advertía a este medio que Ghi tenía “un desafío urgente” para reforzar móviles, cámaras y la presencia policial en la vía pública.
Desde la vereda libertaria, Pablo Miño también cuestionó la desidia municipal: “Tenemos más de 10.000 empleados, pero solo 3.000 trabajan; el resto es militancia. Mientras tanto, la seguridad nunca fue prioridad y Morón se transformó en tierra de nadie”.
El asesinato de De Vita encontró a Morón con ambulancias insuficientes, patrullas escasas, comisarías vaciadas y una comunidad convulsionada. Hoy, el caso ya no es solo materia judicial: es un cimbronazo político que deja a Ghi bajo una presión inédita. El intendente todavía no dio explicaciones públicas de fondo, pero el clima social y la fractura interna del peronismo local anticipan que ya no alcanza con comunicados. Morón exige respuestas. Y las exige al jefe comunal.
