Tragedia en Olavarría: reclamos a Wesner y Kicillof por el incendio del geriátrico
Diputados y concejales exigen respuestas a Provincia y Municipio tras la tragedia en un geriátrico que dejó dos muertes y decenas de heridos.
Política09 de enero de 2026
Pamela Orellana
El incendio en el geriátrico “La Sabiduría” de Olavarría, que provocó la muerte de dos adultas mayores y dejó decenas de personas afectadas por inhalación de humo, escaló con fuerza al plano político y puso bajo la lupa las responsabilidades concurrentes del gobierno bonaerense y del Municipio. El caso ya llegó a la Legislatura provincial y generó pedidos de informes tanto al gobernador Axel Kicillof como al intendente Maximiliano Wesner.
El diputado provincial del PRO Martín Endere presentó un requerimiento formal para que el Ejecutivo bonaerense informe sobre las condiciones de habilitación, inspección y control del establecimiento, mientras que concejales del PRO y de Juntos por Olavarría anunciaron una iniciativa similar a nivel local.
En un comunicado conjunto, expresaron su “profundo dolor” por lo ocurrido y acompañaron “con respeto y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas”, además de destacar el accionar de bomberos, personal de salud y trabajadores que intervinieron en la emergencia.
El foco en la Provincia y la Ley 14.623
Desde la Cámara de Diputados, Endere cuestionó el funcionamiento del sistema de fiscalización provincial de los geriátricos. “Estas instituciones no son inspeccionadas, no se brindan habilitaciones nuevas desde hace años y tampoco se articula con los municipios para realizar controles, cuando la Ley 14.623 impone una responsabilidad concurrente sobre el funcionamiento de estos lugares”, sostuvo el legislador.
En ese sentido, solicitó que el Ministerio de Salud informe si la Municipalidad de Olavarría realizó reportes o evaluaciones sobre el estado del hogar “La Sabiduría”, tal como establece el artículo 11 de la normativa vigente. Endere remarcó que el órgano de aplicación es la cartera sanitaria bonaerense, encargada de otorgar habilitaciones, pero aclaró que el municipio también debe fiscalizar en territorio y denunciar irregularidades.

“Cuando uno escucha la conferencia de prensa, ve como que la pelota va y viene entre la provincia y el municipio, pero lo que hay que destacar es que hay responsabilidades concurrentes”, afirmó, y agregó que “hay responsabilidades tanto de la provincia de Buenos Aires en cabeza del Ministerio de Salud, como de la municipalidad”.
El reclamo al Municipio y las explicaciones oficiales
En paralelo, los bloques opositores en el Concejo Deliberante local reclamaron explicaciones al intendente Wesner sobre la situación administrativa del geriátrico, los controles realizados y las actuaciones municipales antes y después del incendio. “Consideramos imprescindible que se esclarezcan con total transparencia las condiciones en las que funcionaba este establecimiento”, señalaron.
Desde el Ejecutivo municipal se informó que el geriátrico no estaba habilitado por la Provincia. El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, advirtió que el establecimiento no contaba con un listado general de pacientes, lo que dificultó el operativo de rescate, y afirmó que se trata de “una situación que viene de muchos años”. Además, sostuvo que “casi el 90% de los geriátricos en la provincia” se encontraría en condiciones similares debido a normativas exigentes.
Endere fue más duro al analizar ese escenario y calificó como “una lavada de manos” el argumento de que el municipio no puede actuar por falta de convenios. “Lo que ocurre en Olavarría no puede ser ajeno a la intendencia”, ironizó, y subrayó que “hay responsabilidades que son inescindibles”.
Las víctimas, las autopsias y la investigación en curso
El incendio se desató el lunes pasadas las 21.30 en el geriátrico ubicado en 25 de Mayo y 110, en el barrio Isaura. Las víctimas fatales fueron Delia García, de 96 años, y Estela María Tachella, de 83. Según el informe oficial, ambas fallecieron por asfixia por exposición al humo y gases de combustión.
Actualmente, 10 personas permanecen internadas en distintos centros de salud de la ciudad, mientras que 32 ya recibieron el alta médica. La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de una tragedia que reabrió un debate incómodo sobre controles, omisiones y el rol del Estado en el cuidado de las personas mayores.

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